La deuda de Uruguay con las mujeres entra en la agenda de un año electoral
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer advierte sobre la baja participación política de las mujeres en puestos clave del Estado uruguayo
Uruguay arranca el año electoral con una nutrida lista de asignaturas pendientes para avanzar hacia la igualdad de género y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En el país sudamericano, de 3,4 millones de habitantes, se registra una de las tasas de femicidios más altas del continente, las mujeres electas en 2019 representaban solo el 19% del Parlamento y la educación sexual integral lejos está de aplicarse cabalmente. Estos son algunos de los aspectos críticos que aborda un reciente informe del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que exhorta al Estado uruguayo a superar las barreras que impiden poner en práctica las leyes en favor de la igualdad aprobadas desde 2016, cuando la CEDAW emitió su evaluación anterior sobre Uruguay.
Entre las reformas legislativas hechas desde entonces, el informe destaca la aprobación en 2017 de la ley 19.850 sobre violencia hacia las mujeres basada en género. Uruguay, según la CEPAL, es el tercer país de América Latina —junto a El Salvador— con la tasa más alta de femicidios (1,6 cada 100.000 mujeres), solo por detrás de República Dominicana (2,9) y Honduras (6). De acuerdo con el estudio El feminicidio en Uruguay, entre 2001 y 2022 se identificaron 615 casos en territorio uruguayo; en 2022 hubo 37 feminicidios y 38.251 denuncias por violencia de género. Este flagelo motivó que en 2019 el Gobierno de turno declarara el “estado de emergencia nacional”, que en los hechos no tuvo mayor impacto, según coinciden las organizaciones sociales y feministas.
Frente a este panorama, el comité de expertos de la ONU exhorta al Estado uruguayo a aumentar los recursos humanos, técnicos y financieros para la “aplicación estricta” de la ley de 2017. El informe, emitido a fines de octubre pasado, destaca la instalación de dos juzgados especializados en violencia de género en el noroeste y sureste del país, pero observa “largas demoras” en establecer órganos similares en el resto del territorio. También resalta la creación de una línea telefónica de ayuda contra la violencia de género las 24 horas y el aumento en un 50% del presupuesto asignado al sistema de respuesta del Instituto Nacional de las Mujeres. Por otro lado, denuncia las múltiples insuficiencias que persisten en la prevención de este delito, la atención a las víctimas y el acceso a la justicia.
“El informe está alineado con lo que las organizaciones feministas y los movimientos sociales demandamos al Estado desde hace tiempo, como la asignación de presupuesto y la adopción de medidas concretas, para que las leyes que tenemos, que son muy buenas, no se queden solo en el papel”, dice a EL PAÍS Helena Suárez Val, activista e investigadora uruguaya, autora del sitio web Feminicidio Uruguay. Suárez valora positivamente que la ONU se pronuncie en ese sentido, pero duda de que la situación vaya a cambiar en el corto plazo, porque la igualdad entre hombres y mujeres “está por fuera del centro de las discusiones políticas en Uruguay”. “Empieza la campaña electoral y el tema no está jerarquizado”, dice en alusión a las elecciones generales de octubre de 2024.
La investigadora considera que la sociedad uruguaya va a la zaga de lo planteado en la ley integral sobre violencia de género, cuando generalmente son las leyes las que recogen el cambio social. “Para eliminar la violencia por razones de género se requieren cambios culturales estructurales, en los que la educación es clave”, sostiene. Y se pregunta: “¿Cuánto estamos haciendo por preparar a las personas para una vida social igualitaria?”. Asimismo, insiste en la necesidad de que las leyes locales se traduzcan en medidas reales sostenidas por presupuestos que estén a la altura de la gravedad del tema. “Para lograrlo”, asegura, “es necesario que haya mujeres feministas y hombres con esa perspectiva en lugares de toma de decisión”.
La baja participación política de las mujeres en puestos clave del Estado uruguayo, pese a contar con una ley de cuotas desde 2009, es otro de los aspectos en que la CEDAW hace hincapié. Como resultado de los comicios generales de 2019, las mujeres electas senadoras y diputadas representaban solo el 19,2 % del Parlamento; dos mujeres fueron nombradas ministras en un total de 14 ministerios y dos mujeres pasaron a ocupar el cargo de intendentas (alcaldesas) en un país con 19 departamentos. Estos indicadores “son muy malos”, dice a EL PAÍS la politóloga Verónica Pérez, al tiempo que los avances legislativos para que mejoren “son muy lentos o inexistentes”. “La mayoría de los países de América Latina votaron leyes de paridad. Uruguay no lo ha hecho y es difícil que lo haga”, sostiene.
Para la politóloga, este nivel de participación política de las mujeres “no se condice con otros avances que ha hecho Uruguay en otras áreas”, y cita como ejemplo la ley que despenalizó el aborto en 2012 y lo colocó a la vanguardia en América Latina. Países como Argentina, México, Costa Rica tienen Parlamentos paritarios o cuasi paritarios, tal y como lo remienda la CEDAW. ¿Por qué es tan difícil votar una ley de paridad en Uruguay? “No es fácil porque estas leyes tienen que ser votadas por quienes se van a ver ´perjudicados´ por ellas. Habrá hombres que tendrán que dejar su lugar a las mujeres”, dice. Además, explica que para aprobar una norma de este tipo en Uruguay se requieren mayorías especiales en ambas cámaras legislativas. “Eso lo hace aún más difícil”, apunta.
Uruguay tampoco saca buena nota en materia educativa, según se desprende del informe de la CEDAW. En ese apartado los expertos de la ONU critican la falta de aplicación del Programa de Educación Sexual de 2006 y el hecho de que esta disciplina no sea obligatoria en los planes de estudios. “Uruguay ha sido muy reticente a incorporar la Educación Sexual Integral en la enseñanza formal”, dice a este periódico la psicóloga Alejandra López Gómez. Durante los 15 años de los gobiernos progresistas (2005-2020), detalla la especialista, se avanzó de manera sostenida en la implementación de esta formación, pero con dosis de baja intensidad, una estructura lábil y magro presupuesto. “Con el cambio de Gobierno [en 2020 asumió una coalición de centroderecha], la educación sexual pasó a ser una actividad optativa en la enseñanza media. Un área prescindible”, afirma.
En sintonía con los expertos de la CEDAW, López sigue con preocupación este proceso, dado que la Educación Sexual Integral es considerada un derecho humano que contribuye —entre otras cuestiones— a la reducción de situaciones adversas, como la violencia en la pareja, según recoge un informe de la ONU del que López es coautora. “La agenda de derechos exige estar alerta porque los riesgos de retroceso siempre están. Se necesitan políticas públicas sostenidas, una ciudadanía activa y producción de conocimiento basado en evidencia”, resume. Como sus colegas, López espera que el informe de la CEDAW contribuya a que Uruguay asegure los mecanismos necesarios para que las políticas consagradas en el marco normativo sean accesibles para toda la población.
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