El primer acuerdo de paz debería ser no matar líderes sociales

Han pasado 18 meses del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien prometió convertir al país en potencia mundial de la vida y, a pesar de su empeño en lograr la paz total con procesos de negociación paralelos con guerrillas, paramilitares y bandas criminales, Colombia no deja de contar muertos, masacres, desplazamientos, confinamiento de poblaciones y constatar el envalentonamiento de la ilegalidad.

Siete años después de los acuerdos de paz en La Habana, los fusiles de los ilegales no se silencian. El odio continúa siendo una epidemia que rechaza la vacuna de la tolerancia y carcome la democracia. Por los ríos de las regiones más apartadas siguen bajando los cadáveres de las víctimas, solo que ya no se escucha el célebre estribillo: “nos están matando”. El desprecio por la vida sigue siendo el sello de nuestra realidad macondiana. El dolor es inmarcesible y no hay júbilo inmortal.

Para despertar de ese letargo, con la consigna “Para la guerra. ¡nada!”, miles de colombianos de la sociedad civil, los gobiernos locales, el Gobierno nacional y líderes políticos y de opinión se concentraron, el pasado 20 de febrero, en varias plazas del país y exigieron a los actores armados ilegales que dejen de matar a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz. Por unos instantes se registró en los medios, una vez más, la voz valiente y desgarrada de un sector de la población hastiada, honestamente, de la violencia fratricida, que no cesa en su empeño de proteger la vida, defender la democracia y hacerse oír en un país ensordecido por el conflicto armado, la polarización política, la corrupción y la crisis del proceso de paz con el ELN.

Aunque no se trató de una movilización de millones de personas, como sucedió antaño contra las Farc o durante el estallido social contra Iván Duque, ese día, nuevamente, en la Plaza de Bolívar se sintió con esperanza que el tema de la protección a la vida estaba de regreso a la agenda política, como lo fue durante la procuraduría de Fernando Carrillo Flórez y su campaña Lidera la Vida, que unió alrededor del ministerio público a la sociedad civil organizada, la cooperación internacional, el periódico El Espectador y Caracol Televisión.

Para muchos, la movilización del pasado 20 de febrero fue el punto final a un compás de espera al primer gobierno de izquierda en Colombia, para que pase de los discursos a los hechos y haga realidad la promesa de campaña de diseñar una audaz política pública que contribuya a detener la máquina de la muerte, que se devora impasible en las regiones los liderazgos sociales de hombres y mujeres que, literalmente, se juegan su vida por defender sus territorios del embate depredador de la ilegalidad armada, que a sangre y fuego destruye el tejido social, la naturaleza y los procesos comunitarios.

Precisamente, un informe de Amnistía Internacional, del pasado 9 de noviembre de 2023, sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, concluyó que “el cambio de Gobierno no significó mejoría alguna” en este tema.

Los números no mienten y la violencia contra los firmantes de paz y líderes sociales no ha cesado. Los ilegales matan igual en un gobierno de derecha que en uno de izquierda. En lo corrido del año se han contabilizado el homicidio de 20 líderes sociales y cinco firmantes de paz y diez masacres, según Indepaz. En total van 413 exguerrilleros de las Farc dejados sin vida por las disidencias.

A pesar de los esfuerzos del Estado, la comunidad internacional y la sociedad civil organizada, esa población víctima sigue siendo estigmatizada, perseguida, desplazada y asesinada, sin que, en la mayoría de los casos, se esclarezcan esos delitos, se capture a los autores materiales e intelectuales, y la sociedad despierte y exija a los actores armados ilegales respetar la vida y al Gobierno nacional diseñar una política pública eficaz, con recursos, que erradique la impunidad y la estigmatización, y detenga ese fenómeno que debilita la democracia y demuestra la incapacidad estatal para proteger la vida, ocupar los territorios y garantizar los derechos de los colombianos.

Las cifras de víctimas de la estigmatización y la intolerancia varían cada año, y cambian dependiendo de qué institución u organización las emita. Según la Defensoría del Pueblo en 2017 fueron asesinados 126 líderes; en 2018, 178; en 2019, 134; en 2020, 182; en 2021, 145; en 2022, 215; en 2023, 181. En 2024 ya van 20 casos. Los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba y Chocó.

Esas cifras, sin embargo, de acuerdo con el informe anual de violencia en Colombia 2023 de Indepaz, son mucho más bajas que las recopiladas durante los dos períodos del presidente Uribe, cuando la política de seguridad democrática no impidió que fueran asesinados, aproximadamente, 7.768 líderes y defensores de derechos humanos. Hay que recordar que, según las cifras de la JEP, en ese mismo período se evidenció, además, el fenómeno de los falsos positivos, que dejó un saldo de 6.402 víctimas mortales.

En comparación con los dos gobiernos anteriores, en la administración Petro las cifras por violencia contra defensores no se han reducido drásticamente, como se esperaba: en 2022, se registraron 215 casos; y en 2023, 181, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

Ante la incapacidad del Estado para responder a la crisis humanitaria generada por la violación generalizada y sistemática de derechos fundamentales de esa población, la Corte Constitucional declaró, el pasado 10 de diciembre de 2023, el Estado de Cosas Inconstitucional, ECI, y le ordenó al Gobierno nacional diseñar un Plan Integral de Protección a la Vida, con enfoque de género, asignando los recursos presupuestales para garantizar los derechos fundamentales de la población objetivo.

Es lamentable que sin importar que se decreten ceses al fuego con los actores armados ilegales en el marco del proceso de paz total, los asesinatos de los líderes sociales no se detengan y, por el contrario, puedan aumentar ante la eventualidad de una profundización de la crisis que vive la mesa de negociación con el ELN.

En medio de la pugnacidad y polarización política, la exigencia de una respuesta institucional al asesinato de los líderes sociales es hoy bandera de la oposición, incluso de la extrema derecha, que ahora luce preocupada por un tema que en el pasado ignoraba. Lo importante es que el Gobierno reaccione y cumpla lo ordenado por la Corte Constitucional.

En esa tarea es importante contar con las autoridades territoriales, alcaldes y gobernadores, que deberán incluir ese tema en sus planes de desarrollo, armonizándolos con el Plan Nacional de Desarrollo, así como cumplir con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Y, por supuesto, trabajar de la mano con la Fiscalía General de la Nación, que deberá dar un salto cualitativo en la lucha contra la impunidad, que es del 95% en este campo, según han denunciado las organizaciones sociales. De ahí, además, la importancia del arribo de una nueva fiscal, mucho más comprometida con la defensa de la vida.

Pero hay que dar un paso más: exigir en las mesas de negociaciones que los grupos armados ilegales asuman un compromiso público y verificable de no asesinar a los líderes sociales y firmantes de los Acuerdos de Paz. La voluntad de reconciliación debe expresarse de manera directa y expresa, parando la máquina de la guerra. Al igual que el fin del secuestro, el cese al fuego contra esa población debería ser un punto central de la agenda de negociación, la agenda política y la opinión pública. No para ganar votos, sino para salvar vidas. Y blindar la débil democracia, que muere a pedazos cada vez que asesinan un líder social y se trunca un proceso comunitario.

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