Concluye la investigación para embargar otros 15 millones a Los Charlines

Casi dos años ha necesitado la Brigada de Delitos Económicos de la policía para investigar el patrimonio incautado a Los Charlines en la última redada contra el clan por blanqueo de dinero, delito fiscal y estafa que se saldó con la detención de 12 personas en julio de 2010. La policía acaba de presentar el informe pericial definitivo de toda la documentación intervenida relativa a los bienes por valor de más de 15 millones de euros que todavía estaban en posesión de la familia. Una parte de este patrimonio no pudo ser decomisado en 2007 y otra se descubrió con posterioridad al juicio por blanqueo por el que fue condenado prácticamente todo el clan.

Cuando se creía que esta famosa organización estaba al borde de la ruina, tras verse envuelta en varios procesos por narcotráfico, se descubrió que Manuel Charlín, su mujer (ya fallecida), sus hijos y nietos manejaban una fortuna: más de 60 inmuebles y tres millones de euros en varias cuentas suizas. Pese a que pasó 20 años en la cárcel, Charlín, de 79 años, está acusado de ejercer el control del patrimonio familiar “bajo un régimen de patriarcado”, según la investigación, el mismo que desempeñó para organizar el tráfico de drogas desde finales de la década de los ochenta.

La investigación se inició tres años antes por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional cuando el Tribunal Supremo anuló parcialmente la condena contra el clan lo que le permitió recuperar parte del patrimonio embargado. Precisamente el objetivo de la Operación Repesca era detectar posibles bienes y dinero ocultos de la organización que le permitieron comprar esos bienes que le habían pertenecido pujando en las subastas. El caso más paradigmático fue el del cocedero Sochar, SL, por el que pagaron 800.000 euros. En esta puja participó Teresa Charlín, el único miembro de la familia que fue absuelta por el Tribunal Supremo de blanqueo de dinero. Ella dio las indicaciones necesarias a su hija Natalia Somoza para que hiciera las ofertas en la subasta.

El clan manejaba una fortuna pese a que se creía que estaba en la ruina

Además, la investigación ha constatado un delito de alteración del precio en concursos públicos y subastas cometido por miembros del grupo. Valiéndose del poder que Los Charlines mantienen en la zona, testaferros y abogados de la familia también se presentaban presuntamente a subastas de bateas para comprarlas, previa presión a los vecinos para que no pujasen por ellas.

Pero ahora que la instrucción se ha cerrado el caso tropieza con un incidente inesperado que podría retrasar varios meses la celebración del juicio. El juzgado de Vilagarcía se declaró incompetente y se inhibió a favor de la Audiencia Nacional donde Los Charlines ya fueron juzgados por blanqueo de dinero en una causa que dio pie a esta nueva operación. Pero la Audiencia Nacional ha rechazado el caso y ahora será el Tribunal Supremo quien resuelva la cuestión de competencia.