Tuluá, la ciudad colombiana en la que pagan 100 dólares por muerto

No hay un día en que el periodista Robert Posada, de 40 años, no extrañe a Marcelo, su boston terrier de 12. Lo ve muy poco desde su regreso a Tuluá. Luego de 15 meses exiliado, consideró que lo mejor era que el perro continuara bajo el cuidado del veterinario al que se lo encomendó antes de viajar. Hace dos semanas lo visitó y sigue afectado por la despedida. “Me persiguió hasta la puerta. Se quería ir conmigo. A veces creo que es preferible no verlo porque me duele mucho despedirme”, dice volteando la mirada por detrás de su hombro desde el asiento de copiloto. La escena delata por qué no puede permanecer con Marcelo. Una camioneta blindada con tres escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo lleva al centro de la ciudad de 230.000 habitantes. Él es una de las víctimas más visibles de la ola de violencia que se vive en el corazón del departamento del Valle del Cauca.

Un oficial de tránsito asesinado, otro herido y seis taxis incendiados fue el saldo del pasado sábado 10 de febrero. Se trató de una ráfaga de crímenes llevada a cabo por miembros de la banda La Inmaculada a modo de retaliación por la captura, el día anterior, de uno de sus cabecillas, Mauricio Marín, alias Nacho. Averiguaciones posteriores revelaron que la orden de sembrar terror vino desde la cárcel. La envió Andrés Felipe Marín, alias Pipe, hermano de Nacho. Las autoridades detuvieron a cuatro personas, incluyendo dos jóvenes de 14 y 17 años. Uno de ellos contó que les prometieron pagos de 400.000 pesos (100 dólares) por cada homicidio y 140.000 pesos (35 dólares) por carro incinerado. No son hechos nuevos ni aislados. Una semana antes, el sábado 3, la Policía había desactivado un automóvil cargado de explosivos en las inmediaciones de la Alcaldía.

Es miércoles, 14 de febrero, y el camión antiexplosivos usado en aquel episodio aún está aparcado en la plaza principal de Tuluá. Sobre las calles aledañas se instalaron vallas de seguridad, intercaladas a derecha e izquierda, que obligan a los vehículos a desplazarse lentamente en zigzag. “Todo esto lo hicieron para evitar que se cometa un sicariato y huyan fácilmente”, señala Robert. La camioneta que lo transporta frena pocos metros más adelante. El hombre se baja, ingresa a la Alcaldía, cruza un detector de metales y sube a su despacho. Un policía con chaleco antibalas custodia la entrada. Una docena de funcionarios, adentro, realizan sus labores refrescados por el aire acondicionado. Ninguno lo dice en voz alta, pero tienen miedo de estar ahí, trabajando. El temor que genera la situación aumenta al tener como jefe a una persona amenazada de muerte. Así se lo han expresado algunos sindicatos de trabajadores municipales a Robert, quien tiene las comunicaciones en su escritorio.

Con la misma franqueza cuenta que aceptó su cargo como secretario de Desarrollo Institucional justamente para que no lo maten. Hace más de tres años que recibe panfletos, mensajes anónimos y coronas fúnebres. Las múltiples investigaciones y artículos que publicó en diferentes medios sobre los nexos de La Inmaculada con personas vinculadas a la Administración pasada —que gobernó del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023— lo convirtieron en enemigo declarado de la banda. En septiembre de 2021, caminando por el barrio La Esperanza, fue atacado por varios hombres, en lo que califica como “una intimidación”. “El único periodista que se refirió a esa agresión fue Marcos Montalvo, diciendo que era preocupante que algo así pasara y nadie se pronunciara”, recuerda. Curtido periodista de 68 años, Marcos era su amigo y, al igual que él, estaba amenazado por denunciar hechos de corrupción en la Secretaría de Tránsito, en los que presuntamente tenía influencia La Inmaculada.

El sonido de los teclados de computador empieza a escucharse afuera de la oficina de Robert. Él calla. Como puede balbucea unas disculpas antes de largarse en llanto. Tras unos minutos, retoma su evocación. Marcos fue asesinado cinco días después del ataque a Robert, a solo dos calles de distancia. Un sicario lo abordó mientras conversaba con unos amigos en una tienda y le propinó cuatro balazos en el pecho. Nadie más fue herido ni robado. El autor apretó el gatillo, se montó en una moto y escapó. El mensaje era claro. Robert, sin embargo, decidió seguir publicando. Era cuestión de tiempo para que algo le pasara.

