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La organización de hijos de desaparecidos en Argentina denuncia que una de sus integrantes fue asaltada y abusada por militantes de Milei

La agrupación de derechos humanos H.I.J.O.S. responsabiliza al Gobierno de un ataque que sale a la luz a días de un tenso aniversario del golpe militar de 1976

Desaparecidos en Plaza de Mayo Argentina
Una madre y su hija asisten a una manifestación organizada por las Madres de Plaza de Mayo y miembros de la organización H.I.J.O.S., en una fotografía de archivo.Micheline Pelletier (Getty Images)
José Pablo Criales

“No vinimos a robarte, vinimos a matarte”. La amenaza la escuchó en su propia casa una militante de la Red Nacional Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia (H.I.J.O.S.), una agrupación de derechos humanos fundada por los hijos de personas desaparecidas durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 a 1983. Según ha denunciado la organización este jueves, una mujer que pertenece a la organización y que ha preferido mantenerse en el anonimato fue atacada a principios de marzo por dos hombres armados que la esperaron en su casa, la amordazaron, la toquetearon, y le robaron documentos de trabajo. Antes de irse, los asaltantes dejaron una pintada en una de las paredes del lugar: “¡Viva la libertad, carajo!”, el latiguillo que el presidente Javier Milei popularizó desde su campaña presidencial el año pasado. El ataque ha trascendido mientras Argentina espera, en medio de una creciente tensión con un Gobierno que llegó al poder relativizando los crímenes de la dictadura, las conmemoraciones del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

H.I.J.O.S. no ha querido dar a conocer la identidad, el lugar de residencia, ni el momento específico en que ocurrió el ataque. La organización sí ha querido dejar en claro que el suceso tiene “un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incita la violencia contra quienes militan por los derechos humanos”, según el comunicado que han publicado este jueves. “Exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del poder judicial y hacemos responsable al gobierno nacional de los hechos ocurridos”, ha afirmado la organización.

Según el referente de la organización en la ciudad de Buenos Aires, Agustín Cetrángolo, el ataque ocurrió hace más de 10 días. “Nos hemos tomado un tiempo porque había que garantizar su seguridad. Ella trabaja y vive en otra provincia de donde es su familia y pidió no hacerlo público hasta estar con su familia”, ha dicho Centrángolo esta mañana en una entrevista radial. “Este es un gobierno al que ‘negacionista’ le queda corto. Son promotores del terrorismo de Estado porque tienen un modelo económico que generará peores consecuencias que el de [el ministro de Economía de la dictadura José Alfredo] Martínez de Hoz”, afirmó el referente de H.I.J.O.S., que también ha afirmado que la denuncia está en manos de la Justicia. La única reacción del Gobierno ha sido una escueta respuesta del vocero presidencial, Manuel Adorni, que en su conferencia diaria ante la prensa. “Esperamos que la Justicia avance y que los responsables efectivamente paguen por sus actos”, ha afirmado el portavoz de Milei.

Un 24 de marzo en tensión

El ataque se ha dado a conocer cuatro días antes de que Argentina conmemore un nuevo aniversario del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar (1976-1983) que devastó el país con miles de asesinatos, robos de niños, y un desguace económico que disparó la deuda externa y la inflación. Las clásicas manifestaciones masivas que todos los años convocan agrupaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo se enfrentan este año a la incógnita de cómo las encarará el Gobierno de Javier Milei, que asumió el poder el pasado 10 de diciembre relativizando los delitos de la dictadura.

En campaña, Milei cuestionó el consenso sobre la cifra oficial de 30.000 desaparecidos y afirmó que el plan sistemático del Gobierno militar para detener y desaparecer opositores fue “una guerra”, en contra de lo que determinó el histórico Juicio de las Juntas, que en 1985 llevó a la condena del dictador Jorge Rafael Videla y los principales responsables del régimen. “Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia”, afirmó Milei durante uno de los debates presidenciales, y después agregó que “las fuerzas del Estado cometieron excesos”, mientras que los grupos guerrilleros de izquierda fueron responsables de “delitos de lesa humanidad”. A la posición del presidente se suma la de su vice, Victoria Villarruel, hija, nieta y sobrina de militares, que hizo carrera cuestionado los procesos contra los represores y reivindicado a las víctimas de los ataques realizados por las guerrillas en los años setenta desde una organización propia.

