Cargos de la CAM afirman que se ocultó la alerta del Banco de España

Niegan que el requerimiento del supervisor se leyera al consejo y a la comisión de control

Valencia - 29 may 2012 - 02:48CEST

Juan Ramón Avilés, a la izquierda, y José Enrique Garrigós, en las Cortes. CARLES FRANCESC

¿Qué hizo la dirección de la CAM con el requerimiento del Banco de España que advertía, en términos muy serios, de los problemas de la caja en diciembre de 2010? La directora general de la entidad, María Dolores Amorós, “dio traslado” a la comisión de control del requerimiento “de forma parcial, de manera apresuradísima, desvirtuando el grave contenido del mismo e incumpliendo el deber de dar lectura íntegra”, según el presidente de ese organismo, Juan Ramón Avilés, que durante su comparecencia, ayer, en la comisión de las Cortes Valencianas sobre la CAM, llegó a hablar del uso de “eufemismos” en la explicación. A continuación, José Enrique Garrigós, consejero de la entidad, reiteró en varias ocasiones ante los diputados que el 21 de diciembre de 2010 en el consejo de la CAM “no se leyó la carta del Banco de España”.

El requerimiento del Banco de España a la CAM tiene fecha de 14 de diciembre de 2010 y advierte de que la inspección había revelado “una elevada morosidad, con probabilidad de incrementarse por la concentración en el sector promotor-inmobiliario, desequilibrada estructura financiera e importantes necesidades de saneamientos adicionales para la cobertura de la cartera crediticia y de activos inmobiliarios”. En el acta del consejo de la CAM del 21 de diciembre se refleja que la directora general explicó “que el objeto de la inspección ha sido la revisión de la inversión crediticia y del riesgo de liquidez, a fin de comprobar el cumplimiento de las normas específicas de las entidades de crédito”, y se reproduce íntegro el requerimiento para añadir que fue despachado sumariamente. “El consejo, cuyos miembros han demandado las explicaciones que han considerado pertinentes, se da por enterado y muestra su conformidad con las informaciones recibidas de la directora general”. Una reacción incomprensible dado el calibre de las advertencias que el escrito del organismo supervisor contenía (hablaba de “deficiencias cuantitativas y cualitativas” y emplazaba a un “cambio de rumbo” y a recomponer la estructura financiera). Garrigós, que no es el primero que deja en la comisión de las Cortes la sensación de que no se informó correctamente al consejo —ya lo hizo Armando Sala—, puntualizó: “No he dicho que haya falseamiento de actas, digo que a mí no se me leyó”.

La Mesa de las Cortes decidirá si lleva al fiscal a López Abad

Tanto Avilés como Garrigós coincidieron con la tónica de los responsables de la CAM que han pasado hasta ahora por las Cortes al minimizar su responsabilidad en la CAM y atribuir a la ruptura del sistema institucional de protección (SIP) con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, la intervención de la caja, que se precipitó en julio de 2011 tras un nuevo requerimiento del Banco de España en términos muy graves.

Mientras la comisión parlamentaria continúa sus trabajos, ha decidido por unanimidad elevar a la Mesa de las Cortes la decisión de poner en conocimiento de la fiscalía, como propuso el socialista Ángel Luna, la negativa a responder preguntas del que fue director general, Roberto López Abad, y del exdirector general de proyectos inmobiliarios Daniel Gil Mallebrera por si fueran constitutiva de delito. Aunque Gil está imputado en la rama del caso Brugal que investiga el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, los diputados consideran que no hay razones para que se amparen, ni él ni López Abad, en el derecho a no declarar.

Por otra parte, la Audiencia Nacional ha pedido a la CAM, —actualmente administrada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a la espera de que el Banco de Sabadell se haga cargo de su gestión—, una lista de sus directivos entre los años 2001 y 2011. La providencia ha sido dictada por el juez Eloy Velasco en sustitución de Fernando Grande-Marlaska. Es el primer paso para llamar a los directivos a declarar como testigos o como imputados.

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“Podía haber vendido las cuotas a 4,77 euros”

“Podía haber vendido mis cuotas participativas a 4,77 euros y no lo hice. Lo fácil era venderlas al día siguiente”. José Enrique Garrigós, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, asumió ayer ante la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas que compró “10 o 20 veces más cuotas participativas que todos los consejeros”. Se refería a que, en su calidad de miembro del consejo de la CAM, había asistido el 21 de julio de 2011 a la última de sus reuniones, en la que la caja, tras haber pedido la intervención del Banco de España, aprobó amortizar las cuotas participativas en circulación “con cargo a prima de emisión” por un importe de 238,5 millones (a razón de 4,77 euros por cuota). Una decisión que los administradores del FROB anularon nada más llegar.

Es habitual que los diputados, de Lluís Torró, de Esquerra Unida, a David Serra, del PP, se interesen ante los comparecientes por lo que saben de las cuotas participativas, que han dejado a miles de pequeños inversores con unos productos de valor cero. “Nadie me prohibió comprarlas en ningún momento”, alegó Garrigós cuando le recordaron que el consejo había acordado que los consejeros no comprarían cuotas, pero arremetió contra la diputada de Compromís Mireia Mollà cuando le dijo que en ningún informe corporativo se consigna, como debería, que posee cuotas participativas. “Mentiroso no soy. En este momento no me está respetando y me acusa de cosas que no son ciertas”, le espetó a la parlamentaria, que no se arredró. “Los informes corporativos son públicos y usted no aparece”, le replicó. El socialista Ángel Luna salió en defensa de Mollà y recriminó a Garrigós: “Usted no tiene derecho a dar una bronca a mi compañera de escaño. Mis cuotas participativas están en la declaración de bienes ante las Cortes y las suyas no están en los informes corporativos”. Luna aseguró sentir “aprecio personal” por Garrigós, pero le acusó de “no contestar nada”.

Garrigós, que se presentó como alguien preocupado por conseguir cuentas para la CAM entre empresarios del turrón y el helado y que confesó que su promoción de las cuotas participativas entre sus amistades le ha creado “muchos problemas”, dijo que podría haber aprovechado la decisión del consejo y haber vendido “al día siguiente” a 4,77 euros las cuotas antes de que llegaran los administradores del FROB. “¿Qué hubieran pensado de mí si el presidente de la Cámara y del Consejo Regulador hacía eso?”, se preguntó en voz alta. “Hubiera cometido un delito”, le respondió Luna.