Antes de tirarse a la piscina....
En el tema de la independencia hay que actuar como en la piscina. Antes de tirarse es conveniente mirar si hay agua.
Y la decisión escocesa de convocar un referéndum para octubre de 2014 va a obligar a resolver una cuestión que resulta fundamental para tirarse o no la piscina de la independencia, escocesa o de cualquier otra parte: saber si la nueva entidad independiente seguirá automáticamente como un Estado más de la Unión o, si por el contrario, el nuevo estado se coloca fuera de la UE y debe pedir y negociar su ingreso, lo que supone un largo período de negociaciones y además necesita el voto unánime de los 27 actuales estados. No hace falta ser un experto para pronosticar, que salvo los partidarios del dogma de la indisoluble unidad nacional o los irredentos convencidos de que fuera de la independencia no hay vida posible, lo normal es que el apoyo ciudadano a una dinámica independentista dependa de la respuesta.
Hasta la iniciativa escocesa, el futuro estatus del nuevo ente independiente era un asunto que se mantenía en la penumbra. Ni los Gobiernos estatales ni los partidos nacionalistas con posibilidades de plantear la votación de independencia han querido nunca tener una respuesta clara e inequívoca sobre esa cuestión, por miedo a las consecuencias: si el nuevo ente sigue dentro de la Unión el voto independentista sería masivo en Flandes, Cataluña o Euskadi, digan lo que digan las constituciones internas de esos Estados, pero si la decisión es que se queda fuera, la credibilidad de los respectivos partidos independentistas quedaría muy afectada. Porque la gente solo salta a la piscina si hay agua. Así que Escocia va a forzar a la claridad.
El Gobierno escocés dice tener informe jurídicos basados en el Convenio de Viena que avalan la tesis de que Escocia independiente no se saldría de la UE. Por su parte, algún portavoz del Gobierno inglés ya ha emitido su opinión de que Escocia se quedaría fuera, como también lo piensa el Gobierno de Rajoy respecto a Cataluña y Euskadi. Pero, afortunadamente, la decisión final no depende de los Gobiernos sino que depende de los tribunales de la UE, únicos que pueden interpretar el contenido jurídico de los Tratados.
Así lo lógico es a lo largo del año 2013 tanto el Gobierno escocés como el británico expongan oficialmente sus tesis contrapuestas. Como consecuencia, uno de ellos, o los dos, solicitará un pronunciamiento oficial de la Comisión Europea, la cual dirá una cosa o la contraria. Frente a este decisión de Comisión, la parte discrepante la recurrirá ante los tribunales de justicia europeos, quienes terminarán fijando la solución en uno u otro sentido.
A riesgo de equivocarme me atrevo a pronosticar que el referéndum escocés se atrasará hasta que se conozca esa decisión de los tribunales europeos, porque sin ese dato tan importante no cabe decidir seriamente sobre la futura moneda de Escocia o sobre su viabilidad económica como estado, es decir si tendrá balanza de pagos equilibrada, si habrá déficit público y del sistema de pensiones etc, que son las cuestiones que los escoceses, y los vascos, necesitan saber para saber si hay agua en la piscina.
Y en paralelo a esa discusión escocesa, veremos aflorar en Euskadi, también en Cataluña, discusiones sobre nuestra balanza de pagos (actualmente exportamos un poco mas al mundo que al resto del Estado, aunque seguimos importando más del resto del estado que del mundo), sobre la parte de la deuda del Estado que debería imputarse a la hipotética nueva Euskadi independiente, sobre el futuro déficit público y del sistema de pensiones etc. Es decir, pasaríamos de hacer teología sobre la unidad española o sobre la independencia vasca a la prosaica actividad de medir el agua de la piscina.
