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El fiscal pide imputar a una ex alto cargo de la Junta por malversación

Anticorrupción acusa a Esther Azorit y a un dirigente de CC OO por dos subvenciones

Javier Martín-Arroyo
Manifestación en abril de 2009 en Sevilla, cuyos gastos aportados por CC OO investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Manifestación en abril de 2009 en Sevilla, cuyos gastos aportados por CC OO investiga la Fiscalía Anticorrupción.JAVIER BARBANCHO

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de la ex directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta Esther Azorit y del secretario de Organización y Finanzas de Comisiones Obreras (CC OO) Miguel Ángel Soto, por malversación, prevaricación y un delito continuado de falsedad en documento oficial. Las investigaciones policiales analizan con lupa las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo en los últimos años, y los resultados florecen ahora con graves censuras que denuncian un descontrol del gasto público. Al caso de los ERE se le suma el fraude de 23 millones en ayudas de la Unión Europea mediante 5.870 empresas, y ahora son dos ayudas desde Empleo a CC OO que analiza Juan Gutiérrez, instructor del caso Invercaria.

La policía acudió el pasado invierno a la céntrica sede sevillana del sindicato para recabar documentos que justificaran las subvenciones. Tras remitir el sindicato el material y analizarlo la policía, ahora Anticorrupción denuncia el uso que dio el sindicato a dos subvenciones de 600.000 y 400.000 euros concedidas por Azorit, que cesó como alto cargo el 12 de junio de este año. El objetivo de las ayudas era una campaña de prevención de riesgos laborales y acciones para la mejora de las condiciones de trabajo, pero en ocasiones el gasto final fue otro. “La subvención ha sido aplicada parcialmente a la finalidad para la que se concedió”, denuncia Anticorrupción.

La fiscalización del gasto fue deficiente, según el fiscal: “Una mínima comprobación de la documentación aportada por el sindicato como justificación de la subvención (...) debiera haberse traducido en un reintegro de fondos públicos derivados, de forma provisional e indiciaria, de la no aceptación como gasto justificado de parte de las dietas percibidas por Agustina Gutiérrez”.

Los gastos asignados por 38.000 euros a las dietas de sindicalistas entre los que figuraba Agustina Gutiérrez, responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente en CC OO, fueron concedidos por Empleo para el desarrollo del programa de mejora de las condiciones de trabajo en Andalucía durante 2009. Sin embargo, el fiscal subraya que la Federación Fiteqa (Química, textiles y afines) destinó hasta 11.024 euros a las dietas, alojamientos y viajes de fin de semana de Gutiérrez entre Sevilla (donde trabaja) y Málaga (ciudad de origen de la sindicalista) en 2009, tanto en tren como en coche.

El sindicato alegó ante la fiscalía que para Gutiérrez “no existe un centro de trabajo en el sentido estricto”, sino que desarrolla su labor “en todas las instalaciones de esta federación en Andalucía y en las empresas del sector”. “Jamás he pedido una subvención a la Junta”, alegó ayer Gutiérrez. Soto rechazó pronunciarse.

La denuncia recuerda que la Ley General de Subvenciones establece que en caso de incumplir la justificación del gasto, la subvención debe ser reintegrada, intereses de demora incluidos. El fiscal considera que debe darse un reintegro mínimo de 20.383 euros en la subvención para divulgar la campaña de prevención de riesgos laborales.

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Entre los gastos justificados de CC OO, falsos según la policía, destaca el encuentro de Salud Laboral el 28 de abril de 2009 en el Palacio de Congresos de Sevilla por 33.811 euros, con 6.000 delegados. “No consta el desarrollo de actividad alguna en materia de salud laboral”, denuncian los agentes. Para sensibilizar sobre la prevención de riesgos laborales, el sindicato incluyó facturas de la “charanga Los Piratas” por 319 euros, y otra de 194 almuerzos por 2.594 euros. Para analizar cada gasto, el fiscal pide al juez que designe dos interventores.

La Fiscalía Anticorrupción ya denunció ante la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, el pago en 2005 de 36.000 euros para Gutiérrez y el cobro de cuatro pólizas de su jefe, Juan Antonio Florido, a través de la consultora Vitalia.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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