Sin responsables por las muertes viales en Colombia: solo el 4% de los casos llega a juicio

Matar a una persona en un siniestro vial no tiene, prácticamente, consecuencias penales en Colombia. En los procesos por los más de 41.000 fallecidos de la última década, solo un 4% llegó a un juicio en el que se haya podido establecer qué sucedió, como un acto de verdad para las familias, o si hay algún responsable. Según las cifras obtenidas por EL PAÍS a través de un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación, el 94% de los casos apenas va en fase de indagación, la etapa inicial en la que un fiscal hace averiguaciones para definir si se puede armar un caso y presentarlo ante un juez. Los datos no son alentadores en un país en el que cada año mueren entre 6.000 y 8.000 personas en incidentes de tránsito y en el que las cosas se ponen cada vez peor. 2023, con 8.546 víctimas fatales, ha sido el año más letal en lo que va de siglo y 2024 suma, entre enero y noviembre, 7.396 fallecidos.

Casos como el de Julián Esteban Gómez Torres nunca llegaron a resolverse. Se trata del niño de Zipaquirá —un municipio de Cundinamarca— que se hizo famoso en 2019 por llorar de la emoción por el triunfo del ciclista zipaquireño Egan Bernal en el Tour de Francia. Con solo 12 años y el sueño de ser ciclista profesional como su ídolo, falleció en 2021 arrollado por un camión cuando entrenaba junto a su abuelo en la vía Zipaquirá-Cajicá. Su caso inspiró la ley 2251 de 2022, que ordena que el Estado cree una política de seguridad vial con un enfoque llamado sistema seguro, que resalta la vulnerabilidad de los actores en la vía. Julián Esteban tuvo ley, pero no justicia. Luego de tres años de un tortuoso proceso judicial, el pasado octubre la Fiscalía archivó el caso porque no pudo probar la responsabilidad del conductor del camión.

Mary Bottagisio, directora de la Liga Contra la Violencia Vial, teme que para las víctimas que vengan en los próximos años tampoco haya verdad, justicia ni reparación. “La gente se equivoca cuando cree que las familias solo quieren prisión y castigo. Nada más lejos de la realidad, no imaginan cuánto deseamos saber qué pasó, porque nos quedamos con muchas preguntas”, asegura. La directora de ONG que lleva 17 años apoyando la expedición de leyes por la seguridad vial, añade que el no encontrar responsables que asuman sus actos es un factor para perpetuar la siniestralidad vial, la segunda causa de muerte violenta en el país, solo por detrás del homicidio. Eso sí, el bajo resultado judicial no es exclusivo de los homicidios en accidentes de tránsito. La tasa de archivo de todas noticias criminales en Colombia en 2023 fue del 84,5%, según el más reciente informe de la Corporación Excelencia en la Justicia.

“Sin verdad no hay justicia, sin justicia no hay reparación y la sociedad entera queda sometida a la violencia vial”, asegura Bottagisio, quien conoce en carne propia las dificultades del sistema. En 2005, su hermana murió en Bogotá tras ser atropellada por el conductor de un bus intermunicipal. La familia, en medio del duelo, salió a buscar pruebas y testigos para evitar que el caso se archivara. En 15 meses, consiguieron justicia.

Fue una excepción a la regla, según las cifras que reporta la Fiscalía a partir del sistema de información del Sistema Penal Oral y Acusatorio. De las más de 41.000 víctimas fatales, más de 13.000 (un 33%) tienen sus casos inactivos. Solo unos 1.600, un 4% del total, lo están porque ya se está ejecutando una pena o porque se dio terminación anticipada. El resto, el 29%, ya se ha quedado a mitad de camino. Y la mayoría de los más de 27.000 casos que siguen activos van a paso lento. Por ejemplo, de las cerca de 3.000 víctimas fatales cuyos casos entraron al sistema en 2019, el 93% sigue en etapa de indagatoria. De las casi 4.800 víctimas que cuyas muertas se han investigado entre el 1 de enero y el 13 de noviembre de 2024, apenas 17 casos han llegado a juicio.

Un homicidio culposo, el que ocurre sin intención y en el que se enmarcan la mayoría de casos relacionados con siniestros viales, tiene una pena de 32 a 108 meses de prisión. El doloso, que ocurre con intención, tiene una pena de 208 a 450 meses de prisión. Las penas se pueden elevar por agravantes como conducir borracho, abandonar el lugar del choque o no tener licencia de conducción.

Luego de que una persona muere en un incidente en la vía, la familia debe constituirse como víctima y esperar que su caso vaya a reparto. “Cuando, por fin, consigues que el fiscal te atienda, este usualmente recomienda conciliar”, describe Bottagisio, recordando el caso de su hermana. Aunque ese es un mecanismo alternativo para administrar justicia, por medio de un acuerdo voluntario, no lleva a saber qué pasó por medio de pruebas e investigaciones.

Si la familia no concilia, empieza la etapa de indagatoria, en la que un técnico de la Fiscalía coordina con entidades como la Policía y Medicina Legal para conseguir unas primeras pruebas. En algunos casos, las familias también ayudan a recaudar pruebas para que el caso se consolide y avance a la fase de investigación, en la que se busca la imputación de cargos. Si todo eso se consigue, vienen las largas esperas para los juicios, en los que buscan condenas y, sobre todo, la reconstrucción sobre los hechos. Al duelo, se suma el peso del tiempo y el dinero invertido en abogados sin que, en la mayoría de ocasiones, se vean resultados. “Agotan a las víctimas”, resume Bottagisio.

Si el sistema falla al penalizar, también lo hace al prevenir, añade la experta. La Liga Contra la Violencia Vial ha tratado de incorporar en el Código Penal delitos contra la seguridad en el tráfico. Busca que conductas de riesgo como conducir a muy alta velocidad, no detenerse ante una luz roja o consumir alcohol antes de manejar no sean sancionadas como infracciones administrativas, sino como conductas delictivas, como ya sucede en España o Francia.