El alcalde de Parla dice que los sobrecostes del tranvía son de “imprevistos”

El alcalde de Parla, José María Fraile, ha negado la existencia de irregularidades en las obras del tranvía y ha defendido la honradez y transparencia del actual Ejecutivo local y de los anteriores con respecto a esta infraestructura. El socialista ha asegura que los 40 millones de euros en los que se sobrepasó el presupuesto inicial no fueron de sobrecostes, sino de "imprevistos". 

Fraile se ha manifestado así tras publicar el diario El País que la fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que hay indicios de que se han podido cometer "infracciones penales" en la inversión en el tranvía de de la localidad y entiende que debe remitirse toda la documentación a la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid para su "persecución penal".

En un comunicado, Fraile ha asegurado que la Abogacía del Estado y el fiscal Tribunal de Cuentas indicaron al Ayuntamiento en 2013 que desistían de investigar el pago de facturas del tranvía a través del Plan de pago a proveedores de 2010, y que todas ellas recibieron el visto bueno "sin ningún reparo" del Ministerio de Economía y Hacienda. El alcalde ha subrayado que el proyecto del tranvía es "impecable" y ha criticado que se trate de vincular a Parla con lo que ha ocurrido en otros municipios gobernados por el PP y salpicados de forma directa por la trama Gürtel.

A raíz de esta información, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, junto a otras voces del PP, ha exigido hoy a Tomás Gómez que explique a los ciudadanos el "agujero económico" que dejó en esta localidad por las obras del tranvía y ha considerado que el secretario general del PSM es un "peligro para el mantenimiento de los servicios públicos". Ha opinado que los ciudadanos de Parla merecen que se les explique cómo es posible que la obra del tranvía generara una desviación de más de 39 millones de euros.

Henríquez de Luna ha indicado que, si Gómez no da explicaciones, el PP se plantea la posibilidad de solicitar la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que determine si hubo o no irregularidades en la puesta en marcha de ese servicio.