Javier Milei pretende aniquilar las conquistas del feminismo, el movimiento social más transformador de la última década en Argentina. El presidente del país ha decretado el cierre definitivo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y con él, todas las políticas destinadas a garantizar derechos, proteger a las víctimas de violencia y presionar para un reparto más igualitario del poder, de la riqueza y de las tareas de cuidados y domésticas.

Milei llevó su guerra contra el feminismo a Davos, al declarar que la única consecuencia de lo que describe como “agenda radical” ha sido una “mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico y darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de Ministerios de la Mujer u organismos internacionales destinados a esta agenda”.

Las estadísticas contradicen al presidente ultraderechista argentino. Las mujeres que sufrían algún tipo de violencia contaban con herramientas para alejarse del maltratador que Milei ha dado de baja; el embarazo no intencional adolescente se redujo al 50% gracias a un plan hoy desfinanciado, la legalización del aborto —que el Gobierno quiere derogar— contribuyó a reducir las muertes maternas a la mitad y los integrantes del colectivo LGTBI+ lograron grandes avances gracias a leyes como la de identidad de género, matrimonio igualitario y el cupo laboral trans.

Argentina estaba muy lejos de ser una sociedad igualitaria, pero hoy va en dirección contraria. “Estamos viendo un retroceso de casi 40 años”, señala Agustina Rossi, integrante del Área de Políticas del Equipo Latinoamericano de Género y Justicia (ELA). “Hay mujeres cuya integridad física y sexual está corriendo peligro y han quedado desamparadas por el Estado”, advierte.

EL PAÍS reconstruye el impacto de la eliminación de las políticas de género a través de seis testimonios.

Línea 144 de ayuda contra la violencia: angustia e incertidumbre

Desde hace una década, a toda hora y durante todo el año, en Argentina funciona la Línea 144, una línea telefónica gratuita que ofrece asistencia y contención a mujeres y personas del colectivo LGTBI+ que sufren violencia. Hasta diciembre pasado, operaba en el marco del desaparecido Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Como parte de las medidas de ajuste y desguace del Estado, el Gobierno de Milei resolvió derivarla hacia la cartera de Justicia, pero no confirmó las condiciones de su continuidad.

“Hoy la incertidumbre es total”, cuenta Luciana, una de los 140 profesionales que trabajan en la línea. Prefiere no dar a conocer su apellido por la inestabilidad de su empleo. “Tenemos contratos de tres meses, nunca sabemos si nos van a renovar o no”, explica.

En promedio, desde su lanzamiento en 2013, la Línea 144 atiende cerca de 340 llamadas al día, más de 10.000 al mes, más de 120.000 al año. Según los datos oficiales, el 98% de quienes se comunican son mujeres; en el 81% de los casos para referir la agresión de un hombre, actual o ex pareja. Pero hoy las respuestas que pueden dar sus profesionales son cada vez menos.

“Nuestra tarea, además de contener, asistir y asesorar, era articular a nivel federal con los distintos programas y áreas que trabajaban con perspectiva de género. La Línea 144 pierde mucho de su sentido si no hay políticas públicas que podamos ofrecer”, detalla Luciana ante el desfinanciamiento y virtual cierre de iniciativas como, entre otros, los programas: Acompañar (ayuda económica para víctimas de violencia), RENNYA (asistencia económica para hijos de víctimas de feminicidio), o Acercar derechos (asistencia legal). “Todos los días se comunican mujeres preguntando por qué no las ingresaron al programa Acompañar o por qué no están cobrando. Es muy angustiante tener que decirles que no tenemos respuestas. Es más violencia”, deplora. “En un contexto económico y social que afecta más a las mujeres, por la informalidad laboral y la brecha salarial de género, mucha gente va a ser más vulnerable sin estas políticas públicas”.

