Supersalud tiene la razón

El superintendente de Salud tiene la razón cuando dice que la salud en Colombia no se puede estatizar porque eso sería una catástrofe. El problema es que eso es lo que están haciendo al intervenir a las EPS, pues el sistema va a quedar en manos de unos funcionarios designados por el Gobierno. No me sorprende que esa política se imponga después de que el sistema colapsara a partir del momento en que la unidad de pago por capitación se fijó por debajo de los costos reales de los servicios que se estaban prestando. Ya nada nos sorprende en Colombia.

Si la Cámara de Representantes aprueba la reforma es digna de todos los elogios y si el Senado de la República la niega es porque unos corruptos financiados por empresas internacionales los sobornaron, entonces la reforma se hace por la puerta de atrás sin que el Congreso le dé su visto bueno. Empezamos el debate del proyecto discutiendo si era una ley ordinaria o una ley estatutaria, lo que habría exigido una mayoría superior, y ahora se adopta por decreto.

Estamos hablando de 26 millones de usuarios por ahora y que en breve serán muchos más porque ninguna de las EPS aguantará la presión financiera. Algunas ya se le han adelantado al venado, como Compensar, para pedir que las liquiden de una vez.

Los datos suministrados por la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud son claros al advertir que las pérdidas de las EPS son de cinco billones de pesos y la cartera de las clínicas y hospitales supera los 16 billones.

El exministro de Salud y expresidente de Acemi Jaime Arias dice que Sura puede llegar a perder este año 800.000 millones de pesos.

Las intervenciones a las EPS hasta ahora han sido un fracaso, casi todos los exsuperintendentes lo certifican, excepto si hay signos evidentes de corrupción. La filtración de un concepto preliminar de la Contraloría General de la República sugiriendo malos manejos tuvo que aclararse mediante un comunicado en el que se advierte que se trata de un informe preliminar que aún se encuentra en etapa de traslado de las observaciones a las EPS para que atiendan las inquietudes y cuestionamientos del ente de control.

Fuera de la sensación de incertidumbre, que invade a los pacientes en virtud del extenso debate de la política del ramo, hay un efecto colateral que tiene que ver con el crudo enfriamiento de la relación entre el Gobierno y el Congreso. El lenguaje ha sido hirsuto. “Nos derrotaron”, dijo el presidente Gustavo Petro. “No unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Nos derrotó una violación flagrante de la Constitución y la ley. Mírese por donde se mire, recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos. Eso está prohibido por la Constitución y la ley. Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no sólo la privatización corrupta de la política sino la pérdida de la soberanía nacional”, agregó.

La respuesta del Legislativo no se hizo esperar. “Es inadmisible”, contestó el senador Iván Name, presidente del Congreso. “La afirmación del señor presidente Petro, según la cual la Comisión Séptima del Senado de la República decidió el archivo del proyecto de ley de reforma de la salud bajo influencias ilegales y corruptas. Las injurias y calumniosas declaraciones del Presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa. Parece olvidar que esta misma comisión fue la que aprobó en primer debate la reforma pensional, que hoy se encuentra en trámite en plenaria y dos veces se ha negado su archivo”.

La pregunta que se deriva de este enfrentamiento es si el Gobierno profundiza esta animadversión convirtiendo al Congreso en el malo de la película y el obstáculo para el proceso constituyente o saca una bandera blanca para intentar la concertación que el país necesita.

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