El terror de perder la vida y pagar impuestos de guerra amenaza a los periodistas del Caquetá: “Le vamos a cortar la cabeza, me dijeron”

“Le vamos a cortar la cabeza”. Esa ha sido la más fuerte de las amenazas que Yuliana Sánchez recibe al menos dos veces al mes. En octubre de 2024 recibió por primera vez una llamada que destruyó su tranquilidad: le dijeron que tenía tres días para irse de San Vicente del Caguán, el municipio del departamento de Caquetá donde trabaja como periodista. Desde entonces no ha dejado de ser acosada por voces anónimas, que utilizan diferentes números de celular para decirle que ha sentenciado su muerte o advertirle de ataques a su hijo de tres años. La directora del medio digital NoticiasColombiaTV dice que no sabe quién la amenaza, pero sospecha de algunos de los grupos de disidentes de las extintas FARC que no habrían visto con buenos ojos su cubrimiento del conflicto y los diálogos de paz en el municipio. Su esperanza está en que el Estado le entregue medidas de protección robustas, que alivien su pánico permanente de ser asesinada en cualquier momento.

Tras el primer ultimátum, Sánchez huyó del pueblo con lo puesto. Pero su labor la hizo regresar tras un par de semanas. “No podía dejar todo botado. Yo crecí aquí y vivo de esto. Las ocho personas de mi equipo dependen de su trabajo”, sentencia la joven, de 23 años, que lanzó su medio a inicios del 2024. El portal, que se especializa en contenidos de vídeo, suma más de 75.000 seguidores en las redes sociales, una cifra enorme un municipio de menos de 60.000 habitantes. “Hablamos de todo lo que pasa en San Vicente, sin apoyar o atacar a nadie. Solo queremos que nos dejen trabajar en paz”, comenta, con la voz ahogada por el llanto. Ya ni se atreve a abrir las ventanas de su apartamento para dejar colar la brisa nocturna, por miedo a facilitar un atentado. “No tengo un minuto de paz” sentencia.

En las llamadas, los criminales han demostrado que conocen su número de identificación y otros detalles que disparan su miedo. “Nombran a mi bebé. Para mí, esa es la peor parte”, zanja la periodista, quien también ha recibido avisos extorsivos. “Una vez me llamaron a pedirme cuatro millones de pesos dique para unos uniformes. No dijeron para quiénes son eran”, comenta desde su pueblo, simbólico y conocido en Colombia porque fue la sede de los fallidos diálogos de paz entre el Gobierno de Andrés Pastrana y la entonces poderosa guerrilla de las FARC; entre 1998 y 2002.

Desde el primer momento, Sánchez hizo públicas las amenazas. Avisó a las autoridades. Hasta el momento, cuenta, ha recibido el apoyo de la oenegé Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). La estatal Unidad Nacional de Protección (UNP) le hace un monitoreo telefónico. “Me llaman seguido y les digo dónde estoy qué voy a hacer, pero no tengo nadie que pueda protegerme”, apunta la futura comunicadora social, que pronto culminará sus estudios universitarios.

Un impuesto de guerra

Sánchez no es la única periodista que lidia con amenazas y extorsiones en Caquetá, un departamento en el borde norte de la Amazonía, que por años fue una de las zonas de influencia de las extintas FARC. “Tenemos conocimiento de siete periodistas que han sido extorsionados por los grupos armados ilegales. Cuatro viven en la capital, Florencia, uno en Doncello y dos en San Vicente del Caguán”, señala la Defensoría del Pueblo a este medio.

La FLIP también ha denunciado las tentativas de extorsión a cuatro comunicadores de Florencia, que recibieron mensajes de WhatsApp con citaciones. “Reciba un cordial saludo revolucionario por parte de las FARC-EP [nombre que asumen varios de los grupos disidentes]. Esta nota es para que haga presencia el día 18/06/2024 en el caserío X, jurisdicción de Cartagena del Chairá. Favor de no faltar” dice uno de los tres mensajes que recibió Antonio* con intervalos de un par de días. Eran fotos de textos escritos a mano, en papeles estampados con la imagen de un fusil. Según el periodista, venían del bloque Jorge Briceño Suárez del Estado Mayor Central, una de las facciones disidentes de la guerrilla que firmó un acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016.

Según los informadores, ese frente lucha con los grupos disidentes liderados por alias Iván Mordisco y con los Comandos de Frontera, en una puja por la economía ilegal. Esta guerra afecta especialmente el vecino departamento de Putumayo, uno de los 12 focos rojos de la actual guerra en el país, según la Defensoría del Pueblo.

Antonio decidió no acudir al llamado. En su lugar, como Sánchez, se alejó de la zona temporalmente. Realizó su trabajo radial a distancia. Al poco tiempo regresó. “No veo mi vida sin mi trabajo y fuera de este lugar. Me voy a morir aquí”, afirma el periodista, que ejerce su labor hace más de 40 años. Antonio recibió la nota cuando se encontraba con un par de colegas, que también recibieron citaciones y decidieron no presentarse. Esa pareja de comunicadores tuvo el apoyo de la FLIP para salir del territorio por varios meses. “Pensamos que era lo mejor para la familia, especialmente para nuestros hijos”, indica Yolanda*.

En la región es usual que los comerciantes paguen extorsiones o vacunas a los grupos armados para poder operar. “Eso ha pasado desde hace mucho tiempo, pero con la prensa no se habían metido”, señala. “Tiran granadas frente a los negocios de quienes no paga. Nos daba miedo que hicieran eso frente a nuestra casa”, prosigue la periodista, directora de un medio en Florencia. Para Yolanda, la guerra ya ha afectado el sostenimiento de su portal. “Las pautas han bajado porque muchos comerciantes temen hacer sus negocios visibles y recibir más extorsiones”, afirma la madre de familia, convencida de que cualquier señal de progreso invita a una amenaza en la región.

Según Daniel Chaparro, asesor de la dirección de la FLIP, las exigencias financieras a los periodistas son recurrentes en Colombia. “Sabemos que eso sucede con frecuencia en regiones como el Caribe. Muchas veces los periodistas ni siquiera denuncian o avisan a las autoridades”, comenta el investigador. De acuerdo con esa oenegé, este 2025 ya fue asesinado un periodista y en 2024 fueron asesinados 3, en el año más letal para la prensa en la última década. Además, otros 2 fueron secuestrados, 20 forzados a desplazarse y 4 tuvieron que exiliarse para huir de un país en el que 167 periodistas han sido asesinados por cuenta de su oficio desde 1977.

Incluso cuando nada de eso pasa, llega la autocensura. “A veces uno prefiere ser prudente, porque contar todo puede ser un problema y aquí nadie nos protege”, enfatiza Antonio. En San Vicente del Caguán, Sánchez no deja de imaginar escenarios catastróficos en los que su oficio o su vida llegan a su fin. “Giro la cabeza todo el tiempo para que no me sorprendan por la espalda” apunta la joven. Su miedo más grande es el dolor de cualquier madre: “No quiero dejar que mi bebé crezca sin mí”.