El espinoso arranque del programa de subsidios de Petro: denuncias de saboteo, largas filas y confusión

El cambio del modelo de subsidios a familias vulnerables que quiere implementar el presidente Gustavo Petro arrancó con graves tropiezos. El gesto de impaciencia de miles de personas que buscaban sombra en el calor sofocante de ciudades como Cali, Medellín, Neiva, Cartagena y Barranquilla, mientras hacían largas filas para reclamar las ayudas de Renta Ciudadana en sedes del Banco Agrario, es apenas un ángulo de esa compleja transición. Además de las aglomeraciones, existen denuncias sobre un supuesto intento de saboteo, alertas de colados en la lista de beneficiarios y cuestionamientos a la selección del banco estatal como operador, una decisión que el Gobierno defiende a pesar de los traumatismos.

Renta Ciudadana nació con la aprobación de un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 como un sistema único de transferencias monetarias que reemplaza programas tradicionales como Familias en Acción. El presidente Petro no se conforma con lo que encontró. Quiere poner un sello propio con subsidios más altos, que van desde 360.000 pesos hasta un millón de pesos bimestrales (entre 90 y 250 dólares), dirigidos a hogares priorizados según las condiciones socioeconómicas y el número de integrantes.

La política, que apenas comienza a alzar vuelo, privilegia a madres cabeza de hogar con niños o niñas menores de seis años en 466 municipios con altas tasas de desnutrición infantil. El Gobierno lo concibe como un plan de choque contra el hambre. La promesa de fondo es que las familias beneficiarias logren salir de la pobreza o de la pobreza extrema.

Cielo Rusinque es la directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la entidad encargada del nuevo programa que dio los pasos iniciales a finales de abril. Ella sostiene: “Antes se daban ayudas simbólicas, por debajo de la línea de pobreza, que iban desde los 15.000 pesos hasta un promedio de 90.000 pesos bimestrales (entre menos de 4 y 22 dólares). La idea es dignificar el ingreso y complementar con una oferta diversa para sacar a los beneficiarios de esa situación; que no se vuelvan eternos dependientes del subsidio”.

Las ayudas, dirigidas a más de tres millones de hogares, 113.000 de ellos indígenas, están condicionadas a la asistencia escolar de los hijos de los beneficiarios y la atención de los servicios de salud. Pero el segundo desembolso, que arrancó este mes de julio, no ha dejado un buen sabor.

El DPS suscribió un convenio interadministrativo con el Banco Agrario como único responsable de la distribución del dinero. La decisión levantó críticas por debilitar la red de operadores privados para el pago de las transferencias. Rusinque alega que el banco estatal tiene la capacidad de garantizar la operación y ofrece mejores tarifas que la banca privada.

La funcionaria lo justifica: “El promedio de costos que presentaba el sector bancario privado estaba por el orden de 3.500 pesos por transferencia (87 centavos de dólar) y el Banco Agrario por 3.200 pesos (82 centavos de dólar). Además, tiene cobertura en más de 400 municipios donde es la única entidad bancaria y seguirá operando con otros bancos aliados”. Y añade: “Se quiere crear la imagen de que el Banco Agrario no tiene la capacidad para responder, algo que no es cierto”. Con corte al 16 de julio, se habían realizado el 57% de los pagos que van hasta el próximo 31 de julio.

El economista Roberto Angulo cuestiona que el Banco Agrario haya sido seleccionado con base en tarifas de un simulador de Colombia Compra Eficiente, una agencia para la contratación pública. “La comparación es de referencia, eso está bien como un paso previo a un proceso competitivo, pero no lo debería sustituir”, subraya.

Angulo, exdirector nacional de programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción, opina que, más allá del debate entre lo público y lo privado, la decisión de depender exclusivamente de esa entidad financiera supone un retroceso en la experiencia que ha ganado el país en la última década para evitar las filas del pasado.

“Es un cuello de botella operativo porque el operador no tiene la capacidad física, ni tecnológica, ni tiene todo el conocimiento para poder gestionar los pagos en toda la cobertura nacional. Eso no quiere decir que no deba estar o que no sepa nada. Simplemente no es robusto en las grandes ciudades. Por eso la congestión ha sido en ciudades principales”, explica el experto.

Antes, los beneficiarios no tenían que ir hasta los bancos, sino que podían acceder a tecnologías de pagos digitales como monederos electrónicos, donde el Estado transfiere los recursos para que los usuarios puedan retirarlos en un cajero o en redes de corresponsales bancarios. “Entre más robusta sea la red de cajeros, oficinas y corresponsales, menos congestión va a haber”, añade Angulo.

Esta vez, quienes tienen cuentas bancarias reciben un código o PIN que deben utilizar en los cajeros para retirar el dinero. Los no bancarizados, deben buscar atención presencial en las sucursales del banco. A la posible confusión por los cambios, se suma el afán de reclamar un dinero del que podría depender la comida diaria de miles de beneficiarios. En Colombia, 28 de cada 100 hogares no pueden acceder a alimentos de calidad o se saltan comidas por falta de recursos.

Por otra parte, el DPS ha revelado un presunto intento de saboteo que llevó a la entidad a presentar una denuncia penal por delitos informáticos ante la Fiscalía el pasado 3 de mayo, semanas antes de que se iniciara el actual desembolso de Renta Ciudadana. “En meses anteriores a esta operación, colombianos recibieron mensajes engañosos, vía WhatsApp y correo, de que eran beneficiarios y que se acercaran a reclamar el cobro”, dice Rusinque. En las pruebas, a las que tuvo acceso EL PAÍS, aparecen una página web falsa, chats y múltiples correos electrónicos.

El Gobierno tampoco descarta intereses políticos por una depuración de las bases de datos de beneficiarios. “Tenemos aproximadamente un millón de familias suspendidas porque encontramos que tenían ingresos hasta por encima de los ocho millones de pesos (unos 2.000 dólares), funcionarios públicos, pensionados, hogares que no cumplían con los criterios de priorización”, denuncia la directora Rusinque, quien no descarta que hayan ingresado por intercambios de favores políticos. “Allí también hay un interés de pronto de torpedear una operación que ya no les va a generar ningún tipo de beneficio”, añade.

Mientras algunos grupos de oposición se frotan las manos en medio de las imágenes de confusión que han dejado algunos desembolsos de los subsidios, el Gobierno de Gustavo Petro se empeña en defender la implementación de un nuevo modelo que no ha estado libre de errores. “Estamos tomando las medidas para el aprendizaje que queda de esta oportunidad”, concede la directora del DPS. En el medio están millones de ciudadanos a la espera de que el cambio de estrategia para reducir la pobreza funcione.

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