El plan de residuos de Bildu ocasiona un “gravísimo quebranto económico”
Las Juntas Generales pedirán al fiscal que estudie si hay “responsables penales”
El plan de gestión de residuos que el Gobierno foral de Bildu y el Consorcio de Residuos (GHK) han aplicado a lo largo de esta legislatura “ha supuesto un gravísimo quebranto económico” y genera “una enorme incertidumbre medioambiental”. La paralización de las infraestructuras previstas, entre otras la incineradora de Zubieta, adoptada de forma “unilateral” por la coalición abertzale, supone un “gravísimo daño en el medio y largo plazo” y un “grave perjuicio” para la población. Así consta en las conclusiones que las Juntas Generales elevarán este viernes a definitivas tras culminar los trabajos de la Comisión de Estudio que ha analizado, durante casi un año, “la evolución financiera y las soluciones técnicas” adoptadas por GHK.
El informe final de la comisión, que saldrá adelante con el apoyo de la oposición (PNV, PSE y PP) y el rechazo de Bildu y Aralar, será remitido por la Cámara foral a la Fiscalía del País Vasco por si de las decisiones adoptadas en materia de residuos “pudieran derivarse actuaciones penales y judiciales para los responsables de la gestión de GHK y la Diputación”.
Las conclusiones
La Diputación y GHK “incumplen” la norma foral que regula el plan de residuos al aplicar otro alternativo que no ha sido refrendado por las Juntas.
El plan del Gobierno foral “no da solución técnica, ambiental ni económica” a la gestión integral de residuos. Se aplica “de forma unilateral, improvisada, sin consenso”.
No hay informes técnicos que avalan la paralización de la incineradora. Supondrá un coste de 120.000 millones para GHK.
“Existe el temor de que las tasas de la basura vigentes sirven para pagar las indemnizaciones por la mala gestión”.
El informe arremete contra el proyecto de transformar una antigua cantera de Zestoa en “un vertedero de balas inertizadas” porque albergará “residuos con mucha materia orgánica que emite gases, dioxinas, furanos y otras sustancias”.
Además, durante la próxima legislatura se creará una comisión de investigación que deberá resolver si existen responsabilidades políticas en la gestión de las basuras. Los resultados de la Comisión de Estudio se entregarán, asimismo, a la Comisión Europea para que valore si las actuaciones de Bildu en GHK y la Diputación “contravienen los principios, recomendaciones o actuaciones que marca el ordenamiento comunitario” en materia medioambiental.
Si el borrador del informe que aprobó la comisión a finales de enero pasado ya era muy crítico con las decisiones adoptadas por Bildu, las enmiendas que PNV, PSE y PP registraron este jueves conjuntamente lo convierten en demoledor. Estos partidos consideran, según figura en una de las correcciones que han pactado, que la paralización de la incineradora y el centro de residuos de Zubieta “puede tener consecuencias solo económicas de más de 120 milones para las arcas de GHK, como obra en sus informes”.
La oposición incluye en el informe final que la planta de combustión, cuyas obras fueron paralizadas por Bildu, “no tiene incidencia negativa en la salud de la población”, pues este tipo de instalaciones “tiene menos peligro de generar dioxinas que la proximidad a una carretera convencional”.
El documento de conclusiones critica la “imposición de implantar masivamente” el puerta a puerta en Gipuzkoa, y constata que la mayor parte de la materia orgánica recogida “tiene que ser exportada fuera” porque Gipuzkoa “no cuenta con las infraestructuras adecuadas para su tratamiento”.
Bildu y Aralar han registrado una enmienda a la totalidad contra las conclusiones del informe, por estar “redactadas de antemano” por una Comisión de Estudio cuyo principal objetivo era “pagar la campaña electoral de la oposición”. Los abertzales defienden la decisión de paralizar las obras de la incineradora por tratarse de una infraestructura “sobredimensionada”, cuyo costo de 500 millones ha sido sustituido por un plan que costará la mitad.
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