La maldición de los Carpetovetones

Es leyenda que Jacques de Molay, el último Maestre Templario, maldijo desde la hoguera a la Familia Capeto y auguró su pronta desaparición. Con el rey Carlos IV terminó esa dinastía en 1328, catorce años después de la Maldición de los Capetos.

 Próximamente, la Comisión Europea puede mandar a la hoguera a los inversores que participaron en las estructuras de tax lease para la construcción de buques en España porque han distorsionado la competencia recibiendo ayudas de estado ilegales que tienen que devolver. Los astilleros morirán a garrote vil, si tienen que hacer frente a las cláusulas de indemnización pactadas en los contratos, o ahorcados por la ausencia de inversores ya que sin ellos no hay sector industrial de importancia que pueda sobrevivir.

Uno de los argumentos que se utiliza para exigir el retorno de ayudas radica en el hecho de que a Francia se le inició expediente en 2005 y, por tanto, España tendría que haber suspendido la aplicación de su propio sistema desde ese mismo momento por las similitudes entre ambos esquemas. Amparándose en tal interpretación, la Dirección General de Competencia sostiene que los beneficios generados por el sistema de tax lease en las construcciones de buques en España (2005/2011) se consideran ayudas de estado ilegales y hay que devolverlas. En el expediente francés finalizado en 2007, valieron los principios de seguridad jurídica y confianza legítima para eximir del pago a los beneficiarios. En el expediente contra España, tales principios no se consideran aplicables durante el periodo antes citado.

Siguiendo la argumentación de la Comisión, ¿qué nos podemos encontrar en el futuro?

A principios de este año, España ha denunciado el sistema holandés. Imaginemos que la Comisión encuentra suficientes motivos para iniciar la correspondiente investigación y termina condenando las prácticas holandesas en 2015. Si se aplica la tesis de la devolución ab initio por la similitud de sistemas contrarios al derecho de la competencia, las empresas que hubieran participado en el sistema holandés tendrían que devolver sus beneficios desde 2011 si se encuentran similitudes con el sistema español o desde 2005 si hay semejanza con el francés. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar…

Sigamos. Imaginemos que Inglaterra denuncia a Alemania en 2016 porque aplica ciertos beneficios similares al esquema holandés (recordemos, el denunciado por España en 2013) y años después se determina que el sistema alemán también es ilegal y es obligatoria la devolución de ayudas. ¿Desde cuándo? ¿Desde 2013 cuando se inició la investigación a Holanda a instancias de España? ¿Desde 2011 si se encuentran similitudes con el sistema español? ¿O desde 2005 si las semejanzas son con el francés? ¿Alguien se puede creer tamaño disparate?

"¡Esto es la guerra!”, adivinará Groucho Marx desde su tumba ratificando que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico erróneo y aplicar los remedios equivocados.

No quisiera que España hiciera de Jacques de Molay y tuviera que morir maldiciendo a base de denuncias al resto de Capetos que son nuestros socios en la Unión Europea. No puede ser así. Está en juego la confianza de los ciudadanos en las administraciones. No creo en la ortodoxia y pulcritud absolutas, del norte o del sur. Si la decisión sólo atiende a los principios —muy vidriosos en este asunto— del derecho de la competencia, el daño será irreversible para la industria y para la relación entre Estados socios.

¿Se hace tan difícil encontrar un punto de encuentro entre todas las partes involucradas y evitar una guerra estúpida de la que sólo se beneficiarán países que no forman parte de la Unión Europea?

Gonzalo Alvar Ezquerra es Socio de QVADRIGAS Abogados y Especialista en contratos de construcción naval