Los Pujol confían en que regularizar su fortuna les blinde en los tribunales

Los abogados de la familia Pujol presentaron a última hora de la tarde de ayer una denuncia ante la justicia andorrana contra el autor de la revelación del secreto bancario que dio pie a que aflorara el fraude fiscal confesado por el expresidente de la Generalitat. Su defensa espera que la esposa y los hijos de este queden blindados penalmente tras la regularización de su fortuna ante Hacienda. La denuncia de ayer no está dirigida contra los bancos donde los Pujol tenían el dinero, sino contra la persona desconocida que habría cometido ese delito, penado específicamente en Andorra.

Además, los letrados intentan frenar las comisiones rogatorias impulsadas por dos jueces españoles contra las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola. Sostienen que el fraude se destapó a raíz de un delito cometido por un ciudadano andorrano, que podría haber sido empleado de Andbank. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha autorizado una rogatoria. También lo ha hecho el titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, que sigue la querella de Manos Limpias contra los Pujol. Este último magistrado ha dado su visto bueno a la comisión en Suiza y en Andorra, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Los siete hijos y Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, regularizaron la fortuna oculta en el extranjero el mismo día —el 25 de julio— que el expresident confesó a través de una carta que su familia había depositado hace 34 años una herencia —más de cuatro millones de euros— y afirmó que no había encontrado el momento de regularizarla. La confesión provocó una conmoción política. Convergència invitó al expresidente a renunciar a los privilegios de que gozaba en función del cargo que ostentó durante 23 años.

Fuentes cercanas a la defensa confían en que con la regularización de ese capital la mayoría de los hijos no tengan que responder penalmente sobre los hechos, porque se han anticipado a que hubiera una causa en un juzgado. Caso distinto es el de Jordi Pujol Ferrusola, el único imputado, que declarará en la Audiencia Nacional el 15 de septiembre. En la carta en la que confesó el fraude, Pujol aseguró que el capital procedía de una herencia que recibió en 1980, tras la muerte de su padre, Florenci Pujol.

La estrategia de la defensa, que pactó la familia en una reunión en La Tour de Carol, se basará en dos patas: primero, en exonerar penalmente a los hijos que han regularizado la herencia y en evitar que se realice una auditoría pública sobre el patrimonio de cada uno de ellos. En ese sentido, apelarán a que el Tribunal Constitucional deplora lo que denomina inquisitio generalis —causa general— de los ciudadanos. Las mismas fuentes alegan que los informes de la Unidad de Delitos Económicos Fiscales (UDEF) de la policía recogen hechos que no son delictivos. Por ejemplo, citan el caso de Oleguer Pujol Ferrusola, a quien se atribuye la compra de un hotel o de 1.200 oficinas del Banco de Santander, cuando esas operaciones las realizó, dicen, como empleado de un fondo de gestión. O el caso de Jordi Pujol Ferrusola, a quien se le imputan actuaciones en el periodo 2004-2010, cuando CiU ya no estaba en el poder, o en Hospitalet (Barcelona) con alcalde del PSC.

La decisión de los Pujol de obstruir la acción de las comisiones rogatorias contrasta con las declaraciones del expresident, que se puso a disposición de todas las instancias jurídicas o tributarias. Los partidos de la oposición no tardaron en reaccionar. “Es una decisión lamentable, indecente e inaceptable”, censuró Joan Herrera, coordinador de Iniciativa, que acusó a los Pujol de “obstruccionistas”.

El intento de inutilizar pruebas del fraude de la familia del expresident es, para Herrera, una muestra de que no quieren poner luz, sino “sombras”. Por ello, invitó a Artur Mas a personarse como acusación para salvaguardar el “buen nombre” de la Generalitat. Carina Mejías, portavoz de Ciutadans, tachó la actuación de los Pujol de “desvergüenza”. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, lamentó que tras el discurso de que “España roba a Cataluña”, resulta que quien presuntamente ha estado expoliando ha sido “una familia tan significativa” como la de Jordi Pujol. Merce Conesa, portavoz de Convergència, afirmó que aceptarían que Pujol se diera de baja en el partido.