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Un grupo de políticos alerta de “una tendencia dictatorial y antihistórica” en Venezuela

La Mesa de Reflexión Latinoamericana, liderada por Bachelet, considera un grave error del chavismo la expulsión del Alto Comisionado de la ONU y la detención de la activista Rocío San Miguel

Nicolás Maduro con su esposa, Cilia Flores, durante el lanzamiento de un programa social, en Caracas, el 16 de febrero.
Nicolás Maduro con su esposa, Cilia Flores, durante el lanzamiento de un programa social, en Caracas, el 16 de febrero.MIRAFLORES PALACE (Reuters)
Juan Diego Quesada

La represión de las últimas semanas en Venezuela está alentando una nueva corriente de opinión en contra del chavismo. Un grupo de intelectuales, políticos y académicos, unidos en lo que llaman la Mesa de Reflexión Latinoamericana, ha suscrito un documento que alerta del “panorama sombrío” que se cierne “sobre el futuro de la democracia venezolana”, advirtiendo de los riesgos de una “tendencia dictatorial y antihistórica”. Los más de 60 firmantes, liderados por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, consideran un “grave error político con irradiaciones en toda la región” la expulsión de Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la detención de la activista Rocío San Miguel, experta en seguridad e inteligencia militar.

San Miguel ha sido encarcelada en el Helicoide, la prisión del servicio de inteligencia venezolano. El fiscal, Tarek William Saab, la sitúa en el centro de una conspiración que tenía como objetivo dar un golpe de Estado y asesinar a Nicolás Maduro. Sin embargo, las pruebas que ha presentado por ahora el organismo acusador no tienen la suficiente fuerza para sospechar de la activista. Por ahora, se ha hecho pública la voz distorsionada de un militar que la señala con el dedo y mapas con los que supuestamente se preparaba el derrocamiento del sucesor de Hugo Chávez. Una de las funciones de San Miguel, de acuerdo a esta versión, era retransmitir en Twitter en tiempo real el asalto al poder chavista.

La comunidad internacional ha mirado con recelo las imputaciones a la activista, que ocurren tras semanas de detenciones arbitrarias de políticos y miembros de la sociedad civil, pero también de ciudadanos comunes, como un señor que grabó con el móvil al recién liberado a Álex Saab y fue apresado. Después le llegó el turno al Alto Comisionado de la ONU, que en un tuit criticó que San Miguel hubiese sido sometida a una “desaparición forzosa”, ya que después de que la interceptara el servicio de inteligencia militar no se informó que había sido detenida ni dónde se encontraba. Ni su abogado ni su familia pudo contactar con ella durante días. El asunto alteró de tal forma a los jerarcas chavistas que ejecutaron la expulsión de todos los funcionarios de la entidad.

edificio gubernamental El Helicoide
El Helicoide en Caracas, el 14 de febrero.Miguel Gutiérrez (EFE)

“Para el resto de América Latina no es ajeno lo que ocurra en Venezuela, menos si ello enfrenta a Naciones Unidas y la plena vigencia de los derechos humanos. Hemos llegado a un año donde se aproxima una elección presidencial, pero la tendencia asumida por el gobierno de Venezuela contra los opositores y críticos a sus políticas anticipan un nulo reconocimiento a los resultados de esa consulta electoral. El gobierno del presidente Maduro ha quebrado los compromisos acordados en Barbados entre el oficialismo y la oposición”, se lee en el texto que ha hecho público la Mesa de Reflexión Latinoamericana, en la que se encuentra también el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, o el excandidato presidencial colombiano, Sergio Fajardo. “La democracia venezolana”, continúa el escrito, “solo recuperará el camino hacia una condición de respeto en el mundo si sus ciudadanos pueden entregar su voto en un escenario de plena vigencia de los derechos humanos y de libertades políticas donde la pluralidad sea efectiva”.

El grupo destaca que las carencias bajo las cuales vive el pueblo venezolano “son evidentes”. La alimentación, expresan, es precaria y la pobre ha aumentado, lo que ha provocado el gran éxodo de venezolanos a otros países, como el caso de Colombia, que ha recibido a dos millones. “Los colaboradores del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos han estado allí para detectar la realidad y desde esas verdades contribuir a diseñar los planes del gobierno para superarlas. Expulsarlos por hacer su tarea solo expresa una miopía política y una obstinación autoritaria en mantener el poder, por encima de una mirada conjunta como nación sobre las mejores vías para salir de la crisis”, añaden.

Los intelectuales apelan al Consenso de Brasilia, un mecanismo de integración sudamericana, del que forma parte Venezuela, que tiene objetivo es fortalecer los lazos entre los países vecinos más allá de la ideología de sus gobiernos, que en el pasado ha supuesto dejar en suspenso proyectos comunes. A su entender, los recientes anuncios del Gobierno de Maduro van “en sentido contrario”. “Esto reclama mayores esfuerzos a los gobiernos, de las fuerzas políticas y de la comunidad regional para lograr que esa tendencia dictatorial y antihistórica no se consolide”.

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Sobre la firma

Juan Diego Quesada
Es el corresponsal de Colombia, Venezuela y la región andina. Fue miembro fundador de EL PAÍS América en 2013, en la sede de México. Después pasó por la sección de Internacional, donde fue enviado especial a Irak, Filipinas y los Balcanes. Más tarde escribió reportajes en Madrid, ciudad desde la que cubrió la pandemia de covid-19.
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