Colombia vuelve a debatir el legado de la comisión contra la impunidad en Guatemala

La próxima fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, tiene una destacada hoja de servicios como investigadora de políticos poderosos. Dentro y fuera del país, como deja claro su currículo. De rebote, su trabajo como jefa de investigación y litigio en la disuelta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha vuelto a poner al país centroamericano como un inesperado invitado del debate político colombiano en el proceso que llevó a su elección.

Con altibajos, la historia de las relaciones entre los dos países acumula varios capítulos. En el más reciente, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea, salió ovacionado de Ciudad de Guatemala en enero, cuando asistió a la toma de posesión de Bernardo Arévalo. El colombiano cerró filas en defensa del guatemalteco, que enfrentaba el enésimo intento por evitar su llegada al poder. Desde que el candidato del Movimiento Semilla ganó las elecciones, la Fiscalía centroamericana en cabeza de Consuelo Porras intentó torpedear su posesión con la apertura de varios procesos judiciales.

El grueso de la comunidad internacional, desde el español Pedro Sánchez hasta el chileno Gabriel Boric, denunció esas maniobras como un ataque a la democracia, pero pocos respaldaron a Arévalo con tanto fervor como Petro. Fue uno de los únicos líderes que se mantuvo firme en su promesa de no abandonar Guatemala hasta que el nuevo mandatario hubiera asumido. Esa audacia fue reconocida.

No era la primera ocasión en que Petro, alineado con el mensaje de lucha contra la corrupción del también progresista Arévalo, se posicionó nítidamente con respecto al país centroamericano. Justamente un año antes, cuando Arévalo ni siquiera era considerado un contendor en las presidenciales, la muy cuestionada Fiscalía guatemalteca acusó por sorpresa al ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez. “Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”, declaró Petro entonces, de camino al Foro Económico Mundial de Davos. El legado de la Cicig se convirtió en foco de discordia.

La acusación del fiscal Rafael Curruchiche se presentó en su día como un avance en las investigaciones de un caso que involucra a la constructora brasileña Odebrecht. Ese mismo fiscal, cuestionado en la propia Guatemala y señalado como actor corrupto por Estados Unidos, también pidió anular las elecciones en las que resultó elegido Arévalo, en lo que la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró un “intento de golpe de Estado”. Además, encabezó el proceso penal contra José Rubén Zamora, un reconocido periodista y fundador de elPeriódico, otro caso sin fundamentos que despertó la condena internacional. Su jefe, la fiscal Consuelo Porras, también está en esa lista negra del Gobierno estadounidense.

Petro sostuvo en su día que su ministro de Defensa era perseguido precisamente por los intereses que tocó cuando encabezó entre 2013 y 2017 la Cicig, que exhibió las entrañas corruptas del Estado centroamericano. Al frente de esa entidad, auspiciada por Naciones Unidas, Velásquez pisó callos, desmanteló decenas de estructuras de corrupción y se enfrentó con muchos poderes guatemaltecos. Petro incluso llamó a consultas en su momento a la embajadora colombiana en Ciudad de Guatemala, pero no llegó a romper relaciones con el Gobierno de Alejandro Giammattei.

Ese rocambolesco episodio ha sido recordado por ciertos sectores de derecha, en abierta oposición a Petro, con ocasión de la elección como fiscal general de Luz Adriana Camargo, que también fue señalada por la desprestigiada justicia guatemalteca y a quien Petro nominó a su nuevo cargo. Cadenas de desinformación mencionan falsamente que Camargo está pedida en extradición. Todos los observadores consultados coinciden en que esas pesquisas no tienen sustento, destilan un ánimo de retaliación y tanto Velásquez como Camargo gozan de inmunidad con respecto a su labor en la Cicig, de acuerdo con la ONU. Entre otros puestos, la penalista fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y como magistrada auxiliar trabajó con Velásquez en las investigaciones de la llamada parapolítica, que desnudaron los vínculos entre congresistas y grupos paramilitares. También de la mano del hoy ministro llegó a la Cicig, que investigó, entre muchos otros, al expresidente Otto Pérez Molina, quien acabó condenado por corrupción.

La Cicig, creada en 2006, fue un novedoso invento de la comunidad Internacional –con donantes como Estados Unidos, Suecia o España– que se puso en marcha cuando Guatemala pidió ayuda ante el riesgo de convertirse en un Estado fallido. Doce años después, a comienzos de 2019, el presidente Jimmy Morales decidió impedir el ingreso de Velásquez al país y después expulsar a la comisión, que lo investigaba por la presunta financiación ilegal de su campaña. El secretario general de la ONU, António Guterres, rechazó “enérgicamente” esa decisión, que desató una gran crisis institucional que aún retumba.

Desde muy diversas orillas, expertos han respaldado el trabajo de la Cicig, que ha sido exaltado, entre otras, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 70% de la población guatemalteca aprobaba su trabajo. “La Cicig hizo una contribución fenomenal en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Expuso entramados de corrupción en todos los órganos de gobierno y ayudó a desmantelar grupos criminales”, valora Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rigths Watch.

Se puede discutir si la Cicig lo hizo bien o no, pero evidentemente goza de un respaldo internacional que incluye a Estados Unidos, subraya el politólogo Mauricio Jaramillo Jassir. “No es el progresismo; la sociedad civil guatemalteca, en general, reconoce el trabajo de esa comisión”, añade en su valoración. “El principal reparo con Luz Adriana Camargo que tienen esos sectores de derecha, en concreto el uribismo, tiene que ver en el fondo con su trabajo investigando la llamada parapolítica”, apunta el también profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en Bogotá.

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