El Consell ve irreversible el nuevo modelo privatizador de la sanidad
El vicepresidente intenta calmar los ánmios de ciudadanos y empleados entre duras críticas José Císcar evita dar detalles sobre las empresas que optarán a la gestión del servicio
El capital privado desembarcará en la sanidad valenciana por la puerta grande y para quedarse. El Consell se escuda en la falta de recursos para justificar su decisión de mantener solo bajo su control la parcela médica de la sanidad pública y ceder en bloque al sector privado el área no asistencial. Además, no prevé volver al modelo actual cuando el escenario económico lo permita. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, dejó claro el sábado, tras un acto en el hospital de Dénia, que el Ejecutivo valenciano no contempla “ningún tipo de reversión”. Y ello, agregó escuetamente el número dos del Consell, a pesar de que es algo “previsto en las leyes de contratación administrativa”. Ciscar se mostró convencido de que el nuevo modelo será un éxito.
El vicepresidente del Consell estuvo acompañado por el consejero de Sanidad, Luis Rosado, y ambos se emplearon a fondo para intentar calmar a los ciudadanos y a los trabajadores del sector ante un paso que cambia radicalmente el modelo sanitario vigente y sobre cuya concreción hay muchas dudas por aclarar. Los dos responsables políticos defendieron su decisión en medio de una auténtica avalancha de críticas políticas, sindicales y ciudadanas, y entre anuncios de movilizaciones.
“Garantizamos que los ciudadanos van a seguir teniendo los mismos médicos, los mismos centros de salud y los mismos hospitales. La sanidad va a seguir siendo gratuita y de la misma calidad”, aseguró Ciscar. “Es importante que sepa la población que va a recibir la misma asistencia, gratuita y universal”, remarcó Rosado.
En la misma línea, los dos políticos negaron que el nuevo modelo vaya a implicar despidos. “No habrá ninguna reestructuración de personal”, defendió el vicepresidente del Consell. “Todo el personal seguirá, ningún profesional se verá afectado”, aclaró el titular de Sanidad por si alguien no lo había entendido.
El Consell ha planteado que las adjudicaciones tengan una duración inicial de 10 años, un plazo que consideran “razonable”. Ciscar, sin embargo, fue muy parco a la hora de hablar de las empresas que participarán en este proceso que se pondrá en marcha en 2013 y que supondrá un ahorro previsto de 443 millones.
Los nuevos gestores se harán cargo de los servicios que ya están externalizados
La elocuencia del vicepresidente del Consell fue menor al ser preguntado por las distintas empresas que pueden participar en este proceso de adjudicación de la gestión sanitaria. Ciscar se limitó a decir que “en principio deben ser empresas interesadas, solventes y que conozcan la gestión sanitaria”.
Una vez los nuevos gestores asuman las riendas se harán cargo de los servicios que están externalizados —y por tanto decidirán sobre ellos conforme termine el periodo de concesión o antes si así lo consideran oportuno— y de los que forman parte de la llamada cartera suplementaria (por ejemplo, el transporte no sanitario). El Consell sacará a concurso la gestión de cada uno de los 18 departamentos sanitarios.
El Consell ha decidido recurrir al modelo de diálogo competitivo para este proceso. Este modelo implica seleccionar a al menos a tres empresas de entre las interesadas y abrir con ellas un diálogo que culminará con la presentación de ofertas. Este modelo se reserva para contratos de especial complejidad y se está usando en otros procesos de adjudicación en los que trabaja actualmente el Consell para dejar en manos privadas la gestión de algunos servicios que hasta ahora eran públicos. Así, por ejemplo, la adjudicación de la gestión de la línea 2 del tranvía de Alicante, construido con dinero público, se está negociando con el mismo modelo.
En la comparencia de ayer, el Consell insistió en separar el nuevo modelo que ahora pone en marcha del conocido como modelo Alzira. “Existen diferencias sustanciales”, aseguró Rosado. Ambos modelos convivirán. Rosado detalló que el modelo Alzira se puso en marcha “allí donde había que construir determinadas infraestructuras, con asunción de personal por parte de la concesionaria”, pero con el nuevo modelo “el personal sigue perteneciendo a la Agencia Valenciana de Salud, bajo el mando de la Administración y en las mismas condiciones que hasta ahora”. Rosado insistió en que el personal sanitario de la Generalitat “permanecerá con el mismo estatus profesional, ningún trabajador se verá afectado”.
“No estamos inventando nada”, agregó Ciscar. El Consell también quiso contextualizar su decisión y reiteró que un país como Suecia, “paradigma del Estado del bienestar” puso en marcha en los años noventa este modelo para poder hacer frente a la crisis económica. El vicepresidente insistió en que si no se toman estas decisiones cada ciudadano tendría que pagar 500 euros más para mantener el sistema actual.
En la misma línea argumental, el portavoz popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, remarcó que la decisión tomada “evita que los ciudadanos tengan que pagar alrededor de 500 euros más para poder mantener el sistema”. Blasco también defendió que con “la reorientación en la gestión de los hospitales” los costes se verán reducidos alrededor del 10% en la parte logística y alrededor del 15% en los servicios sanitarios. Y a los responsables populares que recurrieron a la misma defensa también se sumó la vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular valenciano, Marta Torrado.
La oposición y los médicos se movilizan contra la decisión
Al Consell le llovieron el sábado las críticas tras anunciar la privatización de la gestión de la sanidad. La oposición política, el sindicato médico e incluso el Defensor del Paciente cargaron contra la medida, hubo peticiones de dimisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se exigió su comparencia en las Cortes Valencianas, y se anunciaron posibles medidas legales y huelgas.
El sindicato médico de la Comunidad Valenciana aseguró que esperaba “un desmentido” y advirtió de que plantea convocar una huelga en la sanidad pública en defensa de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. “Las medidas que se están adoptando, al empujar a las clases medias y altas a abandonar el sistema público, conducirán a un modelo sanitario dual con la reaparición de la beneficencia en lugar de la solidaridad, apareciendo de nuevo una sanidad básica para pobres”, agregó.
El Defensor del Paciente denunció la decisión del Consell, tomada “por su cuenta y riesgo” y reclamó a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que intervenga “para evitar el dispendio”.
La oposición arremetió contra un anuncio que tildó de “barbaridad”, “ataque sin precedentes” o de las medidas “más graves que se conocen en los últimos 30 años de democracia”.
La exministra de Sanidad Leire Pajín explicó que han pedido la “comparecencia urgente” en Las Cortes de Fabra. Pajín considera que el Consell “usa la coartada de la crisis para apostar por un modelo privatizador y de negocio en el que siempre han creído”. La exministra considera que con este modelo se desmantela “el Estado del bienestar”. Y el portavoz socialista de Sanidad en las Cortes, Ignacio Subías, aseguró que se está poniendo en riesgo “la universalidad y la equidad del sistema sanitario”.
Mientras, Compromís anunció que registrará en las Cortes preguntas para que el Consell explique “cuáles son las implicaciones de la empresa Capio, una de las compañías sanitarias más importantes de Estados Unidos” en la decisión del PP. “Lo que pretende este Gobierno es devaluar la sanidad pública hasta tal punto que los ciudadanos que se lo puedan permitir tengan que hacerse un seguro privado de salud”, alertó.
EU anunció que estudia medidas contra la decisión e hizo un llamamiento a la participación en las manifestaciones de hoy. “Que no espere el PP que los ciudadanos vamos a permanecer callados”, advirtió. Y Els Verds del País Valencià exigieron la dimisión de Fabra.
