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La financiación de la campaña de Gustavo Petro provoca un terremoto político en Colombia

El hijo mayor del presidente admite ante la Fiscalía haber obtenido donaciones de un exnarco para la campaña de su padre, que no fueron registradas, y haberse quedado con parte del dinero

Gustavo Petro, presidente de Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, el 3 de agosto, durante un acto en Bogotá.Mauricio Duenas Castaneda (EFE)
Juan Esteban Lewin

No ha sido la oposición de derecha la que ha desatado la mayor crisis del Gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas en la Colombia contemporánea, que el lunes cumplirá un año de mandato. Ha sido el primogénito del mandatario, diputado local de su partido político y encargado del movimiento en toda la costa del Caribe colombiano. Nicolás Petro Burgos, desde hace cinco meses envuelto en un escándalo de presunta corrupción, decidió colaborar con la Fiscalía para lograr una condena menor. El fiscal del caso reveló el jueves que el hijo del presidente admitió que recibió dinero de un exnarco y de dos empresarios cuestionados y que se apropió de parte de esas sumas, lo que fue inicialmente la espita que abrió la investigación. Pero también, y ese es el escándalo que golpea de lleno a un presidente que fue elegido con una promesa de cambio, que su campaña de 2022 recibió una parte de esos recursos, cuyo monto no ha sido aclarado, y no los reportó a las autoridades electorales.

El mandatario acusó el golpe. El viernes informó de que había contratado los servicios de un reputado abogado penalista para enfrentar cualquier investigación. Ya antes, el mismo jueves, se había dirigido a una multitudinaria asamblea campesina en la que presentó su gran apuesta de reforma agraria, y dijo que se mantendrá en el cargo hasta el final de su periodo, en 2026: “Fue mi pueblo el que me eligió. A nadie más debo mi elección. Tengan ustedes la absoluta certeza de que este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. De nadie más”, afirmó entre vítores. Y añadió: “Si eso [el ingreso de dinero no declarados a su campaña] fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy, porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de las que ha venido atrás”.

“Mis hijos e hijas han sido libres. Se equivocarán, como todo ser humano; andarán por caminos diferentes a los míos”, reiteró, haciendo hincapié a sus diferencias con Nicolás, de quien dijo en marzo, cuando estalló el escándalo: “No lo crié, esa es la verdad”.

Esa fue la verdad, pues Nicolás creció con su madre mientras el hoy presidente, entonces un joven guerrillero del M-19, vivía en la clandestinidad y estaba en la cárcel. Pero no es toda la verdad. Petro Burgos es un delfín político, el único de los seis hijos del presidente que ha competido por votos y poder de la mano del padre. En la campaña presidencial de 2018, cuando Petro perdió frente al conservador Iván Duque, Nicolás participó en manifestaciones, recorrió barrios, consiguió apoyos, sirvió como jefe de campaña en Barranquilla, ciudad en la que vivía. En las elecciones regionales de 2019, fue el candidato de su padre a la Gobernación del Atlántico, uno de los departamentos más ricos y poblados de Colombia. No era una misión fácil, pues la derechista familia Char monopoliza el poder en la región.

La financiación electoral ha sido un tema de problemas recurrentes en Colombia. Hace apenas un mes y medio, la Fiscalía imputó a Óscar Iván Zuluaga, fallido candidato presidencial uribista en 2014, por haber recibido y no haber reportado una financiación de la corrupta multinacional brasileña Odebrecht. Las campañas de Juan Manuel Santos y de Iván Duque también han enfrentado señalamientos e investigaciones.

Y hace poco menos de 30 años, el presidente Ernesto Samper vio su cuatrienio convertido en un largo desgaste institucional. Logró evitar su caída a costa de frenar su programa socialdemócrata. Ese caso, que investigaba la financiación del Cartel de Cali a su campaña, el llamado Proceso 8.000, marcó a una generación entera, terminó con varios políticos en la cárcel, y sumió al país en una crisis política. Esta vez es el propio hijo del presidente quien ha señalado al mandatario, en una aparente traición familiar que puede marcar los tres años de mandato que le quedan a Petro.

Nicolás perdió las elecciones a gobernador de 2019, pero su padre le dio nuevos encargos: encabezar su movimiento político, la Colombia Humana, en todo el Caribe colombiano. “Nicolás Petro hizo la campaña que tocaba. Atlántico prefirió quedar bajo la égida de los Char y catapultarlos como los rivales de la Colombia Humana en el inmediato futuro. A Nicolás le queda la enorme tarea de liderar la Colombia Humana en todo el Caribe”, escribió en su cuenta de Twitter la misma noche de la votación, como comentario a un tuit de la entonces pareja de Nicolás, Daysuris Vásquez. La relación política entre padre e hijo quedaba consolidada.

Nicolás pasó entonces a ser diputado regional. Desde ese cargo, en 2022, fue el encargado de la campaña presidencial de su padre en el Caribe. Ganaron en primera y segunda vuelta, Petro fue investido y tras siete meses llegó el escándalo. La exesposa Daysuris Vásquez, dolida porque Nicolás le había sido infiel con su mejor amiga, contó, primero al presidente en privado y luego a la revista Semana, que Nicolás había recogido dinero de un exnarco, del hijo de un cuestionado contratista y de otras fuentes para la campaña, y que se lo había quedado para vivir una vida de lujos exorbitantes.

Petro marcó distancia desde antes de la revelación, cuando pidió a la Fiscalía investigar a Nicolás y a su hermano Juan Fernando, envuelto en otro escándalo. Pero la bomba de relojería estalló cuando Nicolás pasó cinco días detenido y conoció las pruebas de la Fiscalía en su contra. Su confesión empañó el lanzamiento del cese al fuego con el ELN, la terna de mujeres para la Fiscalía y el fin de la interinidad en el Ministerio de Cultura, todas noticias que prometían dar a Petro un alivio días antes de celebrar su primer aniversario en la presidencia. El presidente quedó, de nuevo, a la defensiva. Que haya dedicado su último viaje para argumentar su inocencia, e incluso mencionar su deseo de no renunciar al cargo, lo deja claro.

La calidad y contundencia de las pruebas que aporte Nicolás Petro para demostrar el ingreso de dineros bajo cuerda a la campaña presidencial está aún por verse. Que las instituciones —desde la presidencia hasta la justicia, pasando por el Congreso— logren enfrentar la crisis sin salir malheridas, también. Con el Proceso 8.000, el presidente Samper logró culminar su mandato, pero sus políticas económicas y sociales, las más similares a las de Petro en la historia reciente, perdieron fuelle.

El propio Petro ha dicho en el pasado que “una política elegida, sea con dineros del narcotráfico, sea con los del erario, es ilegítima y extremadamente débil”. Y ahora es él sobre quien recae esa sospecha. Su margen de maniobra es poco. El presidente que no había quedado herido políticamente por sus antiguos enemigos, como el expresidente Álvaro Uribe, recibió el golpe más duro a su Gobierno desde donde menos se esperaba: de una confesión de su hijo mayor, su delfín político.

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Juan Esteban Lewin
Es jefe de Redacción de la edición América Colombia, en Bogotá.

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