El Consell no dará más ayudas a las ONG investigadas por corrupción
Fabra sustituye a los dos altos cargos destituidos por el escándalo Blasco reclama la presunción de inocencia para sus antiguos colaboradores
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, comunicó este viernes que las ONG y las entidades relacionadas con la cooperación que están “bajo investigación policial” por supuesta malversación de fondos públicos no recibirán “ninguna nueva adjudicación por parte de la Generalitat”. Entre ellas figuran la Fundación Hemisferio, Esperanza sin Fronteras, Fudersa, Asade-África, Fundación Cultural y de Estudios Sociales, que están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia. La Diputación de Castellón aprobó recientemente una subvención de 9.500 euros para Esperanza sin Fronteras, que cobrará si justifica adecuadamente los gastos de un proyecto presentado para Tailandia, informa Lorena Ortega.
Ciscar anunció, tras la reunión semanal del Consell que se celebró en Castellón, el nombramiento de los sustitutos de los dos altos cargos destituidos por el escándalo de los fondos de cooperación. La baja del ex director general de Cooperación Josep María Felip la cubrirá la alcaldesa de Bejís, Herminia Palomar, que en la legislatura pasada, como diputada autonómica, tuvo que defender la gestión de Rafael Blasco al frente de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía.
El puesto de subsecretario de Sanidad que ocupaba Alexandre Catalá, también imputado en relación con el escándalo de los fondos de cooperación, lo ocupará el actual director territorial, Agapito Núñez, que ya formaba parte de la estructura del departamento.
El portavoz del Consell indicó también que se ha abierto expediente informativo a uno de los funcionarios imputados en el escándalo de los fondos de cooperación, probablemente al que fue jefe de área con Rafael Blasco, Marc Llinares, también imputado en la causa. Ciscar evitó pronunciarse sobre la situación del exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía y actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, de quien dependían los altos cargos destituidos. “Blasco no tiene ninguna imputación que permita hacer ningún planteamiento”, dijo Ciscar, que evitó pronunciarse sobre el hecho de que los agentes policiales que han participado en la investigación bautizasen al portavoz parlamentario como Roger Rabbit en los seguimientos y escuchas realizadas.
La alcaldesa de Bejís sustituye a Felip al frente de la dirección general de Cooperación de la Generalitat
La dirección regional del PP impidió, el pasado jueves, a Blasco emitir un comunicado de apoyo de los diputados del Grupo Popular en el que se reivindicaba el buen hacer y la honradez del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y también la propia.
Ante la negativa de la dirección del PP a dar luz verde a la citada iniciativa, el portavoz parlamentario remitió ayer unas declaraciones en las que exige respetar la presunción de inocencia de los altos cargos destituidos en la Generalitat. En el comunicado, Blasco insiste en que tiene la “convicción absoluta” de que los cargos imputados no tienen “ninguna responsabilidad” en los hechos que se les imputan.
La oposición insiste en exigir la destitución del portavoz parlamentario del PP en Cortes
Ciscar insistió en que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, “no quiere sombras de corrupción en su Gobierno”. El PSPV y Esquerra Unida volvieron a reclamar este viernes la destitución de Blasco por el escándalo.
Por otra parte, el Consell evaluó la posibilidad de retirar las denuncias contra el medio centenar de sindicalistas que ocuparon edificios oficiales durante las protestas por los recortes. Una denuncia que presentaron los agentes de la Policía Nacional adscritos a la Generalitat y que tendrá que seguir su curso.
En el pleno del Consell celebrado ayer en Castellón también se aprobó el anteproyecto de ley de reconocimiento de la Universidad Europea de Valencia (antiguo centro de estudios Estema) y una ayuda de 20.000 euros para el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia.
Dos de los 19 imputados, sin localizar
La investigación sobre las subvenciones a proyectos de cooperación otorgadas entre 2008 y 2011, durante el periodo en que Rafael Blasco fue consejero de Solidaridad y Ciudadanía, han llevado ya a la imputación de 19 personas. De ellas, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia, 15 fueron detenidas, otras dos prestaron declaración sin ser arrestadas y las dos restantes aún no han comparecido ante la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia.
En relación con las dos personas no localizadas, cuya identidad no ha trascendido, el TSJ precisó que “no existe orden de búsqueda alguna, se llegaron a firmar pero inmediatamente la juez las dejó sin efecto”. Lo que existe es “una requisitoria ordinaria de localización, no una orden de búsqueda y captura, ni nacional ni internacional”.
Entre los detenidos posteriormente imputados figuran cuatro cargos del departamento que dirigía Blasco, el director general, Josep Maria Felip, el subsecretario, Alexandre Catalá, el jefe de área, Marc Llinares, y la jefa de servicio, Dolores Escandell. Uno de los detenidos, Augusto César Tauroni, responsable de la Fundación Hemisferio, considerada el centro de la trama de corrupción, ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras que 14 están en libertad provisional con obligación de comparecer periódicamente. Además, se les ha retirado el pasaporte y tienen prohibido abandonar España. Los otros dos quedaron en libertad sin medidas cautelares. El TSJ señaló que el importe del fraude es “provisionalmente, muy inferior a los siete y nueve millones” que se han venido publicando.
En relación con este asunto, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas Cristina Moreno reclamó que los expedientes de las ayudas a cooperación internacional afectados por la investigación puedan ser revisados en la Cámara. Moreno dijo que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, “tiene 15 razones, que son los detenidos, para que si rafael Balsco no dimite, sea cesado”.
Por otra parte, la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants expresó ayer su “preocupación por la gravedad de los hechos acaecidos” y expresó su máximo rechazo al “posible desvío de fondos de cooperación, muchos de ellos aportados por la ciudadanía valenciana”. El organismo, que agrupa a entidades de apoyo a los inmigrantes, pidió que se convoquen el Consejo de Valenciano de Cooperación y el Foro Valenciano de Inmigración para que el consejero explique la situación. y las medidas adoptadas.
