Las empresas pagan 13 millones del canon del agua para mejorar cauces
El Gobierno mantiene en pausa el cobro a las familias y lo limita a compañías
Euskadi ha recaudado 13,26 millones de euros entre 2009 y 2013 por el concepto del canon del agua, el impuesto ecológico que grava a las empresas para que el consumo de agua por parte de las compañías revierta de algún modo en los cauces de los ríos de la comunidad autónoma.
La herramienta, recogida en la Ley vasca de Aguas de 2006 y en un decreto de 2008, está en marcha desde Cataluña a Costa Rica y los gestores autonómicos la consideran, cinco años después de su aplicación en Euskadi, algo positivo no solo por los ingresos adicionales, sino porque ha permitido un “mayor control y que se regularicen muchas concesiones de agua”. El sistema se aplica hoy en día en la industria y tiene un coste de seis céntimos por cada mil litros. El dinero se ha reinvertido en decenas de obras cada año, la mayoría de ellas destinadas al mantenimiento de los cauces de los ríos, con tareas centradas en aportar valor ecológico a zonas que puedan estar degradadas o que tengan especies invasoras. También se están realizando obras para eliminar obstáculos en los cauces y asegurar así la capacidad hidráulica de estos.
Raxos X al primer sector
El canon del agua se aplica a la industria, pero en el caso de la agricultura, el Gobierno ha hecho caso a una petición del sector, la de frenar la implantación de este gravamen para realizar una reflexión. El primer sector reclamaba que, además de la bonificación del 95% recogida en el decreto, se estableciera para ellos un límite a partir del cual se empezaría a pagar, como en el caso del canon para los hogares, que en la normativa aún no aplicada fija para aquellos hogares en los que se gaste más de 130 litros por persona y día.
El Gobierno ha realizado un análisis sobre las zonas de explotaciones agrarias, el tipo de cultivo y los niveles de precipitaciones de la zona para establecer a partir de qué consumo sería preciso cobrar el canon del agua en cada zona y en cada tipo de cultivo. Es una especie de radiografía a las explotaciones agrarias para tratar de poner en marcha el canon de la manera más justa posible. El análisis ha finalizado pero aún no se ha empezado el diálogo con el sector. De media, las explotaciones agrarias consumen 2.500 metros cúbicos de agua, una cantidad que varía en función de múltiples factores.
Desde Ura, la Agencia vasca del Agua, explican que aún quedan cantidades por cobrar de los ejercicios 2012 y 2013 —solo consta un expediente sancionador por impagos, pero los plazos de pago son amplios— y reconocen que, con la crisis en la industria, al igual que ocurre con la energía, también hay una reducción en los consumos de agua y, por consiguiente, la habrá en la recaudación por el canon. Este gravamen cuenta con bonificaciones del 70% para quienes apliquen medidas de gestión ambiental.
Las cifras de consumo de agua en los hogares, que se mantienen en descenso, hacen que por el momento no se haya puesto en práctica una de las medidas que está recogida en la normativa en vigor: la de cobrar el canon del agua también a las familias, algo que sí ocurre en otros lugares como la comunidad catalana. Los consumos de los hogares suponen el 72% del total, mientras que la industria abarca el 14,5% y el regadío otro 14%. Cuando el canon se puso en marcha, el consumo en los hogares estaba en torno a los 124 litros por persona y día, una de las proporciones más reducidas de España. La normativa fija que el cobro se realice a partir de los 130 litros. Desde entonces, el consumo de agua en los hogares se ha reducido, valoran desde Ura, fruto de una mayor concienciación de la ciudadanía.
Por el momento no se ha puesto en marcha ni, por lo que indican los responsables de la Administración, está en debate. Las reservas sobre la extensión del canon son muchas, tanto por la situación económica que viven hoy en día las familias como por la complejidad que supone el cobro y el control de cada uno de los hogares vascos. La reflexión es muy similar a la que hacen las administraciones sobre cuestiones como los copagos, porque en ocasiones la implantación de la medida supone más recursos que la propia recaudación que se obtiene. En este caso, sería preciso controlar los contadores de cada vivienda, realizar cruces con el padrón o tener en cuenta las segundas viviendas. Esto precisaría, apuntan desde Ura, nuevas normativas.
