El canciller encargado desmiente a su subordinado y afirma que Thomas Greg no ha ganado la licitación de pasaportes

Parecía que la historia había terminado, pero no, se enreda más. Este lunes, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, revocó la decisión de declarar desierta la licitación de los pasaportes, decretada meses atrás por el canciller Álvaro Leyva ―suspendido a finales de enero por la Procuraduría por esa actuación— y firmó una resolución que entregaba el contrato, valorado en 599.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares), a la empresa Thomas Greg & Sons. La decisión resultó en su destitución pública ―vía X― a manos de un Gustavo Petro furioso. Poco más de 24 horas después, este martes, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, afirmó que Salazar no podía tomar esa decisión, por lo que la licitación sigue suspendida.

Según explicó Murillo en un video publicado en redes, Salazar “no tenía competencia para revocar el acto administrativo” que había emitido el año pasado su jefe y viejo aliado político, el canciller Leyva. Murillo recordó que el mismo Salazar “ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y por tanto contrarias a las instrucciones del Canciller”. En efecto, el saliente secretario general del Ministerio aceptó este lunes que actuó de forma autónoma. “No lo consulté sino con mi conciencia”, sentenció en Semana. Argumentó, sin embargo, que inconsulto no es lo mismo que ilegal: dijo que su determinación con ella cumplía todas las normas. “Después de hacer un estudio minucioso del tema de las normas constitucionales y de contratación estatal, encontré que no era viable mantener en vigencia la decisión del canciller Leyva”, aseguró en Noticias Caracol, señalando tácitamente al suspendido canciller de haberlas desconocido al suspender la licitación. “No quiero pasar a la historia como el viejito que dejó al país sin pasaportes”, agregó, horas después, en Caracol Radio.

Murillo también ha alegado que Salazar, un político conservador que fue congresista por el Caquetá y el Amazonas, y que llegó al Ministerio gracias al también conservador Leyva, se enteró el pasado 22 de febrero de que sería retirado de su cargo. Es decir, que cuando emitió las resoluciones que entregaban la licitación a Thomas Greg & Sons, ya sabía que saldría de su puesto. Por lo tanto, no habría sido retirado por la actuación por la que el presidente Petro lo tildó de traidor.

La mañana de este miércoles, el mandatario se sumó a Murillo y recrudeció sus ataques a Salazar. “No se puede declarar adjudicado un contrato cuando el superior jerárquico lo declaró desierto. El señor Salazar ha roto la ley y es a la justicia penal a la que le corresponde investigar los motivos”, declaró en X.

En medio de las críticas de Petro y del canciller encargado, W Radio reveló este miércoles que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dado por válida la decisión Salazar. Hace unos meses, Thomas Greg & Sons demandó al Estado por haber declarado desierta la licitación inicial. Este martes, el Tribunal inadmitió esa acción, pues encontró que el Ministerio le había enviado las resoluciones firmadas por el saliente secretario general y que con ella se revocó la decisión de Leyva de declarar desierta la licitación. “El despacho sustanciador encuentra que, en la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores aportó la Resolución N° 1394 del 26 de febrero de 2024, por medio de la cual se revocan directamente la Resolución 7485 de 2023 que declaró desierta la Licitación Pública No LP-001-2023 y la Resolución 7540 que resolvió un recurso de reposición”, se lee en el documento. Formalmente, le dio 10 días a la empresa para reformular su demanda. No está claro cuáles serán las consecuencias finales de esa decisión del Tribunal, más allá de que el proceso se enreda más.

Una nueva vida para el proceso de licitación

El comunicado del canciller encargado y la resolución del tribunal le dan una nueva vida a un largo y dramático proceso de licitación, iniciado en 2023. Todo empezó en mayo pasado. Faltaban cuatro meses para que caducara el contrato que había firmado años antes Thomas Greg & Sons con el Gobierno para fabricar las libretas de pasaportes. El Ministerio de Relaciones Exteriores abrió un nuevo proceso de licitación para elegir la próxima compañía que se encargaría de ello. Once empresas se presentaron, incluidas una alianza colombo-lusa entre Cadena y la Casa de la Moneda de Portugal, la alemana Veridos o la francesa IN Groupe.

En el proceso, el Ministerio recibió más de 400 quejas de los proponentes, que, entre otras cosas, argumentaban que el plazo de solicitudes era demasiado corto y favorecía al entonces contratista ―anteriormente habían pedido que el proceso se abriera con seis meses de antelación―. Tras la revisión, los abogados de la entidad encontraron que solo Thomas Greg & Sons cumplía con los requisitos, y quedó como único proponente habilitado.

Ante eso, el presidente Petro argumentó que en su mandato no se entregarán licitaciones cuando hubiera un solo proponente habilitado, a pesar de que la ley lo permite. “Todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia”, explicó en X. En junio, el canciller Leyva hizo caso a su jefe. Suspendió temporalmente el proceso licitatorio y prorrogó temporalmente el contrato vigente con Thomas Greg & Sons. Había empezado la larga historia.

Tras meses de drama, Leyva le dio en octubre pasado una prórroga de un año a ese acuerdo, que dura hasta octubre 2024. Desde entonces, Thomas Gregg & Sons ha demandado al Estado, la Procuraduría ha suspendido a Leyva y la Cancillería ha iniciado el trámite para abrir una nueva licitación. Ese proceso, a su vez, se suspendió el pasado 23 de febrero, explicó Murillo. El canciller encargado dice que “se mantiene suspendido (...) con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia”. Es decir, hoy Thomas Greg & Sons puede hacer los pasaportes hasta octubre, pero ni esta ni ninguna otra empresa tiene asegurado el servicio en el futuro. El Estado tampoco sabe quién los fabricará. La odisea continúa.

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