La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, asegura que reabrirá las causas por ataques guerrilleros en los setenta

Apartada de la toma de decisiones en el Gobierno de Javier Milei, con quien mantiene un acallado enfrentamiento, la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, montó este martes su propio escenario para recuperar visibilidad política. Lo hizo alrededor de los temas que la posicionaron en la vida pública, la reivindicación de las víctimas de las organizaciones guerrilleras de los años setenta y el negacionismo de los crímenes de la última dictadura (1976-1983). “Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia que haga lo que debió hacer más de 20 años”, dijo y cargó en especial contra los exintegrantes de Montoneros, la organización armada peronista. “Todos los montoneros tienen estar presos por ensangrentar nuestra Nación”, reclamó. Hasta ahora, la Justicia ha desestimado los intentos por reabrir aquellas causas advirtiendo que no fueron delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, ya prescribieron.

En el Senado nacional, Villarruel convocó a un acto por el Día Internacional de la Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo. Unas 200 personas se reunieron en el Salón Azul del Congreso. El video que se proyectó para abrir la actividad propuso un particular y heterogéneo recorte de las víctimas a recordar: enumeró a los muertos y heridos que dejaron la guerrilla argentina en los setenta, los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA en los noventa, a las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001, así como los ataques en Madrid en 2004 y en París en 2015, entre otros. Durante el acto no hubo ninguna mención a los secuestrados, torturados, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado ejecutado por la dictadura militar.

Primero dieron testimonio tres parientes de personas asesinadas. Hablaron Claudia Rucci, hija del dirigente sindical José Ignacio Rucci, muerto en 1973; Gloria Paulik, hija del policía Juan Paulik, asesinado en el ataque de Montoneros a la Superintendencia de la Policía Federal en 1976; y Luis Czyzewski, padre de Paola, quien murió en el atentado a la AMIA en 1994. El cierre del acto se lo reservó Villarruel.

“Hoy, encontrarnos en el Senado de la Nación hablando de lo que quisieron silenciar y eliminar es un logro inmenso, que solo es una parte más del largo camino hacia la justicia, la verdad y la reparación para las victimas del terrorismo”, dijo la vicepresidenta. “Parecía utópico que hubiera resquicios de la luz de la verdad en la muralla de la oscuridad pestilente que construyó el kirchnerismo sobre la década más dolorosa de nuestra historia”, destacó, en rechazo a las políticas de derechos humanos desplegadas en los últimos 20 años. “Argentina”, siguió, “merece dejar el pasado atrás, pero debe hacerlo con justicia”. Para eso, aseguró que se reabrirán los expedientes referidos a crímenes de la guerrilla y adelantó su propósito de que “todos” los exmilitantes de Montoneros sean detenidos.

No dio precisiones sobre cómo impulsará esas medidas, ni si es una propuesta consensuada con Milei. Si bien el presidente ultraderechista se ha expresado en múltiples ocasiones con un discurso afín al de Villarruel, en otros momentos ha tomado distancia. De hecho, ante el reciente escándalo por la visita de diputados de su partido a represores presos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura —a quienes los legisladores buscan cómo sacar de la cárcel—, Milei remarcó el viernes pasado: “Esa no es mi agenda”.

Las presentaciones judiciales para juzgar a quienes participaron de las organizaciones políticas que se volcaron a la lucha armada en los setenta se vienen realizando, mayoritariamente, desde que se desarmó el marco normativo que protegía a los represores de la dictadura y se iniciaron, hacia 2006, los juicios por sus crímenes. Aunque hay expedientes aún abiertos, por el momento los tribunales han rechazado considerar como delitos de lesa humanidad a los cometidos por la guerrilla, entre otras razones, porque no participaron agentes ni entidades estatales y porque en el país no había una guerra civil, ni las organizaciones armadas tenían control territorial.

“Desconoce el genocidio”

Los planteos de Villarruel fueron repudiados por organismos de derechos humanos. La Red Nacional de H.I.J.O.S., que reúne a descendientes de personas desaparecidas durante la dictadura, rechazó “la glorificación del terrorismo de Estado” por parte de la vicepresidenta. “Los crímenes de lesa humanidad cometidos en más de 800 centros clandestinos de detención que funcionaron en todo el país, donde fueron secuestradas, torturadas y asesinadas al menos 30.000 personas, comenzaron a ser juzgados en 2006 y continúan investigándose en causas judiciales en la actualidad”, detalló H.I.J.O.S. y cuestionó que Villarruel se exprese “pública e institucionalmente desconociendo el genocidio”, negando “lo que la Justicia condenó y juzgó”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló mediante un comunicado: “Al revés de lo que dijo Villarruel en el Senado, ningún gobierno democrático reivindicó la violencia política. Pero todos condenaron el terrorismo de Estado, algo que ella nunca hizo”. Y concluyó: “La vicepresidenta dice que las organizaciones armadas salieron impunes. No fue así: sus integrantes fueron torturados y tirados al mar. Se podrían haber hecho juicios, pero decidieron cometer los crímenes más terribles, de los que no dice una palabra”.

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