Más redes de apoyo para suplir la ausencia estatal

El Barrio Fátima está en el empobrecido sur de Buenos Aires. En uno de sus pasillos, entre viviendas de ladrillo sin revoque, se levanta la Casa de las Mujeres de la organización La Poderosa, que capacita y asiste a sus habitantes. Las redes vecinales se fortalecen siempre en tiempos de crisis, pero desde la eliminación de las políticas de género de Milei se han convertido en casi el único salvavidas para las víctimas de violencia.

“Acá hay muchos casos donde sobre un mismo cuerpo caen todas las violencias al mismo tiempo. Una mujer intenta huir de una pareja violenta, que la violenta a ella y a sus hijos, que a raíz de eso también ejerce violencia económica porque no le pasa plata y violencia psicológica”, cuenta Mónica Troncoso, referente de la Poderosa. “Si bien con los gobiernos anteriores hemos tenido problemas y discrepancias, sabíamos que había dispositivos que acompañaban el trabajo que hacíamos nosotros desde acá. Últimamente, no tenemos a dónde ir”, denuncia.

Ante casos de riesgo extremo, el mencionado programa Acompañar permitía a las víctimas obtener una ayuda económica para poder abandonar la casa del maltratador y/o abusador. “Ya no existe. No era mucha plata, pero les permitía poder pagar el alquiler de una pieza y garantizar una comida diaria”, cuenta Troncoso. “Hoy, ¿cómo tomás el coraje para denunciar a la persona que provee alimento o dinero a la casa, a la familia, si no tenés dónde ir?”, se cuestiona.

Troncoso subraya que la situación en las provincias del interior de Argentina ha empeorado aún más que en la capital, donde al menos se mantienen algunas politicas municipales. A cientos de kilómetros de Buenos Aires, han dejado sin ningún recurso a víctimas de violencia y de trata. Las redes se refuerzan todo lo posible para suplir las carencias del Estado, pero pagan también un costo muy alto: “Es difícil acompañar sin dispositivos y que el espejo no se refleje en esa realidad. Una se sienta culpable por ser parte de esta sociedad. Tratamos de estar muy atentos a esto y sostenernos entre todos”.

Feminicidios: vivir y morir sin respuestas

“Soy sobreviviente de un femicidio y no tengo justicia. Vivo amenazada. Mi agresor nunca fue preso y tengo que vivir así. Ya no sé qué más hacer (…) La voy a luchar con toda mi fuerza. Mientras tenga vida la voy a pelear porque se haga justicia.” María Isabel Speratti les envió a sus amigas un mensaje con esas palabras antes de ser asesinada con tres disparos, delante de sus hijos, el 16 de marzo de 2023, víctima de quien había sido su pareja durante dos décadas.

A mediados de 2021, él ya había intentado matarla. La salvaron los hijos de ambos, que pudieron pedir ayuda. “Ella hizo la denuncia. Tenía las marcas en el cuello, porque él quiso estrangularla. Estaba el testimonio de los chicos. Pero igual caratularon la causa como lesiones leves, no como intento de homicidio, y él nunca fue detenido”, cuenta Rocío Speratti, hermana de María Isabel. “Reclamó en todos lados para que cambiaran la carátula del caso, en la Fiscalía, en la Secretaría de la Mujer, en el juzgado de paz, pero nunca lo consiguió. Quería contratar un abogado penalista, pero no podía pagarlo, le pedían 5.000 dólares para empezar”. María Isabel tenía 40 años, era artesana, vendía sus tejidos en la feria de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires.

“Ella necesitaba una respuesta del sistema judicial, pero todavía hay muchos prejuicios machistas. Si la hubieran escuchado, si le hubieran creído, ella estaría viva”, lamenta Rocío y advierte sobre los riesgos de las medidas que está tomando el actual Gobierno. “Antes faltaba muchísimo por hacer, pero que ahora desmantelen todo va a agravar la situación. Es también un mensaje para los agresores, parece que les dijeran que pueden seguir siendo violentos”, dice. “Sin apoyo, a las mujeres les va a costar cada vez más denunciar y salir del círculo de violencia”.

