Los “traidores” que hablaban al oído de Nicolás Maduro

En 2018 todo empezó a ponerse peor para Nicolás Maduro. Fue otro año como este 2024, en el que tocaba hacer elecciones presidenciales en Venezuela y los votos se le escapaban. El líder chavista decidió convocar anticipadamente los comicios; eliminó cualquier competencia que amenazara con sacarlo del poder echando mano de inhabilitaciones de candidatos y otras maniobras judiciales ya conocidas; y entró en arenas movedizas donde su legitimidad se fracturó. Ese año la comunidad internacional se cruzó de brazos en señal de desaprobación a su reelección considerada viciada. Se rompieron relaciones, se degradaron embajadores a encargados de negocios.

El presidente llegó a ese 2018 tras un mandato sobrevenido a la muerte del comandante eterno de la revolución, Hugo Chávez. Maduro resistió meses de intensas protestas que sus fuerzas de seguridad reprimieron con violencia, lo que hoy la Corte Penal Internacional investiga como posibles crímenes de lesa humanidad; atravesó el incendio de la hiperinflación, la brutal escasez de alimentos y medicinas y los primeros picos de migración masiva de venezolanos. Pero esta semana el mandatario ha rebobinado el casete de ese año y ha encontrado algo mucho más grave: la traición estaba hablándole al oído en cada Consejo de Ministros.

El sucesor de Chávez ha confesado en televisión que desde enero de ese 2018, cuando la crisis comenzó a complicarse aún más, conspiraba en su contra Tareck El Aissami, el alfil que él mismo puso a su lado como su vicepresidente durante año y medio. No solo era el segundo a bordo, sino a quien le encomendó la tarea todavía pendiente de recomponer la economía y librar la cruzada contra la inflación. En medio de esa batalla los venezolanos sufrieron una devaluación insostenible de la divisa local, el bolívar, hasta que el Gobierno admitió la circulación libre del dólar y terminó adoptando la abreviatura REF —de referencia—, con la que hoy se indican todos los precios en el país.

Maduro ha comenzado a mover piezas en el rompecabezas que desde hace varias semanas ha estado revelando por entregas el fiscal Tarek William Saab, una trama cada vez más enrevesada. Bautizada como PDVSA Cripto, esta red perdió 21.000 millones de dólares del erario público por la venta de petróleo en el mercado negro. La madeja de este hilo comenzó a jalarse un año atrás. El Aissami, como ministro de Petróleo, renunció a su cargo mientras detenían a otros funcionarios y desapareció del mapa sin dar mayores explicaciones. Hace unas semanas dio señales de vida: el fiscal Saab difundió unas fotos en las que se ve al exministro esposado entrando en un tribunal.

No se sabe en qué circunstancias lo detuvieron ni cómo. Luego de ocupar casi todos los cargos en la revolución y de ser un superministro, ahora lleva el título de traidor. En las últimas revelaciones, el ministerio público vinculó a la misma conspiración, aparentemente gestada por videollamadas de Zoom, el empresario Samark López y opositores acérrimos de su Gobierno como Julio Borges y Leopoldo López. Ambos viven en el exilio y sobre los dos pesan órdenes de captura y extradición, pero están enfrentados políticamente entre sí desde hace más de una década.

Los audios han comenzado a correr para darle un giro a la trama de corrupción hacia una conspiración política internacional. “Estoy tomando nota como si estuviera en primer semestre de una carrera que desconozco”, le dice Samark López a Borges cuando este le pregunta qué mensaje le va a transmitir a El Aissami de la conversación en la que aparentemente buscaban establecer un canal de comunicación directo con el Gobierno en medio de la pandemia.

El fiscal Saab ha presentado grabaciones de 2020 y testimonios recogidos en los interrogatorios hechos a Samark López, vestido con el mono azul que llevan presos. En uno de los audios entre Borges y el dirigente Carlos Ocariz, el empresario hace su análisis de cómo podría ser una transición política en Venezuela, un escenario en el que tendrían protagonismo los dirigentes opositores, El Aissami y López —sancionados y con bienes bloqueados en Estados Unidos desde 2017— y el exembajador estadounidense James Story. En otra conversación con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, difundidas con cortes y sin mayor contexto para entender los planes que se están orquestando, el implicado se permite una reflexión política. “A veces, cuando hablamos de dictadura, me parece muy pesada la palabra, me la cuestiono, como buen demócrata. Pero si algo es dictadura es esto de ahora”, comenta Samark López.

El fiscal ha asegurado que Julio Borges y Leopoldo López —prisionero en Ramo Verde desde 2014 y luego en casa por cárcel hasta 2017— forman parte de los negocios corruptos de PDVSA incluso antes que El Aissami. Son de la época de Rafael Ramírez, al que Chávez puso al frente de la industria por casi una década y fue defenestrado en una de las primeras purgas del chavismo en tiempos de Maduro. Los opositores, que han sido siempre sospechosos habituales de cualquier conspiración denunciada por el Gobierno, recibirían parte de la renta petrolera a través de contratistas de las que eran cercanos. “La historia de estos personajes es vomitiva”, comentaba esta semana el fiscal en televisión, entre una presunta evidencia y otra sobre el caso PDVSA Cripto, que ya suma 67 detenidos. “Leopoldo López participó activamente en el golpe de Estado de abril de 2002, es firmante activo del Carmonazo (el decreto emitido por Pedro Carmona cuando tomó el poder en 2002), al igual que María Corina Machado. No creen en la ruta electoral”.

Leopoldo López ha respondido a las revelaciones con un desafío. “Tú también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. A ti también te tienen grabado”, escribió en X arrobando al fiscal. Así, ha reconocido tener contactos con funcionarios del Gobierno y de las fuerzas de seguridad para intentar mostrar las grietas que tiene Maduro en su propia casa. Ocariz ha dicho que se trata de falsas acusaciones y explica que los encuentros con Samark López servían para tender puentes con el Gobierno para implementar los acuerdos sociales negociados para atender la pandemia y buscar mejores garantías para las elecciones parlamentarias de ese año. Borges, en cambio, ha alegado que el fiscal intenta desviar la atención sobre las elecciones para las que faltan menos de tres meses, suficientes para que nuevos giros inesperados en esta trama puedan ocurrir.

Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.