Populares y empresarios dan por superado el Estado del bienestar

La sociedad valenciana es una de las que más está acusando la crisis en términos de paro, parálisis de la actividad económica y quiebra de su Administración. Un contexto en el que este jueves se produjo, por partida doble, el cuestionamiento de la sostenibilidad de los servicios públicos, lo que suele llamarse Estado del bienestar. Por un lado, en las Cortes Valencianas, el diputado del PP Eduardo Ovejero replicó a las críticas de la oposición, durante el debate en comisión de una futura Carta de Derechos Sociales, que “el Estado del bienestar está en crisis”. Tras advertir que “esto no es agua para todos” o “café para todos”, el parlamentario añadió: “Digo sí a los derechos de los desfavorecidos, pero los que no son desfavorecidos, que no piensen que papá Estado siempre está detrás”.

La otra advertencia provino del alto mundo empresarial. Fue en la presentación del segundo congreso de la influyente Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), que reunirá en Valencia en noviembre a varios pesos pesados de los negocios y, salvo fuerza mayor, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Durante el turno de preguntas, el director general de APD, Enrique Sánchez de León, afirmó: “El Estado de bienestar, a corto plazo, no puede ser el mismo que hemos tenido durante muchos años. Nos tiene que entrar en la cabeza a todos: sindicatos, familias...”.

El directivo consideró que en la rivalidad entre dos modelos de entender la sociedad, el europeo —“donde el Estado podía pagarlo todo”— y el anglosajón —“en el que no todo se puede pagar”— se está imponiendo el segundo. Sánchez de León avaló la línea de recortes que están llevando a cabo las Administraciones y consideró que debe profundizarse en aquello que representa “la gran masa del gasto”. Sobre todo en las autonomías, las principales partidas son las nóminas, la financiación de la sanidad, la educación y otros servicios sociales.

El director general de ADP dijo que los ciudadanos deben acostumbrarse a no contar con “papá Estado o papá comunidad autónoma”. Y que el Gobierno hace lo que haría cualquier familia cuando los ingresos bajan: ajustar los gastos.

El PP acepta algunas enmiendas pero la izquierda califica el proyecto de “trámite”

Sánchez de León expresó dudas sobre la eficacia de medidas como la adoptada en Francia, que subirá temporalmente el impuesto sobre la renta a los más ricos hasta el 75%, porque existe la posibilidad de que los afectados abandonen el país para refugiarse en otros que valoren más “su capacidad para generar riqueza”. Y consideró que la petición de algunas de las grandes fortunas francesas de pagar más impuestos debido a la grave situación de crisis ha sido, en realidad, algo más “mediático” que compartido por el sector empresarial.

Mientras tanto, en una comisión de la Cortes Valencianas se debatía un proyecto de ley de Carta de Derechos Sociales que enfrentó más allá de lo coyuntural al PP con la oposición. Aunque los populares aceptaron algunas enmiendas en el texto que será discutido en el pleno de la Cámara autonómica, como una que introduce una referencia al derecho de los mayores a una atención gerontológica adecuada, en el debate se enfrentaron dos modelos muy alejados en la concepción del papel que ha de jugar el Estado a la hora de garantizar una vida digna a todos los ciudadanos.

“Se han olvidado de la educación y de la sanidad”, reiteraron las tres portavoces de la oposición al criticar lo que consideraron un proyecto que no aporta nada nuevo y que, además, no implica compromisos concretos del Consell en la prestación de servicios. Algo a lo que el PP respondió que se trata de un texto “abierto” que no debe interferir en lo que ya regulan otras leyes.

La diputada de Esquerra Unida Esther López señaló que “estamos en una situación de emergencia” y por ello hay que crear “un escudo social que dé respuesta a las necesidades más urgentes”. El Consell tiene la obligación, indicó, de garantizar a los ciudadanos “el acceso a la consecución de una vida digna” y se refirió a aspectos como la renta básica de ciudadanía o las ayudas a la dependencia.

“La función del Estado es subsidiaria”, sostuvo Eduardo Ovejero

Mónica Oltra, de la Coalició Compromís, señaló que la Carta de Derechos Sociales, cuya redacción ha tardado siete años, no puede limitarse a ser “una colección de buenas intenciones que quedan el cajón del olvido”. Oltra incidió en que el tratamiento de la protección de la familia obedece a una visión esquemática de la familia tal como la entiende el PP y defendió el reflejo en el proyecto de Carta de derechos Sociales de la pluralidad de modelos de familia existente en la sociedad.

La parlamentaria también consideró que hay que comprometer recursos para garantizar el cumplimiento de los derechos. “Si no pueden legislar sobre derechos sociales porque se lo han gastado todo en fandangos y saraos, no lo hagan porque es hipócrita”, dijo la diputada de Compromís, a quien respondió la popular María José García acusándola de “repetir arcaicos eslóganes de la izquierda”.

En ese terreno de enfrentamiento ideológico profundizaron la socialista Verónica López y el diputado del PP Eduardo Ovejero cuando polemizaron sobre la vigencia del Estado del bienestar. Tras asegurar que la Carta de Derechos Sociales es “un proyecto de trámite, para cumplir el expediente”, puso de relieve que el texto “no hace ni una sola mención al Estado del bienestar”. La diputada del PSPV-PSOE aludió a la renta garantizada de ciudadanía, que no cumple su función cuando no obliga a la Administración, como es el caso valenciano, y a la falta de compromisos en sanidad, educación y dependencia. “Es un texto vago, malo y, de verdad, inaplicable”, concluyó.

Ovejero remitió a otras leyes y proyectos para justificar que no se incluya en la Carta de Derechos que debaten las Cortes Valencianas alusión alguna a varios de los aspectos planteados por la oposición. Con el argumento de que vivimos “una situación social cambiante”, en la que hay que “incentivar el espíritu emprendedor”, el diputado sostuvo que “la función del Estado es subsidiaria” y que “el Estado del bienestar está en crisis”. Por eso, añadió, el PP rehúye esa expresión y prefiere “empezar a hablar de sociedad del bienestar”.