Jaque fallido contra Comisiones Obreras

Cuatro décadas atrás, el sindicalismo clandestino sufrió en un entonces pueblecito del oeste madrileño uno de los golpes más duros de su historia: la detención de sus diez principales líderes. Año y medio después, un histórico 20 de diciembre de 1973, serían condenados por el Tribunal de Orden Público a 162 años de prisión con penas de hasta 20 años y un día, sin precedentes en Europa para dirigentes obreros. El sindicato Comisiones Obreras ha recordado aquel episodio con cuatro de sus diez protagonistas, precisamente sobre el mismo escenario donde sucedieron los hechos pero, en esta ocasión, con un régimen de libertades de reunión, asociación, manifestación e imprenta por el que aquellos luchadores pugnaron con tesón y éxito. Tres de los 10 detenidos entonces han muerto: Marcelino Camacho, Juan Muñiz Zapico y José Luis Fernández Costilla.

Pozuelo de Alarcón, era entonces sólo una pequeña localidad de la periferia madrileña; en aquellas fechas de junio, se aprestaba a recibir a los primeros veraneantes procedentes de Madrid. Allí acostumbraban pasar los meses estivales familias que poseían o alquilaban casitas o chalés, como los que jalonaban las inmediaciones de la calle de Eustaquio Soler.

En los aledaños de aquella tranquila calle, en un edificio de ladrillo vallado por una cerca de más de dos metros, tenían un convento los Oblatos, una congregación religiosa misionera. Allí se celebraban algunos ejercicios espirituales como los que dirigía el sacerdote jesuita Carlos Giner, director de la revista progresista Mundo Social. El jesuita le había pedido días atrás a Marcelino Camacho, obrero fresador de la Perkins-Hispania y dirigente reiteradamente represaliado de las entonces clandestinas Comisiones Obreras, un artículo sobre el sindicalismo, cuyas actividades estaban a la sazón fuertemente perseguidas por la policía política del régimen franquista, la temible Brigada Político Social.

Fresador, sacerdote, periodista

Al convento de los Oblatos había acudido Marcelino Camacho, soriano de 55 años, aquella mañana de San Juan de 1972. Viajaba junto al cura obrero de la construcción, el aragonés Francisco García Salve, de 43 años, a quien llamaban Paco el Cura y con el periodista y abogado donostiarra Nicolás Sartorius, de 35 años. Camacho llevaba apenas 105 días en libertad, tras salir de uno de los numerosos encarcelamientos sufridos por su militancia sindical como representante de sus compañeros. Con ellos asistía a una reunión de la Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras. La reunión, clandestina, cuidadosamente preparada, iba a celebrarse en el interior del tranquilo convento. Otros representantes sindicales de toda España acudirían a la importante cita procedentes de Andalucía, Asturias, Cataluña y el País Vasco.

Sin embargo, los sindicalistas procedentes de Barcelona habían detectado ya seguimientos policiales, que se encargaron de comunicar velozmente a los enlaces que habían acudido a la estación de ferrocarril a recogerles, para llevarles hasta Pozuelo de Alarcón. Marcelino Camacho, Nicolas Sartorius y Paco el Cura llevaban desde tiempo atrás sospechando de un supuesto sindicalista, de nombre Diego Marcos Cruz, que no estaba invitado a la reunión estatal pero sí sabía la fecha en que iba a celebrarse aquel encuentro. Tras las alertas de los sindicalistas catalanes, que se confirmaron a las 12.30 de aquella mañana, Camacho decidió suspender la reunión, pese a que buena parte de sus asistentes ya se hallaba dentro del recinto conventual. Una pequeña discusión sobre un problema logístico presupuestario retuvo a los reunidos en el centro religioso y, cuando ya se aprestaban a salir, Camacho y Sartorius fueron abordados en una escalera por policías de paisano que, entre gritos de ¡Policía, Policía! les empujaron furiosamente peldaños abajo. Conducidos a un garaje, se encontraron allí esposado y sangrando por la nariz, tumbado en el suelo, al cura Francisco García Salve que se había resistido a la detención y fue brutalmente golpeado hasta su reducción. También el andaluz Fernando Soto fue tumbado al suelo abatido por tres policías.

