Así impactan las lideresas en la política de América Latina
La representación de las mujeres sí tiene efectos concretos en la igualdad de la región: más legislación sobre violencia de género, salud reproductiva y atención a cuidado y seguridad alimentaria. Estas son sus historias
Todos los días, en distintas latitudes, las mujeres “tenemos que presentar pruebas de que la representación política importa”, dijo Silvana Koch-Mehrin, presidenta y fundadora de Women Political Leaders (WPL, por sus siglas en inglés). Esta organización, junto al Instituto Global para el Liderazgo de las Mujeres y la Fundación Westminster para la Democracia y el profesor Nam Kyu Kim, se dedicó a documentar cómo las lideresas remodelan la naturaleza de la política, incorporan cuestiones y problemas que antes se percibían como “no prioritarios”, como la violencia de género y la salud reproductiva, entre otros temas.
El informe concluyó, en primer lugar, que cuanto mayor es la representación de las mujeres en los gabinetes y las legislaturas, más mujeres se encuentran en igualdad de condiciones jurídicas y económicas; también que hay un vínculo entre el liderazgo político de las mujeres y legislación contra la violencia de género, “lo que demuestra que la implementación de la legislación sobre violencia de género está influenciada positivamente por el liderazgo político femenino”; y, por último, que como formuladoras de políticas públicas las mujeres dan prioridad a áreas temáticas que benefician a los más vulnerables de la sociedad a través de la atención médica, el bienestar, la seguridad alimentaria y la educación.
Cada 8-M decimos que falta mucho, pues como afirma la investigación, solo si la representación es significativa (idealmente paritaria), “lograremos la igualdad legal de oportunidades económicas y desbloquearemos los beneficios y mejoras económicas asociados con esta diversidad(verificar)”. En esta oportunidad, en Lideresas de Latinoamérica, algunos ejemplos concretos en la región que evidencian que la representación sí importa
Janja Lula da Silva y la igualdad salarial
“Cada dos minutos, cinco mujeres son agredidas en Brasil”, recuerda un cartel a los miles de transeúntes que pasan cada día por la estación central de autobuses en Brasilia. “La violencia contra la mujer no tiene disculpa, tiene una ley”, dice otro afiche. Se refiere a la principal norma legal para combatir el feminicidio en este país. Aprobada por unanimidad en 2006, se llama la ley Maria da Penha, bautizada así en homenaje a una brasileña que sobrevivió a un caso de violencia de género cruel como pocos. Incluyó un tiro por la espalda que la dejó en silla de ruedas y un intento de electrocutarla en la ducha.
Pero la mujer con más poder para impulsar ahora mismo la agenda feminista no es una ministra o parlamentaria sino la esposa del presidente, Janja Lula da Silva. Ella recuerda a menudo la flagrante ausencia de mujeres en ámbitos públicos —fruto también de decisiones de su marido— e impulsó la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, aprobada en 2023 y que ahora toca implementar. Brasil está a la cola de la región en cuanto a parlamentarias. Son solo el 17%, pero a veces funcionan como lobby. Entre las prioridades para este año, la regulación del trabajo de las mujeres con cáncer de mama, los derechos de las mujeres que sufren abortos espontáneos o un permiso de maternidad para atletas. Ni los tribunales ni el Congreso tienen planes avanzados para despenalizar el aborto a corto plazo.
Y hay otros casos como el de la concejal Erika Hilton, en la legislatura de São Paulo, que promovió el Fondo de Lucha contra el Hambre para dar acceso a niveles dignos de subsistencia, nutrición y seguridad alimentaria en esta ciudad. En 2022 se creó el fondo y ahora está en proceso de estructuración.
Colombia atiende a sus cuidadoras
Colombia es un país de madres que asumen las responsabilidades del hogar solas. Según cifras oficiales, hay 7 millones de personas (6 millones de ellas mujeres) que hacen trabajos de cuidado sin ningún tipo de remuneración. Se encargan de los hogares, cuidan niños o adultos con discapacidad. En total hay 16 millones de personas que requieren cuidados diarios para su desarrollo vital. Por eso desde hace más de una década se viene hablando de la necesidad de un Sistema Nacional de Cuidados.
La participación de mujeres en la política como la excongresista Angela María Robledo o la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y ahora la vicepresidenta, Francia Márquez han impulsado en distintos momentos ese reclamo de muchas otras mujeres en ámbitos amplios de la sociedad.
En el caso de Bogotá, la capital ha obtenido reconocimiento por las llamadas Manzanas del Cuidado, un programa pionero que desarrolló López, y que consiste en atender a mujeres que cuidan de otros. Se trata de 20 centros de ayuda a mujeres donde pueden entrenar, educarse o tener terapia sicológica, entre otras cosas, mientras les lavan la ropa o les cuidan a sus hijos. El plan se mantiene en la actual administración y tiene potencial de ser replicable y en ciudades como Montevideo (Uruguay), se ha hablado de instalar lavanderías para mujeres cuidadoras.
