Bizkaia considera que el Supremo se “extralimitó” al condenar a Ibarra
Aburto sostiene que el fallo introduce “matices que difieren de los hechos”
La Diputación de Bizkaia cree que el Tribunal Supremo se “extralimitó” al condenar a cuatro años y medio de cárcel al ex jefe de Inspección de Hacienda del territorio, Juan Ramón Ibarra, por un delito de falsedad documental. Así lo defendió ayer en las Juntas Generales el portavoz de la institución provincial, Juan María Aburto, en respuesta a una interpelación de los socialistas.
El pasado 15 de mayo, Aburto dijo en rueda de prensa que el Ejecutivo foral estaba “mucho más conforme” con el fallo anterior de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que absolvía a Ibarra de todos los cargos. El PSE preguntó ayer al peneuvista cuáles eran las razones que le habían empujado a realizar esta afirmación. El portavoz socialista en las Juntas, Iñaki Egaña, recordó que las dos sentencias señalan hechos “exactamente idénticos”. “Solo difieren en la calificación jurídica. Pero eso no le resta un ápice de gravedad a lo sucedido”, manifestó.
Aburto contestó que había expresado esa opinión en el ejercicio de la libertad de expresión y de manera “sumamente respetuosa” con el Supremo. "Mucho más que la que ayer [por el miércoles] utilizaron algunos políticos valorando otra sentencia [en referencia a la legalización de Sortu] o de lo que dijo Rubalcaba con el fallo del juez Garzón”, recalcó el portavoz foral. A su juicio, el Supremo se había “extralimitado” en el fallo, ya que “introduce consideraciones fácticas y matices para la condena que difieren de los hechos probados”. “No es necesario que los daños sean reales, es suficiente con que sean meramente potenciales. Dice esto: no hay daño real. No se empeñen en demostrar lo que no es”, aseveró.
La sentencia del Supremo considera como hecho probado que Ibarra, responsable de la Inspección fiscal en Bizkaia entre 1989 y 2004, nunca quiso investigar a más de 200 personas, tanto físicas como jurídicas, que integraban un listado protegido de contribuyentes elaborado por él mismo. Una traba en el programa informático impedía que se les realizaran inspecciones tributarias.
Por otro lado, las Juntas Generales aprobaron con los votos a favor de PNV, PP y PSE —Bildu se abstuvo— la modificación de la norma foral que fija las limitaciones de endeudamiento de los Ayuntamientos. En torno a 30 de los 112 que hay en Bizkaia se acogerán a la medida para poder hacer frente al pago de facturas a proveedores. El Legislativo foral también sacó adelante la modificación de la norma referida a la financiación de los ejes radiales. Se elimina la obligatoriedad de pagarlos por peaje en sombra.
Rechazo a una nueva ayuda
Las Juntas Generales tumbaron ayer por amplia mayoría —con los votos en contra de PSE, PP y PNV— una proposición no de norma de Bildu para instar a la Diputación a crear una nueva prestación social. La juntera abertzale Amaia Agirresarobe recordó que más de 1.500 vizcaínos han dejado de recibir ayudas sociales este año al endurecerse las condiciones para su concesión fijadas por el Gobierno vasco y la institución foral.
El Ejecutivo elevó en diciembre de 2011 de uno a tres años el tiempo mínimo de empadronamiento para recibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). A continuación, la Diputación subió de seis meses a dos años y medio el empadronamiento necesario para cobrar sus ayudas especiales para la inclusión.
Agirresarobe detalló que para acceder a la nueva prestación, de entre 600 y 900 euros, habría que cumplir con los mismos requisitos que para percibir la RGI, pero bastaría con haber estado inscrito en algún padrón del territorio seis meses. Gipuzkoa sigue un modelo similar.
El popular Eduardo Andrés acusó a Bildu de proponer “café para todos”. “Pero no hay bastante café”, dijo. El peneuvista Jon Larrea aseguró que seguir las directrices de Bildu supondría un desembolso de nueve millones para la Diputación. “¿De dónde se saca ese dinero?”, preguntó.
