La JEP abre su macrocaso 11: investigará la violencia basada en género cometida en el marco del conflicto colombiano

“Esto le pasa por ser mujer”, les dijeron muchos agresores a sus víctimas, u otras expresiones similares, antes de cometer violencia sexual en su contra. Así lo relata la magistrada de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre, luego de estudiar los múltiples testimonios que ha recogido esta instancia, que también ha documentado agresiones contra personas lesbianas, gays, transgénero, queer y no binarias por motivo de su orientación sexual.

Basada en lo que llama “el análisis de este universo provisional de hechos”, este miércoles la Sala de Reconocimiento anunció que abre un nuevo capítulo judicial. Se trata del macrocaso 11, que se denomina ‘Violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano’.

La Sala tiene registro de 35.178 víctimas de este tipo de crímenes cometidos por todos los actores armados, en hechos ocurridos entre 1957 y 2016. Para los magistrados, no son solo situaciones aisladas, sino conductas que se dieron de forma transversal en el conflicto, que es el marco de investigación de la JEP, y que “parecen tener como motivación principal la discriminación, el prejuicio, el odio y el desprecio, basados en el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad o expresión de género de la víctima”.

Para la JEP, la violencia sexual fue usada como un arma de guerra. En ese sentido, la investigación está “centrada en los motivos y las lógicas de las organizaciones armadas, los cuales se sustentan en relaciones dominantes de género que se reproducen en el conflicto armado a través del uso de las armas y el ejercicio del poder”, señala el comunicado que fue leído por la magistrada Lily Andrea Rueda en una conferencia de prensa convocada en la sede de la institución.

Dentro de las 35.178 víctimas identificadas, “el 89,2% son mujeres, y el 35% sufrieron las violencias cuando eran niñas, niños y adolescentes”. Aunque en el 78% de los registros no se cuenta con datos sobre la pertenencia étnica de las víctimas, existe “información sobre hechos cometidos contra personas negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, indígenas y del pueblo Rrom (o gitano)”.

“El mayor número de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33 por ciento), seguido por las extintas FARC-EP (5,82 por ciento) y agentes del Estado (3,14 por ciento). En el 30 por ciento de los registros no se identifica el presunto actor armado responsable”, especifica este organismo, que no definió la autoría del 28% de los delitos restantes.

Como el mecanismo de justicia transicional creado a partir del Acuerdo de Paz, la JEP tiene la tarea de investigar, esclarecer y sancionar los crímenes más graves cometidos en Colombia durante casi seis décadas de guerra, hasta el 1 de diciembre de 2016. Cualquier crimen cometido de ahí en adelante, es juzgado por la justicia ordinaria. En medio de una avalancha de hechos, el tribunal especial ha dividido su trabajo en macrocasos, que reflejen los grandes fenómenos criminales que atravesaron el conflicto.

La JEP había abierto el último macrocaso el 15 de julio de 2022, para investigar específicamente los graves crímenes cometidos por las extintas FARC, luego de tres años en los que no había vuelto a abrir procesos. Después de las observaciones presentadas por víctimas, organismos gubernamentales y distintas organizaciones en torno a la necesidad de investigar específicamente la violencia basada en género, la JEP consideró que estos hechos podían configurar patrones distintos a los que estaban siendo abordados en otros macrocaso y que, por tanto, ameritaban una investigación propia. De esta forma, la violencia de género se suma a las otras grandes investigaciones como lo son los casos de secuestro, los asesinatos de civiles conocidos como “falsos positivos”, la victimización de la Unión Patriótica, el reclutamiento de niñas y niños y los crímenes contra pueblos étnicos, entre otros.

La investigación se dividirá en tres subcasos. El primero estudiará la violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de las antiguas FARC; el segundo se centrará en crímenes contra personas civiles cometidos por miembros de la Fuerza Pública, y el tercero será sobre violencia de género y por prejuicio cometida al interior de la Fuerza Pública y de la antigua guerrilla. La evidencia señala aspectos diferenciales en el accionar de cada grupo, pero también revela “factores comunes en los hechos atribuibles a distintas organizaciones armadas, como su enraizamiento en una cultura patriarcal”.

De oficios domésticos y esclavitud sexual

El crimen cometido por las FARC con mayor ocurrencia contra las personas con identidad de género diversa es el desplazamiento forzado, seguido de la violencia sexual, aunque la JEP también halló casos de asesinatos, desapariciones y trabajos forzados. “La Sala identificó preliminarmente dos modalidades de estos crímenes: por una parte, los que se perpetraron para castigar o ‘corregir’ y por otra, los dirigidos a eliminar o expulsar del territorio”, explica el comunicado.

Con respecto a los crímenes contra niñas, adolescentes y mujeres adultas de la población civil, la Sala encontró que se castigaba especialmente a las mujeres solas, cuando no estaban en presencia de hombres de su familia o de su comunidad. Otras tuvieron que prestar servicios domésticos. “Asimismo, se encontraron hechos en los que la violencia sexual fue usada como castigo contra mujeres que se rebelaron a las órdenes de las FARC-EP, contra mujeres buscadoras de personas desaparecidas o como represalia contra sus padres, compañeros o jefes, considerados enemigos”.

En el marco de la violencia cometida por miembros de la Fuerza Pública, identificó el “sometimiento de las víctimas por la idea de la disponibilidad sexual de personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa (OSIGD)”. Hubo violencia sexual en el marco de requisas, retenciones arbitrarias o traslados a zonas apartadas. “Tras la retención, las víctimas eran golpeadas, obligadas a desnudarse o a vestir de determinada forma, torturadas o violadas”, narra el documento.

Por otra parte, “los efectivos de la Fuerza Pública, motivados por la idea de castigar a las mujeres y niñas de la población civil que percibieron como ‘propiedad del enemigo’, las atacaron, persiguieron y estigmatizaron, en zonas de disputa o confrontación legítima con actores armados ilegales”. La JEP indica que “en estos casos, agentes del Estado allanaron, legal o ilegalmente, las viviendas o retuvieron a sus víctimas, sometiéndolas a actos de tortura sexual, buscando confesiones viciadas. En otros casos las obligaron a trabajar para ellos y posteriormente abusaron sexualmente de ellas”.

Sobre los delitos cometidos al interior de la Fuerza Pública, la mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes, entre los 18 y 23 años de edad, muchos de los cuales se encontraban prestando el servicio militar. Los hechos van desde acoso sexual hasta violaciones, y se atribuyen en su mayoría al Ejército y a la Policía. Dice la JEP que en estas instituciones se mantuvo la creencia de que “la masculinidad es un estatus que se posee en las filas y que debe ser mantenido a través de demostraciones de violencia sobre todo contra lo que se considera femenino y subordinado”.

En el caso de las FARC, la mayoría de las víctimas dentro de la guerrilla eran mujeres jóvenes, entre los 18 y 29 años. La JEP investiga hechos como el aborto y la anticoncepción forzada, el acoso sexual, la imposición de sanciones por negarse a requerimientos sexuales, las violaciones, la esclavitud sexual y la “obligación de entregar a los hijos e hijas a terceras personas con la consecuente imposibilidad de ejercer su maternidad”.

La Sala tomó en cuenta informes que reportan violencia dentro de las FARC “contra integrantes de sus filas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas, que incluyen violencia sexual correctiva, la obligación de mantener en silencio su orientación o identidad sexual y castigos que podían ir hasta el fusilamiento”.

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