La plata de la paz vuelve a las regiones

Después del escándalo sobre el presunto saqueo de dineros de la paz que estalló en los últimos meses de la administración de Iván Duque, el Gobierno de Gustavo Petro fijó nuevas reglas para asignar recursos de las regalías a los municipios más golpeados por el conflicto armado en Colombia. Se trata del 7% de la bolsa total de regalías provenientes de la extracción de minerales e hidrocarburos, un porcentaje destinado a 170 municipios priorizados tras el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las antiguas FARC.

El giro en las condiciones para la asignación de los recursos ―dos billones de pesos (unos 500 millones de dólares) para el bienio 2023-2024― busca evitar que los fondos se concentren en unas pocas regiones, además de blindarlos de actos de corrupción como el cobro de coimas a cambio de la aprobación de obras para territorios que, además de la violencia, han tenido que soportar los malos manejos del dinero público.

Los cambios comienzan por dar mayor visibilidad a los procesos para elegir el destino de los recursos. Tania Guzmán, subdirectora general de regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP), explica: “Vamos a hacer convocatorias públicas, abiertas y competitivas en las que todo el mundo presenta los proyectos al mismo tiempo y en igualdad de condiciones, y ahí sí se les aplica la metodología de priorización para asignar los recursos”.

Justamente, también se creó un nuevo mecanismo de priorización y se fijaron topes al dinero que pueden recibir las diferentes regiones. Lo que se mantendrá, pues está en la Constitución, es el órgano encargado de evaluar las propuestas y repartir los fondos. Se trata del OCAD Paz, conformado por dos representantes de las Alcaldías, dos de las Gobernaciones y uno del Gobierno nacional.

Hasta hace dos años, cuando se agotaron los recursos de las regalías para la paz, incluida una porción de siguientes bienios que el Gobierno de Duque anticipó con autorización del Congreso de la República para recuperar la economía tras la pandemia, el punto de partida en la competencia por las asignaciones era desigual. Las Alcaldías de los 170 territorios priorizados competían por una bolsa única y se estudiaba la aprobación según el orden de llegada de los proyectos al OCAD Paz, después de atravesar una serie de filtros.

La dinámica de entonces hacía que muchos de los municipios, los de menor capacidad técnica o los que no tenían un padrino político, se quedaran rezagados o incluso sin recibir un solo peso. Inversiones esenciales como el desarrollo de redes para el acceso a servicios de energía o acueducto, el mejoramiento de vías, la construcción de escuelas o centros de salud, entre otras, no pasaban de los escritorios. Mientras tanto, las comunidades seguían condenadas a la espera.

Una muestra de la competencia burocrática por llegar al OCAD Paz, bajo el riesgo de exigencias de sobornos para lograrlo, es que el 70% de los recursos aprobados para municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se ha concentrado en el 33% de ellos, señalan las cifras del DNP.

Mientras municipios del Cesar ―que tenía al alcalde de La Paz, Martín Zuleta, como miembro principal del OCAD― concentraron en los años anteriores más de 613.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares), los de Vaupés y Guainía lograron entre 4.600 y 5.000 millones de pesos (alrededor de 1,2 millones dólares).

“Quien tenía mayores conexiones o capacidad en la estructuración de los proyectos, los presentaba primero. Los que estaban más débiles o sin equipos que les ayudaran a formular, quedaban de últimos mientras los recursos se acababan”, añade Guzmán, la subdirectora de regalías.

La nueva metodología de priorización tiene dos componentes. El primero es la equidad territorial que puntúa las características de los territorios, sumando un 50% de la calificación. Incluye indicadores como la incidencia del conflicto armado, la pobreza multidimensional, el desempeño institucional, la presencia de población étnica, cultivos de uso ilícito y áreas de especial interés ambiental. Cada indicador tiene un valor diferente.

El segundo es el de pertinencia de las inversiones, que completa el otro 50%. Evalúa factores como la contribución al cierre de brechas, la inversión destinada a erradicación o sustitución de cultivos ilícitos y la concurrencia de fuentes de financiación. Los proyectos suman puntos extra si destinan recursos a la reparación de víctimas del conflicto.

El objetivo, subraya Guzmán, es que “los servidores públicos tengan limitada al máximo su discrecionalidad, porque donde existe ese margen, hay oportunidades para comportamientos impropios”.

El otro cambio de fondo es una división de la bolsa en 16 subregiones para distribuir los recursos entre ellas. Hasta ahora, más de la mitad de las regalías para la paz se han destinado a cinco de esas zonas: Sierra Nevada Perijá, Alto Patía y Norte de Cauca, Macarena Guaviare, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño y Putumayo.

“La distribución la hicimos con varios criterios, entre ellos, la asignación histórica, es decir, las que habían recibido mayores recursos ahora recibirían un poco menos y las que habían recibido menos recursos ahora recibirían un poco más”, precisa Guzmán. Bajo los nuevos criterios, las cinco subregiones que más recursos podrán obtener hasta el próximo año son Pacífico y frontera nariñense, Chocó, Catatumbo, Alto Patía y Norte del Cauca, Bajo cauca y Nordeste Antioqueño.

Para la nueva asignación, el Gobierno abrirá cinco convocatorias. En la primera, que ya está en marcha, se postularon 248 proyectos de 9 departamentos y 113 municipios, incluidos cuatro que no habían recibido recursos: Puerto Rico (Meta), Buenaventura (Valle del Cauca), Jambaló y Santander de Quilichao (Cauca). Por primera vez, hay una postulación de una organización de pueblos étnicos.

Tibú, un municipio de Norte de Santander, en la región del Catatumbo, es uno de los que concursa para llevar energía eléctrica con paneles solares a zonas rurales y acercar tecnologías digitales a sedes educativas. El alcalde Nelson Leal espera que ahora haya menos cuellos de botella que antes. “Estructurar un proyecto de regalías es muy tedioso. Debería ser menos complejo para que las comunidades puedan ver las obras”, afirma.

El próximo 29 de noviembre se publicarán los resultados de las primeras asignaciones de regalías para la paz durante el Gobierno de Petro, con un OCAD Paz conformado por los gobernadores de Huila y Norte de Santander, los alcaldes de Montelíbano (Córdoba) y Morelia (Caquetá); y Gloria Cuartas, directora de la Unidad de implementación del acuerdo final de paz.

En este primer proceso, el órgano recibió proyectos por 2,34 billones de pesos (más de 500 millones de dólares) que concursan por una cuarta parte de ese valor: 585.000 millones de pesos (alrededor de 140 millones de dólares). Las cifras reflejan el tamaño de las necesidades en comunidades que esperan que las obras se construyan, y no que los dineros vayan a parar a los bolsillos de corruptos.

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