El deterioro de la relación de Petro y el Congreso mantiene en vilo las reformas sociales

La relación entre Gustavo Petro y el Congreso de la República se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. En los primeros seis meses de Gobierno, el único presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia logró, contra todos los pronósticos, una poderosa coalición legislativa con los partidos tradicionales que le permitió tener la mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara de Representantes, y sacar adelante una ambiciosa reforma tributaria. Pero esa coalición hoy está desintegrada, el Gobierno ha perdido poder y Petro no tiene garantizados los votos necesarios para los proyectos de ley que radicará en los próximos días. El cambio en el panorama del Congreso llevó a que el año pasado el Legislativo solo aprobara la reforma pensional, y hundiera las de salud y educación. El presidente espera que, en los dos años que restan de Gobierno, apruebe las reformas laboral, a la justicia, los servicios públicos, y la minería. Sin embargo, se enfrenta a una oposición fortalecida, al desgaste propio de dos años en el poder y a las devastadoras consecuencias del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riegos y Desastres (UNGRD), en el que están salpicados varios ministros y ocho congresistas, por supuestamente intercambiar dinero y contratos por votos.

Al inicio del Gobierno, Petro consolidó una inesperada fuerza legislativa comandada por Roy Barreras, entonces presidente del Senado, y David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, que tuvo como aliados a congresistas del partido Conservador, del Partido Liberal y del Partido de la U, tres formaciones de derecha y centroderecha que llegaron al Gobierno sin compartir sus convicciones políticas. Los votos de esos tres partidos, más los oficialistas del Pacto Histórico, Comunes, el Partido verde y las curules de paz lograron la aprobación de una reforma tributaria ambiciosa y progresiva, del histórico plan de desarrollo que tenía como eje transversal el cuidado del agua y de la ley de paz total, principal apuesta del Gobierno para acabar con el conflicto armado. En ese entonces, el Ejecutivo contaba con el voto de 75 de los 106 senadores y de 125 de los 186 representantes a la Cámara.

Sin embargo, la luna de miel entre el Gobierno y el Legislativo tenía los días contados. Petro lo sabía desde que llegó al poder. “Es necesario aprobar estas reformas en el primer año de mandato. No creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primer año. O lo hacemos en este, con el viento a favor, o después la historia nos mandará hacia otros lares”, dijo en una de las primeras reuniones con su bancada. A la mitad del primer semestre de 2023 la relación comenzó a deteriorarse. El presidente se empecinó en una reforma a la salud que la mayoría de las fuerzas políticas veía con recelo. Su insistencia hizo que la coalición legislativa se rompiera definitivamente, pues sacó del gabinete a ministros de La U y conservadores, y estas colectividades se declararon oficialmente como independientes. Casi al tiempo, sacó a sus ministros moderados como Cecilia López, Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo.

Durante el segundo semestre de 2023 y el primero de 2024, Petro priorizó esa reforma por encima de la pensional y la laboral, pero no fue suficiente. En el tercer debate, la mayoría de senadores de la Comisión Séptima decidieron hundir el proyecto. Fue la mayor derrota política de Petro en lo que va del mandato, y reaccionó con un discurso más radical. Pocos días después, habló por primera vez de una asamblea nacional constituyente para “hacer cumplir el mandato popular que lo había elegido”. Su idea de cambiar la popular Constitución del 91 generó rechazó en casi todos los sectores políticos, desde el Centro Democrático hasta el Pacto Histórico.

Sin embargo, la ruptura no era total. Cuando parecía que la vía legislativa estaba agotada y Petro buscaba otros caminos para sus proyectos, logró en tiempo récord la aprobación de la reforma pensional y la salvación de la reforma laboral. En ambos casos fue determinante la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, una veterana sindicalista del Partido Comunista que fue capaz de llegar acuerdos con distintos sectores políticos. La clave de sus victorias fue escuchar y ceder. Al final, Petro celebró la aprobación de la reforma pensional como el mayor logro social para los trabajadores en el siglo XXI, y revivió su idea de hacer un gran acuerdo nacional en el Congreso sobre algunos pocos temas fundamentales.

Fue con ese escenario más distensionado, durante los últimos meses del anterior periodo legislativo, que estalló el peor escándalo de corrupción de este Gobierno. Sneyder Pinilla, exdirectivo de la UNGRD, confesó que el Gobierno había pagado millonarios sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, para que ayudaran a aprobar las reformas sociales. Esas denuncias siguen en investigación. Después se conocieron las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en las que acusa al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a otros miembros del gabinete de ofrecer contratos a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público con el objetivo de que aprobaran los préstamos internacionales necesarios para el funcionamiento del Estado. López también afirma que uno de esos contratos estaba destinado a financiar a la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca.

Aunque aún no hay pruebas concluyentes, el escándalo de corrupción que parece no haber terminado aún ha ido minando la confianza de la ciudadanía en el Gobierno, y ha deteriorado la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Parece difícil que el Congreso apruebe las reformas del presidente sin que antes se aclare la responsabilidad de los implicados. Sin embargo, en el que parecía el momento más complejo en la relación de los dos poderes, Petro emprendió una estrategia de acercamiento. Nombró a Juan Fernando Cristo como ministro del Interior con el objetivo de tender puentes con todos los partidos en búsqueda de un acuerdo sobre proyectos y propuestas concretas, en las que ha señalado que son prioritarias el plan de reactivación económica, las reformas laboral, que sigue su trámite, y a la salud, que se va a presentar con varias diferencias a la que ya se hundió.

Cristo es un hombre liberal, con experiencia como congresista y moderado, que llegó al Gobierno con el propósito de destrabar las reformas y bajarle el tono al debate. En una entrevista reciente con EL PAÍS, el nuevo ministro negó cualquier posibilidad de que el Gobierno busque ampliar el mandato o permitir la reelección del presidente. Además, reveló que no va a radicar los proyectos sin antes socializarlos con los distintos sectores políticos para buscar encontrar consensos con la idea de que no se hundan. Este proceso de diálogo ya arrancó con distintas bancadas — este martes fueron La U y los verdes— y pronto puede dar frutos.

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