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El régimen de Ortega consuma el retiro de Nicaragua de la OEA

El aparato sandinista, señalado por múltiples violaciones a derechos humanos, arremete contra el organismo por considerarlo en la órbita de Estados Unidos

Daniel Ortega y Rosario Murillo
Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una imagen de archivo.RODRIGO ARANGUA (AP)

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de un extenso comunicado leído por su canciller Dennis Moncada este lunes 20 de noviembre, consumó el retiro de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA). Hace dos años “denunciaron” la Carta Interamericana y se inició el proceso de salida del foro político por estar en desacuerdo con las repetidas críticas contra Managua por las graves violaciones a los derechos humanos y la democracia.

“Nos retiramos definitivamente. Nicaragua ya no tiene ninguna relación, ya no somos miembros de ese infame organismo llamado OEA. Nicaragua, su pueblo y su Gobierno de reconciliación y unidad nacional quedan desligados, desvinculados de esa organización injerencista, instrumento de intervención del Gobierno unipolar y hegemónico decadente de los Estados Unidos de Norteamérica”, enfatizó la Cancillería sandinista. Moncada enumeró los supuestos “golpes de Estados” y la “injerencia” de la OEA en Latinoamérica a partir de los años cincuenta, iniciando con el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz en Guatemala hasta caer en la autorreferencia sobre lo sucedido en 2018 en Nicaragua: unas masivas protestas sociales que policías y paramilitares reventaron con violencia letal, pero que los Ortega-Murillo califican como “intento de golpe de Estado”.

“La OEA ha tenido de manera reiterada una actuación injerencista en contra de Nicaragua, transgrediendo los principios de no intervención en los asuntos internos, el respeto a la soberanía de los Estados y el derecho de los pueblos a elegir libremente su destino, principios reconocidos por el Derecho Internacional y contenidos en su Carta constitutiva. Esa acción intervencionista quedó demostrada con su involucramiento y actuación parcializada en el fallido golpe de Estado del 2018 en Nicaragua”, alega el régimen Ortega-Murillo en referencia a las protestas sociales que dejaron más de 350 muertos y el repudio mundial, incluida las reiteradas resoluciones de la OEA condenando la represión, exhortos a cesarla y buscar una solución negociada. Todos llamados que Managua desoyó.

En cambio, antes de renunciar a la OEA en noviembre de 2021 y activar el protocolo de salida, el régimen sandinista no sólo rechazó los 18 documentos condenando la represión aprobados por el Consejo Permanente, sino que confiscó y ocupó policialmente la sede que el organismo alquilaba en Managua. Un zarpazo que dejaba clara la ruptura de los Ortega-Murillo con la OEA, en especial con el secretario general, Luis Almagro, a quien en su momento opositores criticaron por la cercanía que mostró con la pareja presidencial mientras intentaba un diálogo diplomático.

“La OEA no tiene herramientas”

Luego, en enero de 2022, el régimen prohibió la entrada a Nicaragua a una alta delegación de la OEA que pretendía “establecer una agenda positiva que incluya otros temas importantes de desarrollo democrático y derechos”. Fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS confirmaron que todos los esfuerzos de la OEA para establecer puentes de diálogos fueron dinamitados por Ortega y Murillo. Francisco Mora, embajador de Estados Unidos ante la OEA, dijo que “el gobierno no quiere nada con la comunidad internacional, ni con la OEA ni Estados Unidos”.

“La OEA no tiene herramientas para presionar económicamente a Nicaragua”, pero la organización “seguirá ejerciendo presión política y diplomática” ante las constantes denuncias de abusos a derechos humanos y de ataques a la libertad de expresión.

Ante el vencimiento del plazo de la salida de Nicaragua del foro, la OEA emitió una resolución en la que hicieron “énfasis” en que el abandono “no deja sin efecto las demás obligaciones legales” del país en materia de derechos humanos. “Nicaragua sigue obligada a respetar todos los derechos humanos reflejados en las normas consuetudinarias; todos los derechos humanos contenidos en las convenciones multilaterales de derechos humanos de las que Nicaragua es parte”, plantea el organismo, a pesar de que los Ortega-Murillo nunca han acatado sus resoluciones.

El exasesor de la OEA Guillermo Belt señaló que la OEA no cuenta con mecanismos para obligar a un Estado miembro a cumplir con las obligaciones establecidas por la Carta de la organización.

“Los órganos políticos [la Asamblea General y el Consejo Permanente] pudieron y debieron hacer mucho más, dentro de sus atribuciones estatutarias, para presionar a la dictadura y hacerla respetar los derechos del pueblo nicaragüense”, apuntó Belt, quien fue asesor del secretario general Joao Baena Soares a finales de la década de los ochenta.

El exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields dijo a EL PAÍS que la OEA fue “eficiente” en el siglo pasado, en los años ochenta, pero que en la actualidad ha sido rebasada por un régimen autoritario como el de Ortega-Murilo.

“La OEA fue eficaz en el pasado. Lo vimos con Somoza. La posición que tomaron ayudó mucho. Lo vimos con el proceso de paz en Nicaragua, lo vimos con la celebración de las primeras elecciones libres, justas y transparentes en la historia de Nicaragua. Lo vimos cuando le quisieron dar un golpe de Estado a Enrique Bolaños… Pero ahora, en la actualidad, la OEA ha sido rebasada por las llamadas dictaduras del siglo XXI. Y Nicaragua es la primera dictadura en hacer quedar a la OEA con los pantalones abajo”, plantea McFields.

El exembajador, que renunció a su cargo en marzo de 2022, advirtió también de que Nicaragua se ha vuelto un patrón para los autoritarios de Centroamérica, aumentando la “intrascendencia política” de la OEA.

“El patrón que marcó Ortega lo está repitiendo ya Alejandro Giammattei en Guatemala. ¿Por qué lo digo? Invita a la OEA, firma acuerdos y respalda resoluciones del organismo. Todo eso lo hizo Ortega, pero Giammattei nunca desmonta las acciones de la fiscal Consuelo Porras y de Rafael Curruchiche. De nuevo, es algo similar a lo que hizo Ortega: firmó, invitó, acompañó, pero nunca desmontó la represión y los arrestos arbitrarios. Ortega es una escuela de abuso”, sostiene McFields, desnacionalizado por el régimen. “Una vez que Ortega retomó el control del país a sangre y fuego, hubo un cambio: el Gobierno ya no quería nada, ni con la OEA, ni con Estados Unidos. Ya estaba montado y afianzado porque sabía a lo que iba: a una deriva autoritaria al siguiente nivel, que la fue desempacando poco a poco, porque todavía cuando yo estaba ahí, en la OEA, en diciembre de 2021, habían comunicaciones con Almagro. Conversábamos y estábamos trabajando en la liberación de los presos políticos. Sin embargo, la dictadura no dijo que no y tampoco dijo que sí para liberarlos”.

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