Ante el peligro inminente, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Reporteros sin Fronteras lo ayudaron a abandonar el país en julio de 2022. Anduvo por Ciudad de México, Madrid y La Paz. Las amenazas no frenaron durante el destierro. “Me mandaban a decir que sabían que me había ido de Colombia, pero que aquí había dejado a mi familia, que sabían sus rutinas y en dónde vivían”. Las organizaciones no pudieron continuar financiando su manutención, se gastó todos sus ahorros, quedó repleto de deudas. “Lo más interesados en que no me maten son mis amigos, a ver si les pago lo que me prestaron”, añade riéndose pero con los ojos todavía aguados.

Con el poco dinero que le quedaba compró un pasaje de regreso en octubre de 2023. En el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, lo esperaba un miembro de la UNP, quien le advirtió que no debía volver a Tuluá. La espiritualidad que no desarrolló de joven, asegura, salió a flote en ese momento. “Le pedí a Dios que hiciera su voluntad”, asegura y muestra una estampa del arcángel San Miguel que carga en su billetera. A la colaboración divina le atribuye la propuesta que posteriormente le hizo Gustavo Vélez, un exalcalde que por entonces buscaba un segundo mandato bajo el aval del Partido Conservador.

“El alcalde más amenazado de Colombia”

Para identificar el despacho del alcalde solo hay que seguir policías y escoltas. A medida que uno se acerca, crece su número. Afuera, recostada sobre un mostrador, espera al alcalde su esposa, Luz Elena Londoño, quien declaró al diario El País de Cali que su marido es “el alcalde más amenazado de Colombia”. Un funcionario se le acerca para despedirse, argumentando que “ya va a salir la ruta escolar”. Interpelada sobre el extraño término, ella suelta una carcajada y explica. “Le dicen así porque se van con policías, escoltados hasta las casas, como si fuera una ruta escolar. Tienen que turnarse porque no son suficientes camionetas para llevarlos a todos en un solo trayecto”.

El alcalde Gustavo Vélez, de 54 años, abre una puerta de madera y aparece sonriente. Viste jeans y camisa celeste. Es hora de almuerzo, pleno mediodía, y en el sótano de la Alcaldía lo espera una caravana de motocicletas y vehículos blindados para llevarlo a tomar sancocho, una sopa tradicional de la región. Lo acompañan su esposa y Robert, a quien hospeda desde que retornó a Tuluá. “Apenas llegué, me cancelaron la reserva en el hotel porque supuestamente representaba un peligro para el personal. El alcalde entonces me dijo que me quedara en su casa y que lo asesorara en las comunicaciones de la campaña. Ganó y me designó secretario para protegerme de cualquier atentado”, comenta Robert agradecido.

La casa del alcalde Vélez era, en principio, su finca de recreo. No tuvo otra alternativa a mudarse allí luego de recibir decenas de intimidaciones cuando era candidato. Pese a que 25 hombres se encargan de su seguridad, el mandatario bromea sobre la situación. “¿Para qué me voy a dar mala vida por eso? Soy bendecido. Llevo 39 años con mi señora, que me aguanta después de tanto tiempo”, asevera. Pero su vida sí se ha afectado de manera notable.

Al llegar a la finca, un nieto se lanza a sus brazos. Los otros tres, así como sus cuatro hijos, se mudaron a otros municipios por temor a ser blanco de ataques. No es para menos. En los meses previos a las votaciones, celebradas en octubre, la oficina de su primogénito fue baleada y la casa de sus padres recibió una granada de fragmentación. Afortunadamente solo se registraron daños materiales. Los responsables, señala Vélez, pertenecen a La Inmaculada, que repartió panfletos conminando a los periodistas de la zona a abstenerse de cubrir su campaña política “si no querían convertirse en objetivo militar”.

Óscar, el hijo que está de visita, está convencido de que el motivo de la animadversión del grupo criminal con su padre se remonta a su primera etapa como alcalde, entre 2016 y 2019, cuando Vélez los combatió. La Inmaculada —llamada así por el barrio en el que fue fundada— ya estaba consolidada como el principal grupo delictivo de Tuluá. Había dado sus primeros pasos, como casi todas las organizaciones de ese estilo, apoderándose del mercado del microtráfico de droga, y posteriormente saltó a la extorsión a comerciantes. “Les cobran para dejarlos vender productos. Han llegado a matar distribuidores de comida por no tener su autorización”, afirma Óscar. La Fiscalía tiene indicios de que la banda tenía control sobre la contratación de algunas secretarías de la Alcaldía en otros periodos.

