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Gobierno de Colombia
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Protesta por decreto

La Constitución ampara el derecho a disentir y manifestarlo públicamente. Nocivo desarrollo: decretar la protesta para defender las ideas del presidente

Una marcha a favor de Petro en el centro de Bogotá, el 1 de mayo de 2023.
Una marcha a favor de Petro en el centro de Bogotá, el 1 de mayo de 2023.Diego Cuevas

Peligroso, incomprensible, inseguro y nocivo. Contrario a lo que podría pensar algún despistado, no son calificativos sobre el estado actual del país. Cierto, sí, que a veces pareciéramos más un viejo y descuadernado directorio telefónico que una república. Pero no. Lo que es peligroso, incomprensible, inseguro y nocivo es el nuevo borrador de proyecto de ley con el que Gustavo Petro y su Gobierno pretenden darles inusitadas herramientas legales a las protestas campesinas.

En charla con Caracol Radio, Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, lo defendió ardorosamente: “¿Cuál es el miedo de que las personas puedan participar y movilizarse, y que el Gobierno Nacional las atienda? Es la primera vez que un Gobierno les está diciendo a las comunidades más excluidas de nuestra población rural: ‘¡Vengan, que ustedes mandan y nosotros les obedecemos!”.

Lo que el Gobierno pretende, en texto que está (más o menos) abierto a la discusión pública, es, por decreto, invitar y respaldar a las comunidades para que apoyen una reforma agraria que sigue flotando en el éter. Un decreto intimidatorio, que busca, por vía legal, recordarle al país que, si no se aprueba la voluntad gubernamental, habrá protestas organizadas y alentadas por comités regionales, para que lo que no se logre por la vía democrática, en el escenario del Congreso, termine en muy bien diseñadas manifestaciones que pondrán al país en jaque.

Parece olvidar el presidente Gustavo Petro que ya no es el fogoso senador de la oposición, el de los brillantes debates parlamentarios, sino el presidente de todos los colombianos, incluidos aquellos que no comulgan con sus propuestas de cambio.

Y lo de “más o menos” abierto a la discusión tiene que ver con que el Gobierno está cerrado a la banda y no admite palabras en contrario de sus políticas. Por eso, cuando se le recuerda a la ministra de Agricultura lo mucho que se parece la esencia del decreto al ADN de los colectivos chavistas, ella pide respeto para la idea. Como si disentir fuera irrespetar.

El decreto es una manifestación extra de algo que los colombianos están comenzando a entender: que el acuerdo nacional que Petro defiende, funciona siempre y cuando se haga lo que el Gobierno dispone. Acuerdo nacional que más parece vasallaje y sometimiento. Otro amargo recorderis de lo que es ejercicio gubernamental de todos los días: tender la mano a los delincuentes, haciendo caso omiso de sus atrocidades y, en cambio, descargar la artillería pesada en los propietarios. De la misma manera en que se ha hecho con los empresarios, los industriales, los gremios, la fuerza pública, los medios de comunicación, las altas cortes y cualquier persona, instancia o corporación que estorbe a un ejercicio presidencial intransigente.

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No de otra manera se entiende que haya hecho carrera en las últimas horas, en redes, el florecimiento de comentarios sobre esta nueva manera de disimular, bajo la figura de la extinción de dominio, una temida expropiación. Flota entre sus artículos la idea de “función social de la propiedad”, cuya definición solo el Gobierno parece dominar, porque no logra explicarla al amparo de la ley y la equidad.

Primero a las calles y, ahora, a las carreteras y municipios, a defender, con respaldo de la autoridad constitucional y su producción legal, las reformas de Petro. Porque Petro ganó y ganar en las urnas es la nueva manera de quebrarle el cuello a esa cosa insignificante que hoy es la democracia. Todo con un muy organizado plan: el 27 de septiembre se llevaría a cabo una gran marcha en seis ciudades y, antes de que acabe el mes, tendremos 24 asambleas campesinas.

Con una pica está el Gobierno entregado a socavar los pilares de un sistema político que comienza a pasar de moda. Salga todo el mundo, por decreto, a hacer lo que se le venga en gana. Si y solo si lo que les dé la gana coincide con las ideas que brotan de Palacio de Nariño. Nariño, aquel prócer cuyo segundo nombre es Amador (no Odiador) y al que se le considera precursor de la emancipación, tarea a la que se dedicó después de hacerse rico y autorizar la exploración minera.

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Retaguardia. Cumple Caracol Radio 75 años de vida como cadena radial. Y se mantiene firme, en tiempos vertiginosos y de tormenta, en su idea de informar, acompañar y entretener. Caracol, único en su especie: veloz e inmediato. Larga vida y prosperidad para esta compañera de varias generaciones de colombianos.

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