El juez investigará el accidente del Alvia durante un año más como máximo

La investigación judicial del descarrilamiento del Alvia que mató en julio de 2013 a 80 personas en Santiago se prolongará durante un año más como máximo. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, ha declarado compleja la causa tras la petición de la fiscalía y después de que la Audiencia de A Coruña le haya ordenado proseguir las pesquisas. El juez había cerrado la instrucción el pasado mayo, una decisión que ha sido revocada.

En un auto del pasado 6 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor determina que la instrucción contará con un plazo superior al general de seis meses que fija la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Serán 18 meses a contar desde el pasado 6 de diciembre de 2015, por lo que el proceso se prolongará como máximo hasta el 6 de junio de 2017. El único imputado en la causa del accidente es de momento el maquinista, pero la Audiencia, en la resolución que ordena la reapertura de la instrucción observa indicios de que Adif -el administrador de infraestructuras ferroviarias, dependiente del Ministerio de Fomento- no realizó la obligatoria evaluación de riesgos en la curva de Angrois, donde descarriló el tren.

En el ámbito político, el PP ha vuelto a bloquear este miércoles en el Parlamento gallego la creación de un comisión de investigación del accidente, una proposición apoyada por BNG y AGE y sobre la que el PSdeG-PSOE se ha abstenido por no verle “utilidad real”. Ana Pontón (BNG) y Antón Sánchez (AGE) han acusado a ambos partidos estatales de tratar de imponer una "losa de silencio" sobre el siniestro y de intentar "correr un manto oscuro" para "esconder responsabilidades políticas".

Por su parte, la comisión de peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite dos denuncias presentadas por la plataforma de víctimas del accidente del Alvia en las que acusan al Estado español de incumplir la normativa de seguridad ferroviaria y de cometer un presunto delito de publicidad engañosa. Pendiente sigue otra reclamación de los afectados por el descarrilamiento a las autoridades comunitarias: que hagan público el informe que la Agencia Ferroviaria Europea sobre las causas del siniestro.

Tras reunirse este miércoles con el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, una portavoz de las víctimas ha celebrado la admisión a trámite de las denuncias: "Que acepten a trámite que España ha incurrido en publicidad engañosa y que España no lleva todas las normas de seguridad que estima la Unión Europea es una gran noticia", ha enfatizado la representante de los heridos y familiares de fallecidos en el siniestro. Los afectados se muestran convencidos que investigar estas cuestiones es la única forma de asegurar un sistema ferroviario “de calidad” en España. "Para que lo que nos ha pasado a nosotros no vuelva a suceder nunca más", ha sentenciado.