El proyecto de reindustrialización del Gobierno de Petro avanza sin brújula

Durante buena parte del siglo XX Colombia apostó todas sus cartas a una industria protegida por la política de sustitución de importaciones para evitar, en teoría, la compra de artículos como textiles o alimentos procesados en el extranjero. El resultado sin embargo fue modesto. Y la liberalización económica de los 90 rompió con la historia, llevándose consigo a cientos de empresas y expulsando a otras tantas. Para dar una idea del declive, basta con recordar que en 2003 la asamblea de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) decidió cambiar su nombre por el de Asociación Nacional de Empresarios (aún mantiene, curiosamente, la “I” de su sigla original).

La propuesta electoral del hoy presidente Gustavo Petro atrajo la atención pública: ¿Reindustrializar al país? La idea tenía como sustento las limitaciones que Colombia evidenció durante la pandemia, al igual que la mayoría de países, para autoabastecerse de un sinnúmero de productos que empezaron a escasear ante el cierre de las fronteras. Así fue como la Administración de Iván Duque (2018-2022) se enfocó en revivir la producción de vacunas que el país alguna vez tuvo.

Aunque parecía complejo, el pasado abril se anunció la firma de un contrato para operar, a través de una alianza público privada, una primera fábrica de inyectables en Bogotá. Desde entonces no se han registrado mayores avances, a tal punto que el presidente Petro ha manifestado en privado su molestia por la parálisis del proyecto.

Más allá de casos dispersos como el anterior, hoy no existe un documento público con detalles de la política de reindustrialización del Gobierno progresista. En el plan de campaña se pueden consultar algunas ideas generales, y uno que otro artículo suelto en el Plan Nacional de Desarrollo contiene pasajes que el economista Diego Cortés califica de tímidos. Se sabe que, además del sector farmacéutico, el plan abarca las áreas de energías alternativas y movilidad sostenible; agricultura; industria aeroespacial y de inteligencia; y uno etiquetado como “Territorios y tejido empresarial”.

A juicio del economista Jaime Acosta el panorama es insuficiente: “No existen metas claras. No hay programas estratégicos muy bien definidos. Mucho menos un documento que defina los recursos”.

A principios de mayo trascendió que el presidente firmó en Madrid un memorando de entendimiento con el consorcio europeo Airbus, uno de los gigantes del sector aeroespacial con sede en Toulouse (Francia). El acuerdo, publicitado como parte del plan de reindustrialización, contempla la fabricación de aeropartes, así como el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados, o ‘drones’, en Colombia. “El presidente Petro ha dicho”, recuerda Acosta, “que atraer grandes inversiones como esa no es suficiente”. El economista no duda de que con una fábrica de Airbus se generarían cientos de empleos y mucha gente se capacitará en altas tecnologías, pero advierte sobre los riesgos que supone arrancar sin una hoja de ruta que tenga en cuenta el “encadenamiento que se va a desarrollar entre los sectores involucrados, o las capacidades científicas y de desarrollo que va a implicar”.

El veterano economista Hernando Gómez Buendía afirma que se trata de una “quijotada”. Argumenta que el país desaprovechó la posibilidad de estimular una industria fundamentada en la innovación, la ciencia y la tecnología durante más de medio siglo: “Es un saludo a la bandera que llega a destiempo. Y en caso dado de que Colombia siga el camino de México, el presidente Petro estaría yendo en contra de algunas de las bases de su proyecto político”.

El también director del portal de periodismo de opinión Razón Pública explica que la industria mexicana ha tomado un segundo aliento en los últimos años debido a la creciente inversión estadounidense. Un fenómeno que se encuadra dentro del pulso comercial para desplazar a China de la región. Pero Gómez Buendía enumera algunos de los problemas derivados de una alianza comercial con algunos rasgos complejos: “Salarios bajos para los trabajadores, poco recaudo en impuestos para el Estado por cuenta de los aranceles preferenciales para las empresas extranjeras y degradación del medioambiente”.

Por lo pronto, y a la espera de que se conozcan más detalles sobre el futuro del plan de reindustrialización colombiano, Acosta cuenta que uno de los escollos tiene raíz en la falta de compromiso de los ministros de Petro. Un hecho inexplicable, agrega, teniendo en cuenta los beneficios hipotéticos que traería una política bien delineada: “Estoy convencido de que antes de 20 años el país tendría asegurada la sustitución de las importaciones de petróleo y carbón”.

Cortés estima, en la misma línea, que es “una oportunidad para diversificar nuestra matriz productiva”. Enfatiza que el debate actual nada tiene que ver con un regreso al mundo industrial y grisáceo de los siglos XIX y XX: “Es una buena coyuntura para pensar en elaborar nuevos y mejores productos manufacturados. No podemos seguir estancados indefinidamente en la misma relación comercial con el mundo a través del sector minero energético”.

La otra idea del Gobierno es fortalecer el atemperado sector automotriz, que viene en declive desde 2011, cuando se llegaron a producir unos 154.000 vehículos. De acuerdo con cifras de la ANDI, Colombia cuenta con solo 3 ensambladoras, a la que se suma cierta capacidad instalada desde el siglo pasado en la fabricación de autopartes.

En línea con el publicitado anuncio de transición energética del “petrismo”, en febrero se conoció la intención de la estadounidense General Motors de instalar la primera planta de ensamblaje de vehículos eléctricos de la región en Colombia. Se trata, en últimas, de otro anuncio atractivo más, pero que los expertos no acaban de encajar como los otros dentro del rompecabezas de una política pública borrosa: “Es que Colombia se ha saltado los pasos en el camino al desarrollo”, concluye Hernando Gómez Buendía.

En su opinión el país saltó de un proceso de industrialización “consistente pero incompleto” a un modelo dependiente de la renta petrolera sin invertir en investigación. Un requisito básico para convertirse en una sociedad moderna y participar en esta suerte de tercera revolución industrial que está planteando el Gobierno de Gustavo Petro.

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