Cúcuta se levanta para exigir la presencia del Gobierno de Gustavo Petro ante una oleada de homicidios

La inseguridad y la violencia no dejan de desbordar a Cúcuta, la principal ciudad colombiana sobre la frontera con Venezuela, a pesar de las expectativas que había despertado la reapertura de los cruces entre los dos países y la normalización de relaciones. La capital del convulso departamento de Norte de Santander ha registrado una oleada de una veintena de homicidios en la última semana, en su mayoría por ajustes de cuentas en una disputa entre grupos criminales que mantiene en alerta a la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. Las autoridades locales reclaman una mayor presencia del Gobierno nacional de Gustavo Petro.

En lo que va de este año se han registrado 165 asesinatos en el departamento, de los cuales 128 ocurrieron en su capital –35 de ellos en 30 días–. “Cúcuta es muy vulnerable por nuestra condición de frontera, tenemos presencia en nuestro territorio de una población pendular de más de 68.000 personas diarias que pasan por la frontera y no contamos con la colaboración de Venezuela”, se lamentó el alcalde Jairo Yáñez este jueves tras un consejo de seguridad. “La zona de frontera requiere de una mayor atención del Gobierno”, reclamó. Desde el Concejo han pedido al presidente que decrete la emergencia social ante la situación de orden público.

La ciudad está conmocionada por una crisis que se debe a una suma de factores. “No hay estrategias, ni operatividad ni ayuda tecnológica para enfrentar el delito en medio de una creciente disputa de mafias”, se lamenta Estefanía Colmenares, la directora del periódico local La Opinión. En un año de elecciones regionales, a las disputas por el microtráfico en varias comunas y las extorsiones en distintas zonas de la ciudad, se le suma que los homicidios quedan grabados en cámaras y eso despierta el fervor de seguridad de los candidatos que buscan posicionarse. Los cucuteños eligen en octubre al sucesor del alcalde Yáñez en una carrera en la que todavía no despunta ningún favorito.

Ningún otro lugar de Colombia vive con tanta intensidad las relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, ni ha sufrido tanto las sucesivas crisis. La “normalización gradual” ha sido uno de los principales focos de la nueva diplomacia colombiana. El tránsito de carga por los puentes binacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander se restableció desde septiembre, mientras el simbólico puente de Tienditas, una moderna infraestructura rebautizada como Atanasio Girardot, comenzó este 2023 despejado para el paso de vehículos, como no lo había estado en años. Las autoridades venezolanas retiraron los contenedores atravesados por militares leales al chavismo en el momento más álgido de la pequeña guerra fría que los dos países se proponen dejar atrás desde que Petro llegó al poder, hace casi un año.

El alivio en Cúcuta, al menos en el frente de la seguridad, todavía no se siente. Los más de 2.200 kilómetros de línea limítrofe son porosos, repletos de rutas informales por donde históricamente ha fluido todo tipo de contrabando. A pesar de la reapertura de los puentes, aún se impone la frontera clandestina y el flujo por las trochas. El crimen no ha cedido a la legalidad. “Es una dinámica que se está dando ante la ausencia del Estado colombiano y de un acuerdo claro en materia de seguridad entre las autoridades colombianas y venezolanas. Falta coordinación”, apunta Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

Cúcuta lleva un buen tiempo como epicentro de episodios de violencia que preceden la llegada de Petro al poder. A mediados de 2021, un carro bomba explotó en una brigada del ejército, con decenas de heridos pero sin víctimas mortales, y también fue en esos días cuando el helicóptero en el que viajaba el entonces presidente Iván Duque recibió una ráfaga de fusil. En diciembre de ese mismo año, otros estallidos de madrugada en el aeropuerto Camilo Daza provocaron la muerte de tres personas, dos policías y el hombre que transportaba los explosivos.

Además de las turbulencias binacionales, Norte de Santander es uno de los lugares más golpeados por el conflicto armado de más de medio siglo que Colombia busca dejar atrás desde que firmó un acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, a finales de 2016. En el departamento está la región del Catatumbo, con una de las mayores concentraciones de cultivos de hoja de coca en el país. Las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional –la última guerrilla en armas– o la pandilla conocida como el Tren de Aragua forman parte del desordenado archipiélago de grupos criminales que operan en la zona, se pelean las rentas ilegales y han sembrado la zozobra.

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