Petro encara los cuatro meses fundamentales para sacar adelante sus reformas en el Congreso

Esta semana inicia el semestre clave para que el Gobierno del presidente Gustavo Petro salve en el Congreso sus tres grandes reformas sociales. El problema es que aún no ha asegurado las mayorías ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes. Para que sea ley, a la reforma a la salud —principal apuesta legislativa del Ejecutivo— le hace falta superar con éxito dos debates, en la Comisión Séptima del Senado y después en la plenaria. La fecha límite para ello, incluida la usual conciliación de los textos con la Cámara, es el 20 de junio de este año, cuatro meses exactos a partir de este lunes. Si no ocurre así, el proyecto que generó la primera gran crisis de gabinete, y la que le ha consumido buena parte de su capital político, se hundirá. Aunque puede presentarlo de nuevo en agosto, el Gobierno habrá sufrido una fuerte derrota política.

Es un panorama complejo si se tiene en cuenta que el año pasado se necesitaron más de seis meses y 17 sesiones ordinarias para que la plenaria de Cámara aprobara este proyecto. De mantenerse ese mismo ritmo, la reforma que busca transformar de raíz el sistema de salud no llegaría a ser ley. Con una dificultad adicional: en la plenaria del Senado en principio es mucho más difícil para el presidente obtener el respaldo de los partidos Liberal, Conservador y de La U, que lo apoyaron en la Cámara. De hecho, este domingo el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, volvió arremeter contra esa reforma, y aseguró que Petro tiene una “desquiciada intención” de acabar con el actual sistema. Gaviria aún goza del respaldo de muchos senadores de su partido. Sin los votos de la bancada roja, el Gobierno requiere del apoyo total de los senadores de La U y conservadores, una opción casi imposible por los pronunciamientos públicos que han hecho estas colectividades sobre la reforma.

Pese a las dificultades, el presidente insiste en su proyecto. Para lograr solventar el primer obstáculo, la Comisión Séptima tiene dos aliados claves. Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, y presidenta de la Comisión, y Wilson Arias, fiel seguidor de Petro. De acuerdo con un informe sobre el nuevo periodo legislativo realizado por la empresa asesora Vali Consultores, Peralta ha fortalecido la propuesta legislativa con la realización de las audiencias públicas en distintas regiones del país. “El aporte de la sociedad civil, académicos y el sector de la salud en los territorios, refuerza el discurso de legitimidad del Gobierno”, dice Vali. En la Comisión Séptima será imprescindible que el Gobierno Nacional asegure el apoyo del senador santandereano Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, y mantenga el respaldo de la senadora del partido cristiano MIRA, Ana Paola Agudelo.

De lograrse esa aprobación, la reforma liderada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se enfrentará con la plenaria del Senado, que inicia la legislatura con 105 curules efectivas, tres menos de las normales, por las vacantes del uribista Ciro Ramírez, del difunto liberal Mario Castaño, y del excandidato presidencial Rodolfo Hernández. La configuración de la mayoría absoluta, a falta de cualquier cambio adicional, será con 53 votos. “La bancada de Gobierno, en la que todavía está el Partido Liberal, tiene 48 curules. No le alcanza. Esto obliga a conseguir acuerdos con partidos políticos declarados en independencia”, explica el análisis de Vali. A eso se suma la realidad de que las posiciones oficiales de las bancadas no determinan sus votos, y a las divisiones intestinas en muchas de ellas, como La U.

La reforma pensional, que ha generado menos rechazo en los partidos y en la opinión pública, va, sin embargo, con los tiempos más ajustados. Además, fue la única reforma que no se discutió en el segundo semestre del año pasado. Necesita superar tres debates antes del 20 de junio. Inicia en la plenaria del Senado, en principio el escenario más complejo. De salir adelante, pasará a la Comisión Séptima de Cámara y después a la plenaria. Se espera que el debate en la plenaria del Senado comience esta semana o a más tardar la próxima. Así lo anunció en diciembre el presidente del Senado, Iván Name, congresista del Partido Verde y fuerte crítico del Gobierno.

En la actualidad, el proyecto cuenta con tres ponencias radicadas, recuerda Vali: una positiva, suscrita por los senadores gobiernistas y que encabeza Martha Peralta; una ponencia alternativa, de la senadora Norma Hurtado, del partido de la U; y una que pide archivar la iniciativa, radicada por Lorena Ríos del partido cristiano Colombia Justa y Libres. Diana Ospina, gerente de cuenta de la consultora, explica en diálogo con EL PAÍS que el viernes pasado, primer día de sesiones del Congreso en este año, iniciaron las negociaciones entre el Gobierno y los partidos para lograr más consensos sobre esta reforma. “En la plenaria del Senado se anunció que van a hacer mesas de negociación para tener un texto que recoja las preocupaciones de todos los sectores”. La estrategia de llegar con un texto más o menos acordado puede ayudar a consolidar las mayorías y hacer más rápido el trámite, incluso si se quedan por fuera las bancadas opositoras.

La reforma más rezagada es la laboral, que apenas está comenzado su discusión en la Comisión Séptima de la Cámara. Tiene que superar al menos un debate en este semestre para no hundirse, algo que ya le ocurrió con una primera versión que presentó el Gobierno hace más de un año. Si supera esa Comisión, deberá tener mayorías en la plenaria de la Cámara y después iniciar su recorrido en el Senado. En 2023 alcanzó a debatirse, y los miembros de la Comisión aprobaron 15 de sus artículos, con los votos de representantes de la U, la Alianza Verde y el Partido Conservador. Es probable que el Gobierno logre sacarla adelante en la Comisión, e incluso en la plenaria de la Cámara. En el Senado, como en todas las reformas, las dudas son mayores.

Por ello, el Ejecutivo continúa en la búsqueda de respaldo internacional para la reforma laboral. “La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, junto con su homólogo mexicano Marath Bolaños López firmaron un acuerdo de cooperación destinado a impulsar y fortalecer la protección laboral de ambos países en temas claves de movilidad laboral, formación para el trabajo y desarrollo sostenible”, explica Vali.

Además de estas tres reformas, el Gobierno de Gustavo Petro ha anunciado que presentará una reforma a la justicia para la que creó una comisión de expertos independientes, una reforma al sistema de servicios públicos y, posiblemente, una nueva reforma tributaria. Un rosario de iniciativas que puede producir un mayor trancón en un Congreso distante del Ejecutivo. “El Gobierno sigue siendo muy ambicioso y se presenta como reformador, pero tiene unos retos enormes para lograr acuerdos al interior del Congreso y unos tiempos muy complejos para el paso de los proyectos”, afirma Jonathan Ávila, director de Vali, en conversación con EL PAÍS. Y concluye: “El Gobierno tendrá que tomar la decisión de qué priorizar entre sus tres reformas sociales en curso y los borradores de proyectos de ley aún no presentados”.

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