Cuando fue asesinada, María Isabel Speratti estaba siendo asistida por Shalom Bait (Paz en el hogar), una ONG especializada desde hace más de 20 años en violencia de género. Fernanda Tarica, su directora, coincide con Rocío: “El discurso y las políticas del Gobierno de Milei tienen consecuencias, quienes ejercen violencia se sienten con vía libre para actuar y las víctimas se sienten más vulnerables”, explica. “El Ministerio de la Mujer no tenía un gran presupuesto, los programas que teníamos no alcanzaban, no nos sobraba nada, pero ahora nos falta todo”.

Una justicia sin perspectiva de género: “Sólo pido que el juez escuche a mis hijos”

Los funcionarios de los tres poderes del Estado argentino están obligados por la Ley Micaela a capacitarse en perspectiva de género. Pero víctimas y organizaciones coinciden en que la formación ha sido insuficiente para cambiar una cultura patriarcal que aún cuestiona el relato de las que se acercan a denunciar. Las trabas que existían hasta el año pasado se han multiplicado, avaladas por las directrices en contra de lo que el Ejecutivo de Milei describe como “ideología de género”.

“No creímos que volverían a pasar cosas así. Los policías están desatados”, denuncia Sara Barni, fundadora de la ONG Red Viva, que acompaña a sobrevivientes de violencia y abuso sexual. Una de las mujeres a las que brinda contención es Carmen (nombre ficticio), una mujer ecuatoriana a quien la policía le arrebató a sus hijos de casa el pasado 11 de junio para dárselos al padre. Ella se negaba a hacerlo después de que sus hijos, de doce y ocho años, le revelasen que los sometía a malos tratos y castigos humillantes y le dijesen que no lo querían ver.

“En 2017, cuando decidí separarme, la violencia se profundizó. Me amenazó, sufrí violaciones y otros agravios, pero cuando fui a la comisaría a intentar denunciarlo no me tomaron la denuncia”, relata Carmen. Tras ese primer intento hizo otros, todos infructuosos. Tenía la familia lejos, su pareja la había aislado de las escasas amistades que tenía en el país y desconocía la existencia de la Oficina de Violencia Doméstica, de las comisarías de la mujer y de otras instancias similares a las que recurrir. Tras años de una pelea desigual en los juzgados, en los que el padre intentó quedarse con la custodia de los hijos, Carmen aceptó el régimen de visitas impuesto por la justicia, pero lo rompió un mes atrás, cuando un fin de semana sus hijos le insistieron en que no querían ir con el padre por cómo los trataba. Cuando la justicia le negó la perimetral, dejó de mandarlos a la escuela para impedir que el padre se los llevase a la fuerza, pero la justicia usó esa excusa para enviar a la policía a por ellos y obligarlos a revincularse.

“La violencia hacia mí ya no me afecta, pero a mis hijos sí, voy a pelear como sea. Sólo pido que el juez los escuche a ellos, sólo eso”, asegura entre lágrimas en el comedor de su casa, a metros de una habitación con juguetes vacía.

Comunidad LGTBI+: Se disparan los discursos de odio y las agresiones

Las diversidades sexuales padecieron el cambio de rumbo político que se avecinaba desde meses antes de que Milei llegase al poder. “En la campaña presidencial comenzaron a proliferar los discursos de odio y a impartir desinformación y violencia contra las comunidades LGTBI+”, cuenta Manu Mireles, docente y co-fundadora de la Mocha Celis. “Estimamos que solamente el 10% de las personas denuncian y, sin embargo, se triplicó la cantidad de denuncias el último año. Yo misma fui agredida dos veces en la calle. Una vez, golpeada de forma leve y la otra, con una herida en el ojo”, continúa.

