Cuatro años de un paro nacional que cambió la historia de Colombia

Si cada Gobierno es recordado por dos o tres eventos, sin duda alguna el de Iván Duque tendrá entre ellos al paro nacional del 21 de noviembre de 2019. En un país con sindicatos débiles y presidencialismo fuerte, la convocatoria de las centrales obreras a una movilización parecía paisaje. Desde 1975, casi medio siglo antes, ningún paro convocado por los sindicatos había golpeado de forma significativa a un Gobierno. El de 2019, en cambio, no solo marcó a un Gobierno que solo se pudo recuperar de manera incompleta y temporal gracias a la pandemia, sino que abrió la puerta a dos años de movilizaciones sociales, a demostraciones de grandes cambios de sensibilidad social y a la primera elección de un presidente de izquierda en la Colombia contemporánea. Fue un paro que cambió la historia del país.

Nació de la manera más usual. En 2018, después de que el uribismo recuperó la presidencia con Duque, empezaron a reunirse las grandes centrales obreras, organizaciones campesinas, de indígenas, afros, mujeres y estudiantes. Luego vino un primer año negativo para un Gobierno que vio hunda en la Corte Constitucional una reforma tributaria que quería aumentar el IVA, que se negaba a negociar burocracia o representación política con los partidos que lo apoyaron en segunda vuelta contra Gustavo Petro, y que había reducido el impulso a la implementación del acuerdo de paz de 2016.

El presidente, un joven abogado que había llegado a la política como senador en 2014 y había vivido durante casi una década en Estados Unidos, era impopular. Sin capital político propio, dependía de su padrino, el cada vez más desprestigiado expresidente Álvaro Uribe. El viento soplaba más a favor de la oposición y de los críticos del Gobierno, incluyendo el entonces senador Gustavo Petro, quien había perdido la presidencia en segunda vuelta y había anunciado que no sería un congresista enfocado en los debates legislativos, sino en la movilización social.

Las organizaciones sociales, que habían visto las protestas de Chile y Ecuador, convocaron desde inicios de octubre a un paro nacional, en contra de varias políticas anunciadas por Duque y su gabinete que denominaron paquetazo. La fecha era justo después de las elecciones regionales de fines de ese mes, en las que el uribismo salió golpeado y perdió incluso en sus fortines de Medellín y Antioquia.

Una semana después, en un debate de moción de censura que parecía destinado al fracaso ―como suelen ser en Colombia― ocurrió algo inesperado: el senador Roy Barreras, quien completaba su transición de ser uribista triple A en 2008 a engrosar las filas de la oposición de izquierda, reveló que siete menores de entre 12 y 17 años habían muerto en un bombardeo militar, que Duque había calificado de “operación impecable”, y que el Gobierno lo había ocultado al país. El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció ante una inminente derrota que lo sacaría de su cargo. La indignación fortaleció la convocatoria.

Y luego vino el mayor error del Gobierno: darle protagonismo al paro. Declaraciones en la prensa, trinos del presidente y sus ministros, un comunicado oficial de Uribe y su partido: todo empezó a calentar el momento del paro. El presidente se sentó con los sindicatos, se distanció de los anuncios de sus ministros y buscó quitarle fuelle a la movilización, a la vez que la ponía en el centro de la agenda pública. La convocatoria salía de los círculos cercanos a las organizaciones que impulsaban el paro y se asentaba en el corazón de la agenda pública.

Para el 20 de noviembre, un día antes de la fecha anunciada, el Gobierno hizo allanamientos a medios de comunicación alternativos y contemplaba cerrar las fronteras, mientras colegios y universidades cancelaban las clases. El paro se sintió, tanto por la falta de actividades en muchos lugares como por el tamaño de las movilizaciones, que estaban concentradas en algunas zonas de las ciudades. Tuvo la fuerza suficiente para que el comité de delegados de las organizaciones que convocaron apoyara salir de nuevo al día siguiente, un viernes. Y el sábado, en la tercera jornada y cuando parecía que la movilización empezaba a perder fuerza, un capitán de la Policía mató por el disparo de un arma menos letal a un manifestante, un joven de 18 años llamado Dilan Cruz.

La muerte de Cruz marcó el destino de las movilizaciones. La violencia policial ganó protagonismo entre los motivos, las marchas se repitieron casi todos los días. Llegaron a zonas de las ciudades diferentes a las usuales. Hubo enfrentamientos puntuales con la Policía, vandalismo, toques de queda. Se replicaron los plantones pacíficos. Salieron no solo sindicalistas y estudiantes, indígenas y militantes de izquierda, sino miles de espontáneos. Se convocaron cacerolazos de protesta, incluso en barrios de clase alta.

Aunque las movilizaciones bajaron por Navidad y las cuarentenas iniciadas en marzo de 2020 fueron frenadas por la pandemia, el descontento solo creció con la crisis económica, el hambre y el desempleo. En septiembre de 2020 otro caso de violencia policial, el asesinato de un abogado llamado Javier Ordóñez por varios policías, llevó a nuevas jornadas de protestas y violencia. Y aunque las organizaciones del comité fueron perdiendo el liderazgo, como quedó claro cuando convocaron a un paro nacional el 21 de noviembre de 2020 y la asistencia fue poca, el descontento había llegado para quedarse, y la sensación de que era manifestarse con éxito era posible y quedó implantada. Ese era un cambio mayúsculo en la sociedad colombiana.

La misma sociedad que estalló de nuevo en abril de 2021 por una nueva propuesta de reforma tributaria del Gobierno, otra vez con la idea de aumentar el recaudo por el IVA, cuando además la economía hasta ahora se estaba recuperando de la crisis por la pandemia. Se repitieron hechos como los de 2019, pero quizás a mayor escala. Durante tres meses hubo una mayor violencia policial y contra la Policía, saqueos, denuncias de torturas, asesinatos. Varias vías fueron bloqueadas en todo el país y Cali quedó prácticamente sitiada. Pero, a la vez, hubo incluso más conciertos y actividades culturales. Era una sociedad distinta.

Tan distinta, que las elecciones de 2022 marcaron la primera vez en la que en la segunda vuelta no estaban los candidatos de los partidos tradicionales ni del uribismo. El centro político también terminó desplazado. En su lugar estaba no solo la izquierda, a la que pertenecía buena parte del comité del paro, con Petro. También una figura populista de derecha, Rodolfo Hernández, el antiguo alcalde de Bucaramanga que llegó a segunda vuelta como un outsider crítico tanto del Gobierno de Duque como de las fuerzas más alineadas con el paro.

Una segunda vuelta sin antecedentes, seguida por un Gobierno también inédito, señalan el cambio en la sociedad. Pero no es el único. En estos cuatro años Jennifer Pedraza pasó de ser líder estudiantil a congresista, y rescata una enseñanza del paro: “La importancia de un movimiento social activo, que hoy nos falta. La política y la democracia pasa por las urnas, pero no se agota allí”, concluye.

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