La fiscal rechaza que los cuestionarios a transexuales en Málaga sean vejatorios
El ministerio público archiva la denuncia y avala la práctica en el Carlos Haya
La fiscal delegada de Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, no cree que la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género (UTIG) del Hospital Carlos Haya de Málaga esté vulnerando derechos fundamentales de los pacientes, como denunció la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA). De Torres ha archivado la denuncia presentada por ATA, que considera “vejatorias” algunas de las preguntas a las que son sometidos los pacientes para evaluar si son candidatos aptos a recibir tratamiento hormonal y quirúrgico en esta unidad.
El colectivo transexual lleva años quejándose de que los test de evaluación que hacen los pacientes cuando acuden por primera vez a la UTIG del Carlos Haya incluyen preguntas íntimas que, en su opinión, tienen poco que ver con la identidad de género de los usuarios. Entre los ejemplos aportados por ATA a la fiscalía hay cuestiones sobre las relaciones de pareja, las preferencias sexuales e, incluso, las prácticas sexuales de los padres.
La fiscal admitió a trámite la denuncia en noviembre al considerar que las quejas de los transexuales tenían “amparo legal” en el artículo 14 de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que prohíbe la discriminación por razón de sexo, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sin embargo, tras escuchar las explicaciones de los responsables de la unidad, De Torres concluye que no hay delito. “Si bien a priori y tras una primera lectura efectivamente algunas cuestiones planteadas a nivel individual pudieran interferir derechos individualmente recogidos en nuestra Carta Magna (Constitución Española de 1978, en su título preliminar) no lo es menos que los protocolos e ítems de actuaciones lo son a nivel mundial”, afirma la fiscal, que admite que la evaluación que hacen los psicólogos de la UTIG está dentro de la práctica médica “adecuada y reconocida internacionalmente”.
La fiscal señala también que la unidad no tiene competencias para “modificar, suprimir, alterar o cambiar el sentido del cuestionario” y que estos cambios incidirían en un “resultado erróneo” en la evaluación. Sin embargo, De Torres hace una llamada de atención a la Consejería de Salud y a los responsables de la unidad a los que insta a buscar “protocolos actualizados o la pertenencia a foros activos científicos de discusión” en los que se incida en “la nula afrenta y el respeto íntegro” a los derechos fundamentales de los pacientes que son sometidos a los cuestionarios de evaluación. “La búsqueda de realidad de derechos e individuos a los que se aplican y la realidad científica no pueden darse la espalda, sino seguir caminos integrados y de constante diálogo”, señala la fiscal.
De Torres considera “indiscutible” la profesionalidad y el criterio científico de los profesionales de la UTIG, pero advierte de que su trabajo debería integrarse “en la evolución legislativa y la demanda social” de la realidad andaluza, sobre todo teniendo en cuenta que el Parlamento autonómico está empezando a tramitar la propuesta de ley integral de Transexualidad presentada por el grupo parlamentario de Izquierda Unidad. “En el convencimiento de que las vías de diálogo y de visibilidad son el mejor cauce de entendimiento en un colectivo al que la sociedad y por supuesto la fiscalía debe de proporcionarle los cauces de voz, diálogo y simetría en la reivindicación de los derechos que consideran conculcados al colectivo de Transexuales de Andalucía”, afirma De Torres, que considera que esta especial vigilancia a favor de las personas transexuales es “un débito social y jurídico”. “El Ministerio Fiscal se siente especialmente implicado y, en concreto, la Fiscalía Superior de Andalucía, que tiene la obligación legal de garantizar los derechos de las personas o colectivos que sienten por un motivo u otro afrentado su derecho a la igualdad”, asegura la fiscal.
PSOE e Izquierda Unida intentan desbloquear la ley
La proposición de ley integral de Transexualidad se ha quedado estancada a las puertas del Consejo de Gobierno. El texto, redactado por la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) y registrado por IU, recibió a principios de febrero el visto bueno de la Mesa del Parlamento, pero la federación de izquierdas decidió retirarla después de que sus socios de coalición (PSOE) le advirtieran de que el Ejecutivo no votaría a favor de su tramitación.
Las trabas surgidas en el seno del Gobierno están relacionadas, sobre todo, con los artículos que regulan sobre aspectos sanitarios, como la atención a los transexuales menores de edad, que según el texto redactado por ATA tendrían derecho a recibir tratamiento hormonal e incluso quirúrgico con el consentimiento de sus padres.
El Ejecutivo tampoco comparte la necesidad de descentralizar la atención a los transexuales, que piden que el tratamiento psicológico u hormonal que ahora sólo se administra en la unidad del Carlos Haya de Málaga se extienda a centros de todas las provincias. El colectivo transexual argumenta que la situación actual obliga a desplazarse a Málaga para todas las consultas, pero el Ejecutivo advierte de que lo contrario sería convertir el tratamiento hormonal en una prestación sanitaria independiente de la atención a los transexuales, algo que en las circunstancias actuales no es posible.
Los grupos parlamentarios de PSOE e IU se han comprometido a negociar y redactar un nuevo texto, tomando el primero como base el elaborado por ATA, para intentar sacar adelante la ley. Las conversaciones ya han empezado, pero las posturas están todavía distantes.
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