"Portaban metralletas"

"Portaban metralletas", recuerda Eduardo Saborido, trabajador sevillano de Hispano Aviación. El convento se llenó de sociales, guardias civiles y miembros de la policía armada: todos los sacerdotes del convento fueron violentamente congregados en un patio, entre quejas por la brutalidad que les fue aplicada; mientras, en varios vehículos Land Rover, diez dirigentes sindicales de toda España quedaron retenidos en su interior hasta que el convoy policial se puso en marcha hacia las cuatro de la tarde. La plana mayor de la Brigada Político-Social acudió al "festín represivo", del cual comenzaba a alardear Al poco, los trabajadores detenidos fueron conducidos a la Dirección General de Seguridad -sede hoy del Gobierno regional en la Puerta del Sol- donde serían interrogados por Saturnino Yague, jefe de la Social y sus adjuntos Delso y González Pacheco, alias Billy el Niño. Poco después les fueron requisados relojes y cinturones para entregarles una manta a cada uno de ellos, que fueron encerrados en celdas sin ventanas del sótano. Antes de ser apresados, se habían puesto de acuerdo en decir la verdad: “la reunión no se ha celebrado”, dijeron muchos de ellos. Otros enunciaron coartadas tan singulares como la del sevillano Fernando Soto, chapista de Hispano Aviación, que invocó el nombre del sacerdote franquista Venancio Marcos, a quien dijo venir a visitar a Madrid para pedirle trabajo.

De nada les sirvió: tres días después serían todos ellos procesados y posteriormente condenados en total a 162 años de prisión, con condenas de entre 20 años y un día para Marcelino Camacho y Eduardo Saborido, al que le sumaron 6 meses más por utilizar un DNI falso, hasta los 19 años y un día para Nicolás Sartorius y el Cura Paco; los 17 y 12 años para el resto de los asistentes.

Tanto Eduardo Saborido, como el andaluz Fernando Soto, el vasco Pedro Santisteban, entonces de 29 años, y Francisco Acosta, de 28 años, han evocado en Pozuelo de Alarcón aquella detención masiva de dirigentes obreros, preludio del llamado "Proceso 1001". Las dimensiones de las condenas rabiosamente pedidas por los jueces fascistas el 20 de diciembre de 1973, generó una movilización interna e internacional de dimensiones sorprendentes. Sus ecos llegaron hasta Hollywood, donde hasta Marlon Brando se ofreció en un principio a asistir al juicio, considerado ya por los historiadores como la expresión suprema de la arbitrariedad judicial más flagrante perpetrada por el franquismo contra la libertad sindical y contra cualquier atisbo de organización libre de los trabajadores españoles.

Solo la muerte de Franco y la llegada de la democracia pudo detener aquella muestra suprema de barbarie judicial contra quienes se propusieron defender sindicalmente los derechos de los trabajadores. Poco tiempo después el súbito enriquecimiento del supuesto sindicalista Diego Marcos Cruz, que montó un establecimiento de cabaré, permitió confirmar que era un topo de la policía secreta franquista. Para perpetrar su delación se había introducido en una familia de izquierdas que, tras lo ocurrido, quedó destrozada y desunida para siempre.

Valor, tenacidad e inteligencia

Ante Josefina, esposa de Marcelino Camacho, Vicenta, hermana de aquel, Marcel y Yenia, hijos del líder de Comisiones Obreras y Paloma Adrados, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Jaime Cedrún, Secretario general de CCOO Madrid, evocó "el valor, la inteligencia y la tenacidad de Camacho y sus compañeros", virtudes que reclamó para afrontar los retos que encaran hoy los trabajadores; su antecesor, Javier López, mentó la frase de Paul Eluard "si el eco de su voz se debilita, pereceremos"; Francisco Naranjo, vicepresidente de la Fundación Abogados de Atocha, recordó el sacrificio heroico de los letrados asesinados en Atocha 55, y Paloma López, en nombre de la Confederación de Comisiones Obreras, citando a Luis García Montero, señaló que "el olvido es una forma drástica de falsificación de la historia".

Cerró las intervenciones Eduardo Saborido quien calificó al régimen franquista de liberticida y subrayó que "el primer decreto del general fascista Queipo de Llano fue la supresión del derecho de huelga". Más delante dijo que el franquismo creó "una profunda fosa de división entre los españoles, que sólo actitudes hacia la reconciliación nacional, como la seguida por las Comisiones Obreras, fueron capaces de cerrar". Saborido concluyó que, hoy como entonces, "necesitamos mucha fuerza, mucha rabia y mucho cariño para proseguir la lucha por la defensa de los trabajadores".

Proceso 1001. Tiempos de clandestinidad. Espacio cultural Volturno. Volturno, 2. Pozuelo de Alarcón. Hasta el 28 de junio.