El plan de la Xunta para As Fragas do Eume suscita un rechazo total

La regulación ambiental que demanda el parque natural de As Fragas do Eume, pendiente desde 1997, camina a trompicones en la primera fase de su tramitación y no contenta más que a la Administración que la redactó. Disgusta a los regidores de los cinco municipios que le sirven de frontera y que echan en falta compensaciones económicas similares a las de otros espacios naturales; no contenta a los ecologistas, porque lo consideran un mero “corta y pega” de otras normativas e “insuficiente” en personal y medios para preservar la joya verde “ya excesivamente enfocada al turismo”, y molesta, muy especialmente, a los más de 2.000 vecinos propietarios del 80% de la superficie de As Fragas, que se consideran víctimas de un “expolio”.

 “Esto es como una expropiación pero sin dinero, encubierta. Nos limitan tanto en el uso de nuestra tierra que no puedes hacer nada. Pierdes los cuartos de la madera y, a la mínima, te multan”, se queja Manuel Díaz, al frente de Unión de la Propiedad para la Defensa de As Fragas. Agrupa a unos 800 socios y es una de las dos entidades —la otra es Parque Natural del Eume, Naturaleza y Desarrollo— que reúne a los vecinos con terrenos en la zona de protección. El parque natural de As Fragas arrancó con mal pie desde el mismo día de su declaración, el 30 de julio de 1997, entre las agitadas protestas de los propietarios que se oponían a la creación de una reserva ambiental “impuesta”, lamenta Díaz, sin negociación ni compensación alguna.

Ahora la Xunta vuelve a empujar en solitario el Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX) que la ley exige pero sin apoyos ni consenso. El DOG publicó el pasado martes el inicio del plazo de exposición pública del borrador, al que le espera una avalancha de alegaciones. Han sido prácticamente dos décadas de gestación para un documento preliminar de 158 páginas que los propietarios critican porque suprime la opción de compensarles por los terrenos, que entienden que les han sido expropiados. “En los anteriores, aún lo dejaban caer. En este último, ya no aparece esa opción”, dice Ángeles Pita, presidenta de Naturaleza y Desarrollo. Los vecinos coinciden en que el parque estaba mejor cuidado hace dos décadas que hoy, pese a la protección ambiental. “A uno le metieron una multa de 8.000 euros por un pastizal y no sé qué de un camino, y así no se puede hacer nada”, se quejan los propietarios.

La urgencia de preservar el hermoso cañón del Eume, en su descenso hacia la ría de Ares, es el único punto en el que coinciden la Xunta, los alcaldes de los cinco municipios con los que linda este espacio protegido —As Pontes, A Capela, Monfero, Cabanas y Pontedeume— los ecologistas representados en la Junta Consultiva del parque y los propietarios. En lo demás, todo son diferencias. El primer gran tropiezo del esperado plan fue el desplante que los vecinos, la Federación Ecoloxista Galega y los alcaldes de A Capela, As Pontes y Monfero —socialistas los dos primeros e independiente el otro— dieron a la directora general de Conservación da Natureza, Verónica Tellado, en la única reunión que iban a mantener, el pasado 22 de enero, como preludio a su tramitación administrativa y de la que salieron casi todos al poco de empezar evidenciando que al documento le faltan apoyos en todos los flancos. Solo permanecieron dentro los regidores de Cabanas y Pontedeume, ambos del PP.

Mónica Arto, de Verdegaia, la representante de los ecologistas en la Junta de As Fragas junto a otros 29 vocales, se queja de la ineficacia de este órgano “que de consultivo tiene poco”. “La Xunta excluye a los propietarios que nunca han tenido el peso que deberían. El parque no va a funcionar si no los implican”, advierte. Recuerda que los dueños han dejado de ingresar lo que sacaban vendiendo la madera rápida —eucalipto y pino, básicamente— y no se embolsan las compensaciones que esperaban por reforestar con especies autóctonas. “Son familias que están perdiendo renta y que no ven las ventajas de que sus tierras pertenezcan al parque”, señala Arto.

A los colectivos ecologistas les crispa que la Xunta no aporte la documentación cartográfica que necesitan para un análisis riguroso de la zonificación del parque y tachan de “escandaloso” que el borrador del plan abra la puerta al vertido de lodos de depuradoras urbanas como sustrato de abono en las zonas de protección. Alertan, además, contra el perfil excesivamente comercial de un espacio natural con unos “accesos caóticos” y cuyo “gran potencial turístico” es precisamente uno de los ejes que destaca la Consellería de Medio Ambiente antes de matizar que esa línea tiene que ser “sostenible y compatible” con la conservación.

Los regidores de As Pontes, A Capela y Monfero han iniciado rondas de contactos con los propietarios para ir de la mano con una batería de alegaciones. Todos se han citado para coordinar su ofensiva en una asamblea el próximo domingo en el municipio de A Capela.