El plan para demoler el Aquarela, edificio que rompe el horizonte histórico de Cartagena

Desde las murallas de Cartagena y, aún más cerca, desde el Castillo de San Felipe de Barajas, se ve el esqueleto del proyecto Aquarela, el edificio a medio construir que pone en vilo la declaratoria de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. En 2021 la Unesco le advirtió al Ministerio de Cultura del riesgo que representa esa moderna torre para esa calificación de Cartagena de Indias, y le dio un ultimátum para derribarlo. A pesar de muchas advertencias y hasta el fallo de una jueza local, la polémica torre de apartamentos sigue en pie.

La demolición del Aquarela, sin embargo, ha llegado a un punto de no retorno. El Ministerio tiene en sus manos los resultados de un estudio que indica cómo hacer el derribo. Después de un análisis de 10 meses en los que cruzaron nueve variables, la consultora especializada Sociedad Proyectos Urbanos del Caribe muestra que la mejor opción es una implosión. La otra alternativa que analizaron es la llamada corte diamante, que consiste en el desmonte piso a piso y cuesta 1,8 veces más.

El estudio de demolición, contratado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), calculó el impacto ambiental, los riesgos en la zona del barrio, la complejidad de la logística, la disponibilidad de los equipos, los costos directos y la inmediatez de la solución, entre otras. “La alternativa de implosión tiene un tiempo estimado de 131 días, con todo el análisis de cada una de las actividades necesarias, desglose de tareas, que van desde actividades de socialización, trabajos de actas de vecindad, posteriormente actividades de tipo preliminar, típicas para este tipo de trabajos (…)”, dice el informe de la consultora, conocido por este diario. Este viernes el ministro de Cultura, Juan David Correa, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se reúnen para coordinar en detalle los pasos que se deben seguir y agilizar la decisión.

La historia del Aquarela comenzó en 2017, cuando una curaduría urbana autorizó la construcción de una de cuatro torres de 31 pisos para un proyecto multifamiliar de vivienda de interés social. Ese mismo año Icomos, el órgano consultivo de la Unesco para los monumentos y sitios patrimoniales, visitó la ciudad y encendió las alarmas, pues dijo que el edificio vulneraba el centro histórico amurallado.

Desde entonces, el proyecto ha estado envuelto en líos judiciales. No solo el Ministerio de Cultura actual interpuso una acción popular contra el Distrito de Cartagena y la constructora para proteger el patrimonio, sino que ya antes la Procuraduría había formulado cargos a funcionarios de la curaduría local, a promotores de vivienda de interés social y a otros actores distritales por presuntas irregularidades en la expedición de la licencia para construir las torres. Incluyendo el omitir normas de patrimonio, pues está a escasos 200 metros del histórico Castillo de San Felipe, zona que cuenta con especial protección.

Esa cercanía ha sido justamente uno de los escollos para la demolición. No hay antecedentes de un derribo tan próximo a una fortificación patrimonial y por esa razón urgía el resultado de un estudio sobre el mejor método para llevarlo a cabo.

El riesgo de que Cartagena, una de las ciudades turísticas más importantes de Colombia, entre en el listado de patrimonio en peligro y pierda su título de Patrimonio de la Humanidad está latente desde 2021, cuando la Unesco le puso un ultimátum al Gobierno de Iván Duque para que demoliera el Aquarela y protegiera otros monumentos en el Caribe. Justamente ese año el puerto de Liverpool, en el Reino Unido, perdió esa calificación, el caso más reciente de que eso haya ocurrido.

La Unesco sigue con los ojos puestos en la demolición del edificio. En la última sesión extendida de su Comité del Patrimonio Mundial, en septiembre de 2023, el organismo analizó el caso de Cartagena. En su decisión, dice que “acoge con satisfacción” las acciones emprendidas para abordar el impacto del proyecto Aquarela, insta a Colombia a “continuar los procesos para resolver las acciones judiciales pendientes” y a que presente al Centro del Patrimonio Mundial las propuestas para la restitución del espacio público. Finalmente, le subraya que tiene hasta el 1 de diciembre de 2024 para entregar un informe actualizado sobre el estado de conservación y la implementación de las otras exigencias. Es decir, le pone un plazo que ahora deberá resolver el alcalde Turbay, pues es el Distrito el que debe hacer la demolición.

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