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Ley SB4 de Texas: lo que hay que saber de la ‘ley antimigrante’

La controvertida norma llevó al Departamento de Justicia a demandar al Estado de Texas y alega que es anticonstitucional

A Border Patrol agent searches a group of migrants who were let through concertina wire by Texas National Guard
Un agente de la Patrulla Fronteriza registra a un grupo de migrantes después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dejara entrar en vigor la ley SB 4, en El Paso, Texas, el 20 de marzo.Justin Hamel (Reuters)
Alonso Martínez

La Ley SB4 de Texas ha causado una fuerte polémica en medio de la crisis fronteriza entre Estados Unidos y México. Fue promulgada por el gobernador republicano Greg Abbott, y entre sus consignas permite que los funcionarios estatales detengan y deporten a los migrantes en Texas. Sin embargo, el gobierno del presidente Joe Biden se ha opuesto a ella, con el alegato de que la Constitución establece que sólo la autoridad federal puede hacer cumplir leyes de inmigración.

El 19 de marzo de 2024, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió la aplicación de la ley durante varias horas. Sin embargo, cerca de la medianoche, un tribunal inferior suspendió la ley y programó una vista para el 20 de marzo. Durante la vista, un panel de tres jueces interrogó al procurador general de Texas sobre los pormenores de la ley. Además, se escucharon los argumentos del Departamento de Justicia y de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que abogaban por su suspensión.

Al momento, la ley sigue suspendida mientras el tribunal de apelaciones delibera, aunque el gobernador Abbott anunció que su Estado seguirá con los arrestos a migrantes ilegales.

¿Qué es la ley SB4 de Texas?

La ley SB4 es una legislación estatal de Texas que establece medidas más estrictas para los migrantes ilegales que se encuentran en el Estado. Penaliza los ingresos ilegales al territorio y los cataloga como un delito estatal, además de que permite a las autoridades detener personas de forma arbitraria si se sospecha que son migrantes ilegales.

La policía estatal y local podrá solicitar a cualquier persona sus papeles migratorios o identificación (sin importar que tenga conductas sospechosas o no), y si no pueden demostrar su ciudadanía o un estatus migratorio legal, estarían en riesgo de ser deportados a México bajo autorización de un juez estatal, sin importar su país de origen.

De igual forma, la ley establece que se destinarán 1.500 millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo, del cual se usarán de entre 20 a 30 millones de impuestos de los contribuyentes por cada 1,6 kilómetros.

¿A quiénes afecta?

Esta nueva ley concierne en su mayoría a los migrantes ilegales en Texas, ya que si son detenidos serían acusados de un delito y el gobierno local los deportaría. Sin embargo, la ley también afectaría a residentes latinos o de otras minorías, ya que podrían ser detenidos de forma arbitraria. De igual forma, aquellos migrantes ilegales que tengan más tiempo en Texas y que no hayan conseguido la ciudadanía o un permiso de residencia podrían ser deportados.

El gobierno de México emitió un comunicado en el que cuestiona las provisiones legales que “afectan los derechos humanos de más de 10 millones de personas de origen Mexicano que viven en Texas”, el cual le podrá dar paso a “ambientes hostiles en el que la comunidad migrante estará expuesta a discurso de odio, discriminación y perfilación racial”, y rechazó la posibilidad de recibir a migrantes deportados. Tanto el gobierno de Joe Biden y la ACLU, además de otros grupos enfocados en los derechos civiles, han resaltado que la migración es un tema ejercido por la autoridad federal y que Texas viola la Constitución al buscar implementar la SB4.

De acuerdo con un reporte de NPR, las autoridades locales no saben exactamente cómo funcionará la ley, y algunos miembros han mostrado dudas sobre posibles escenarios, como el curso de acción que tendrían que seguir si arrestan a un migrante que cruzó a Estados Unidos por otro Estado pero fue detenido en Texas. Sin previsiones apropiadas, las comunidades migrantes o minorías raciales podrían encontrar diversos problemas si se implementa la ley. LA SB4 pide que se destinen recursos como el espacio en las cárceles, el tiempo de los agentes de Texas y el dinero de impuestos locales a labores que han sido responsabilidad del gobierno federal. Sin embargo, en recientes audiencias se ha resaltado que aún no existe una organización clara para trabajar en conjunto con el Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos.

Otro reporte de ImmigrationForum señala que la ley también podría afectar al Estado de distintas formas: la estricta postura en cuanto a la aplicación de las leyes de inmigración puede disuadir a empresas, organizaciones y turistas de invertir en Texas o de visitarlo, algo similar a lo que ocurrió con la ley SB1070 de Arizona. Además, podría reducir las contribuciones económicas de los inmigrantes en Texas, que desempeñan un papel importante en diversas industrias y aportan miles de millones a la economía del Estado.

¿Cómo surgió la ley SB4?

La primera ley SB4 de Texas prohibió las ciudades santuario en el estado de Texas en 2017, como respuesta al flujo de migrantes extranjeros en el Estado. Según GlobalRefuge, las ciudades santuario tienen una política que “impide a las fuerzas del orden locales preguntar sobre el estatus migratorio de las personas, a menos que implique la investigación de un delito grave”.

Esta SB4 fue presentada el 15 de noviembre de 2016 por el senador Charles Perry. Se debatió durante la temporada ordinaria de la 85 Legislatura de Texas a principios de 2017, y fue promulgada por el gobernador Greg Abbott el 7 de mayo de 2017.

En noviembre de 2023, el Senado y la Cámara de Representantes de Texas votaron a favor de la ley estatal SB4 (2024), que fue firmada por Abbott el 18 de diciembre de 2023. Esta ha llegado a ser conocida como la “ley antimigrante”

La ley iba a entrar en efecto el 5 de marzo; sin embargo, su aplicación se aplazó debido a las impugnaciones legales tanto del gobierno estadounidense como de la ACLU. Seguido de esto, un juez de distrito dictó una orden preliminar para detener la aplicación de la ley a la espera de nuevos procedimientos.

Texas apeló a esta medida cautelar ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que solicitó asesoramiento al Tribunal Supremo. Aunque en un principio el Tribunal Supremo permitió la aplicación de la ley, el tribunal de apelaciones la bloqueó.

Al momento se realiza una audiencia en el Quinto Circuito para determinar si se mantiene la medida cautelar del juez de distrito, lo cual signifca que la aplicación de la SB4 se encuentra detenida.

La Ley SB4 del Senado causó que Estados Unidos presentara una demanda contra Texas, la cual alega que la ley es anticonstitucional.

El juez de distrito David Alan Ezra dictaminó que el proyecto de ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos. La cláusula de conflicto de leyes establece que la Constitución, las leyes federales dictadas en virtud de ella y los tratados celebrados bajo su autoridad constituyen la “Ley suprema del país”, lo que significa que tiene prioridad sobre cualquier ley estatal en conflicto.

Esta batalla legal se mantendrá mientras se siga discutiendo la aplicación de la SB4.

Sobre la firma

Alonso Martínez
Es redactor SEO para la EL PAÍS in English, con base en Ciudad de México.

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