Viendo cómo los afiches que colgaba eran retirados y quemados, Vélez optó por hacer proselitismo electoral de forma diferente. Volcó sus esfuerzos a las redes sociales y contrató al exmilitar y parapentista Jorge González para que sobrevolara el municipio con un pendón de su campaña. Era su apuesta para mostrarse. El desenlace fue agridulce. Arrasó en las urnas con 41.340 votos —muy por encima de los 22.082 de Ever Villegas, su rival—, pero costó la vida de González, quien fue asesinado en octubre tras aterrizar de emergencia en un sector controlado por La Inmaculada. “Nos alcanzó a llamar, nos dijo en dónde estaba, pero cuando fuimos a recogerlo ya le habían disparado”, narra Luz Elena Londoño.

No fue la única muerte. El 31 de diciembre, un día antes de la posesión de Vélez, sicarios atacaron a Eliecid Ávila, el único concejal conservador que había salido elegido en los comicios regionales. Falleció dos días más tarde. “No le voy a mentir, ha sido duro. Nosotros igual teníamos claro cómo iba a ser. Y hasta ahora estamos empezando, no nos van a doblegar. ¿Sí o no, Robert?”, dice Vélez y levanta la cabeza, en busca de su secretario, huésped y amigo.

El temor

Este mismo miércoles, cerca de la medianoche, más de 30 miembros de la Policía se adentran en el barrio La Inmaculada. Los camiones y camionetas que los transportan sólo llegan hasta las vías principales. En un punto los uniformados bajan con linternas, cascos y fusiles a recorrer a pie los callejones, angostos y sin pavimento. Algunas cuadras permanecen desoladas y en otras hay menores de edad en un parque o vecinos departiendo alrededor de una mesa, jugando ajedrez. Los movimientos de las diferentes unidades —hay uniformados de operaciones especiales, antinarcóticos y antiterrorismo— fueron previamente definidos a través de imágenes tomadas por drones. Al mando del operativo está el coronel Nicolás Suárez, de 40 años, el máximo encargado de la seguridad en Tuluá desde el pasado octubre.

Bajo sus órdenes tiene cerca de 500 hombres y mujeres de distintas especialidades. Fueron ellos los que lograron la captura de los responsables de la quema de taxis el sábado 10 de febrero. “Ubicamos puestos de control en las entradas y salidas del municipio. Ahí cayeron”, relata. En su criterio, además de las detenciones, es clave socavar el sostén económico de la banda criminal. “Hay que golpearles las finanzas, identificar quiénes se prestan para lavarles el dinero”, agrega. Suárez, como muchos de sus subalternos, ha recibido mensajes de sus familiares que le expresan preocupación de que le pase algo.

En las calles, la gente prefiere callar. Un vendedor ambulante ubicado a la salida de la parroquia San Bartolomé se queja de las ventas, inusualmente malas para ser un miércoles de ceniza. Culpa a “los bandidos y al alcalde, por lo caliente [peligroso] que pusieron el pueblo”. Minutos después se niega a seguir hablando. Dice que dos hombres le advirtieron que “no fuera bocón con los periodistas”. La escena se repite con otro grupo de hombres que rondan la tercera edad y alimentan las palomas. “El que nada debe, nada teme. No le hago más comentarios porque usted sabe que esto está delicado”, asegura uno de ellos.

La violencia en Tuluá, una ciudad más poblada que capitales departamentales medianas como Riohacha o Tunja, ha ganado relevancia en la agenda nacional. Iván Velásquez, el ministro de Defensa, estuvo de visita este viernes y lideró un consejo de seguridad. Anunció que el Gobierno respaldará al alcalde en su lucha contra la delincuencia. Vélez, entre otras cosas, quiere que sus hijos puedan volver y que sus padres vivan sin miedo. “Nadie se quiere sentar con mi mamá cuando va a misa. Las otras señoras se cambian de puesto por la angustia de que las vean con ella y les hagan algo. Ella se queja conmigo”, concluye agraviado.

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