En campaña, Milei quiso defender el matrimonio homosexual con una polémica comparación: “Si vos querés estar con un elefante... Si tenés el consentimiento del elefante, es tu problema y del elefante. No me opongo a que dos personas del mismo sexo se casen”. Su canciller, Diana Mondino, siguió sus pasos tras aclarar que como liberal está de acuerdo con la elección de cada persona: “Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, es tu elección…”. Ya en el poder, desde su círculo cercano han continuado los discursos denigrantes al mismo tiempo que niegan que exista violencia específica por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Mireles rebate la posición oficial. “Vivimos con mucha claridad lo que significa para nuestros cuerpos y para nuestras vidas el impacto de estos discursos. No solamente estamos hablando del transporte público y de la vida en la calle, estamos hablando de oportunidades laborales, de acceder al hospital, de que dejan de estar garantizados nuestros derechos”, afirma. La violencia en ascenso tuvo su punto álgido un mes atrás, cuando el vecino de una pensión quemó vivas a cuatro lesbianas. Una falleció en el acto y otras dos murieron tras agonizar varios días en el hospital por las quemaduras en todo el cuerpo.

Esta activista nacida en Venezuela, que se autodefine como “una marica migrante”, defiende el rol de Argentina como punta de lanza en América Latina para los movimientos feministas y transfeministas y no cree casual que Milei los haya elegido como enemigos a derribar. “No estamos hablando de qué pronombres usamos o a qué baño vamos. Estamos hablando de disputar el sentido de la democracia y de la política; de recuperar la ternura, el abrazo y la comunidad en la construcción cotidiana; de medio ambiente, de nuevas formas de organización social, de nuevos modelos económicos”, remarca.

El derecho al aborto legal, en riesgo: aumentan las trabas y el estigma

La legalización del aborto en Argentina, en diciembre de 2020, supuso un antes y un después para las mujeres que deseaban interrumpir su embarazo. Dejó de ser una práctica clandestina y accesible sólo para aquellas gestantes con recursos económicos y/o información y comenzó a practicarse de forma segura y gratuita en los hospitales públicos. El resultado fue inmediato: en sólo 12 meses, las muertes maternas por abortos se redujeron a casi la mitad, de 23 a 13. Desde que entró en vigor la normativa hasta el pasado enero, se realizaron 245.000 interrupciones del embarazo.

En paralelo, el Gobierno había comenzado, un par de años antes, un programa de prevención de embarazos adolescentes muy efectivo (Plan Enia). En 2018, siete de cada diez embarazos de adolescentes de entre 15 y 19 años no había sido planificado. Tres años más tarde, la cifra había bajado a cinco de cada diez. El número de partos total en esa franja etária cayó en picado: de casi 70.000 a 46.000.

Milei ha comenzado a erosionar la libre decisión de las mujeres sobre sus cuerpos a través de un discurso que sostiene que “el aborto es un asesinato agravado por el vínculo” y del que se agarran los que pelean por derogar ese derecho. En Tucumán, una de las provincias más católicas de Argentina, comienzan a detectarse casos de niñas a las que se les ponen trabas para acceder a un aborto legal y la Justicia investiga a una adolescente que sufrió una emergencia obstétrica en el baño de un hospital. “El caso de Eva es igual que el de Belén”, cuenta la abogada feminista Soledad Deza, en referencia a la mujer que en 2014 fue condenada a ocho años de cárcel por un aborto espontáneo. “Se sentía mal, con dolor, tuvo un parto en avalancha y los profesionales de la salud que no la atendieron, que no detectaron el embarazo, en vez de brindarle atención le mandan a la policía”, denuncia Deza.

Esta abogada cree que debido a la estigmatización creciente del aborto, las mujeres vuelven a tener miedo y vergüenza por interrumpir un embarazo no deseado, lo que se refleja en una caída drástica de las consultas. Milei confesó este viernes que Elon Musk, preocupado por el descenso de natalidad, le pidió trabajar contra “el lavado de cerebros” de quienes apoyan la libertad de las mujeres de decir si quieren o no ser madres. “Milei es un liberal de verdad, no es un asesino que está a favor del asesinato en el vientre de la madre”, dijo el presidente argentino sobre si mismo en tercera persona al recoger el premio del Instituto Juan de Mariana. Ese mensaje oficial se refuerza en la población más vulnerable a través de la ayuda social, que el Gobierno ha sacado a las organizaciones sociales para entregar a fundaciones religiosas y antiaborto.