Natalia Moreno lideró ese plan en Bogotá y ahora es la gerente del Sistema Nacional de Cuidado, toda una novedad en el país. Con la creación del Ministerio de la Igualdad, encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez, que también ha sido cuidadora -trabajó como empleada doméstica en una etapa de su vida- se incluyó el sistema de cuidados en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, en el Congreso apoyaron una Ley que le da un marco jurídico a ese Sistema Nacional. “Colombia es, después de Uruguay, el segundo país en Latinoamérica que pone en marcha un sistema así con una ley que obliga al Gobierno a implementarlo”, dice Moreno. La experiencia de Bogotá es, por supuesto, un punto de partida, pero el plan nacional aborda otras realidades donde no hay tanta infraestructura como en la capital.
Ya con el marco jurídico, el sistema nacional- que está en fase de diseño- contempla 140 acciones. Entre ellas, que la renta ciudadana (un tipo de subsidio que se da a los más vulnerables), se focalice en las personas cuidadoras; mientras otras medidas apuntan a acompañamiento a trabajadoras domésticas para que les cumplan sus derechos laborales, formalización de madres comunitarias, y programas complejos de cuidados comunitarios. Para ello también tienen como aliada a otra mujer, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Por ahora se creó la Dirección de Cuidado, una dependencia específica para estos temas que, hasta ahora eran transversales en distintos ministerios y por lo tanto “de todos y de nadie”. Y avanzan en la ruta de cuidado, una serie de vehículos o buses expandibles que llevan servicios de atención sicológica o servicios de telecomunicaciones para cuidadoras en zonas muy remotas y rurales.
‘Ley Antonia’: garantía para víctimas de delitos sexuales en Chile
Antonia Barra se suicidó a los 21 años, tres semanas después de que la violara Martín Pradenas, de 28. La joven denunció en 2019 al agresor, hoy condenado. El caso es simbólico en la lucha feminista chilena y originó la llamada Ley Antonia. La normativa promulgada en diciembre de 2022 establece garantías procesales para las víctimas de delitos sexuales, proteger sus derechos y evitar su revictimización. También incluye dos tipos nuevos penales: la inducción al suicidio y el suicidio feminicida. Para calcular la condena del agresor, por ejemplo, se considera la afectación física y mental de la víctima.
Las diputadas Maite Orisini y Gael Yeomans, del Frente Amplio, la formación del presidente Gabriel Boric, presentaron la iniciativa legislativa que contó con el apoyo transversal de los distintos partidos políticos y se aprobó por unanimidad en el Senado. La Ley Antonia, establece que la persona que “con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género, cometidos por éste en contra de la víctima, cause el suicidio de una mujer, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida”.
Dos décadas atrás, en el Congreso chileno mujeres como Michelle Bachelet que fue la primera presidenta del país, aprobó la ley de sala cunas que obliga a las empresas con más de 19 trabajadoras a proporcionar sala cuna hasta los dos años del niño o niña.
La ‘Ley Malena’ y la lucha de todas las mujeres atacadas con ácido en México
La saxofonista mexicana María Elena Ríos vivió en 2019 un ataque con ácido por encargo de su anterior pareja, un poderoso político y empresario gasolinero de Oaxaca. Desde entonces, su lucha por conseguir justicia se ha unido a la de cientos de mujeres que, como ella, fueron atacadas con alguna sustancia corrosiva en el cuerpo y la cara. Sin embargo, hasta hace un año, las agresiones con ácido en México eran consideradas solo un agravante de un delito de lesiones, lo que significaba condenas reducidas para sus perpetradores.
En la última década ha quedado demostrado que los ataques con ácido u otras sustancias están estrechamente relacionados con la violencia machista en el país. El 85% de estas agresiones en México fueron cometidas por un hombre, pareja o expareja de las víctimas, según datos de la Fundación Carmen Sánchez. Primero, por lo fácil y barato que es conseguir estas sustancias en el mercado, y segundo, por el enorme daño que generan en las víctimas.
Este año, el Congreso local de Ciudad de México aprobó un cambio en su legislación al que bautizaron como Ley Malena -en honor a la saxofonista- que contempla penas de hasta 12 años de prisión, con posibilidad de que se extiendan hasta los 30 años si el ataque provoca graves lesiones y es considerado intento de feminicidio.
El primer Estado en modificar la ley fue Puebla, en marzo de 2023. Después vinieron Baja California, Quintana Roo, Colima y Campeche, que legislaron en el mismo sentido. El resto del país sigue considerando los ataques con ácido como una agresión menor, entre ellos, Oaxaca, de donde es María Elena Ríos.
Hasta marzo del año pasado, 39 mujeres sufrieron ataques con ácido en el país. Sin embargo, estos datos solo reflejan una parte del problema porque no existe información oficial ni un conteo formal por parte de las autoridades. Son las ONG las únicas que hacen esa tarea. En 2022, por ejemplo, la Fundación Carmen Sánchez registró otros 105 ataques con otro tipo de sustancias, como alcohol o gasolina, de las que solo hubo una denuncia formal ante la policía en 28 ocasiones. Ante estos hechos y el abandono del Estado, víctimas y activistas como la propia María Elena Ríos, Carmen Sánchez, Esmeralda Millán o Elisa Xolalpa, entre muchas otras, han seguido peleando para que cambie la ley.
Gracias a ellas la “violencia ácida”, como se llama ahora, está recogida en el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El caso de María Elena Ríos sigue atascado en los tribunales y todavía no se ha celebrado el juicio en contra de su agresor. De suceder, la Ley Malena no podría aplicarse a su caso por ser anterior a su aprobación y porque Oaxaca sigue sin reconocer este tipo de violencia en su Código Penal.
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