Según han publicado medios como el diario Tiempo Argentino, el Gobierno prepara un despliegue comunicacional para difundir su propia versión sobre los crímenes de la dictadura, que incluye un vídeo con testimonios de antiguos agentes de inteligencia y a un antiguo miembro de la guerrilla de Montoneros que en los últimos años ha negado la cifra oficial de desaparecidos asegurando que era “una mentira necesaria para conseguir dinero para las madres de los desaparecidos”. La estrategia sería similar a la que asumió el Ejecutivo el pasado 8 de marzo, durante las manifestaciones por el Día de la Mujer, cuando difundió un vídeo en el que cambió las imágenes de un salón de la Casa de Gobierno dedicado a mujeres históricas por otros próceres. El vídeo, en el que se desplegaban imágenes de, por ejemplo, el expresidente neoliberal Carlos Saúl Menem (1989 1999) en reemplazo de la heroína de la independencia Juana Azurduy, sirvió entonces como distracción para las masivas convocatorias callejeras que se unieron en un grito contra el actual Gobierno. La expectativa sobre qué comunicará el Gobierno este 24 de marzo ha llevado a algunos sectores opositores a proponer un “apagón” en redes sociales para “no responder chicanas ni ataques políticos” en un territorio en el que Milei impone agenda entre insultos y provocaciones.

Los rumores han escalado hasta afirmar que el Gobierno prepara un indulto para los militares presos por delitos de lesa humanidad. El ministro de Defensa, Luis Petri, los ha enterrado este jueves al afirmar en una conferencia de prensa que estos “no están en la agenda del Gobierno”. Petri ha sido otro eje de la polémica en la previa del 24 de marzo. Excandidato vicepresidencial y miembro de la Unión Cívica Radical, el histórico partido que impulsó los juicios a los militares en los ochenta, el ministro se ha convertido en uno de los adalides de la mano del Gobierno de Milei. Su respuesta sobre los supuestos indultos se esperaba después de que se fotografiara hace unos días con Cecilia Pando, una activista que considera “presos políticos” a los militares condenados, y un grupo de esposas de otros condenados que abogan por los indultos. Petri se reunió con ellas en un acto oficial en el Círculo Militar. Este jueves, en la misma conferencia, el ministro presentó un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior y que las Fuerzas Armadas puedan realizar “tareas de patrullaje, control de personas, vehículos e instalaciones, y aprehensión en flagrancia” en medio de la crisis de Seguridad que atraviesan ciudades como Rosario, que han visto una escalada de la violencia por las bandas de narcomenudeo. Su aprobación significaría un cambio del paradigma vigente desde el fin de la dictadura.

“El acto de este 24 de marzo va a ser muy importante, porque seguramente daremos ánimo a la gente de no resignarse y de trabajar, sin violencia, por un país como el que querían nuestros hijos”, ha dicho esta mañana la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en una entrevista radial. “Me asusta que la gente esté tan tranquila cuando dice que no cena, que solo come algo al mediodía, y que espera que las cosas cambien. Nosotros tenemos que cambiar el sistema de nuestro país”, ha afirmado Carlotto sobre el momento que vive el país: con la inflación en el 276% interanual y con organizaciones como la Universidad Católica Argentina advirtiendo que seis de cada diez argentinos son pobres, Milei aún mantiene una imagen positiva de más del 40%.

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Sobre la firma

José Pablo Criales
Es corresponsal de EL PAÍS en Buenos Aires. Trabaja en el diario desde 2019, fue redactor en México y parte del equipo de la mesa digital de América. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Austral y máster de Periodismo UAM / EL PAÍS.
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