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El presupuesto del nuevo Ministerio de la Igualdad despierta críticas en Colombia

La recién creada cartera, promesa del Gobierno progresista desde la campaña presidencial, será dirigida por la vicepresidenta, Francia Márquez, y despega con una estructura y unas partidas burocráticas tachadas de exageradas por distintos frentes

La vicepresidenta Francia Márquez
La vicepresidenta de Colombia, Francia Marquez, en el Museo Fragmentos de Bogotá en octubre de 2022.LUISA GONZALEZ (AP)
Camilo Sánchez

Una noticia positiva como lo es la entrada en funcionamiento del Ministerio de la Igualdad en Colombia ha despegado con algunas notas agrias por cuenta de las críticas a su estructura burocrática y presupuesto. De acuerdo con la vicepresidenta, Francia Márquez, quien también liderará la cartera, se destinarán aproximadamente 87.000 millones de pesos (unos 21 millones de dólares) para el pago anual de una plantilla amparada bajo cinco viceministerios. Unas cuentas que se suman a los 500.000 millones (alrededor de 121 millones de dólares) para financiar los programas del Ministerio. Cifras que para muchos, como el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, aún podrían ser objeto de mayores recortes en un marco de desaceleración económica.

Ante la catarata de críticas de la oposición, la vicepresidenta ha recordado en entrevista con W Radio que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, y que invertir en los derechos de las poblaciones históricamente marginadas no debería ser considerado como un gasto: “Gran parte de la situación de violencia que vivimos en nuestro país tiene que ver con la desigualdad y la inequidad que nunca se les ha ofrecido (a las mujeres, a los colectivos LGBTIQ, a los jóvenes o comunidades indígenas y negras)”.

Pero diversos académicos involucrados en el diseño de la nueva cartera aseguran que se deberían resaltar las virtudes de una estructura que recoge todos los esfuerzos del país en términos de igualdad e inequidad. Se trata de un intento por canalizar todos los proyectos que antes estaban diseminados a través de secretarías, entidades o programas de la administración pública. Una estructura, en últimas, que pretende engarzar todos los esfuerzos de una manera coordinada, técnica y con normas de seguimiento. Un buen ejemplo sería la inclusión de las poblaciones vulnerables, abarcando a las personas con discapacidad, que antes contaban tan solo con pequeños institutos para su atención.

Sin embargo, la creación de cinco viceministerios, en un país donde las 18 carteras restantes solo cuentan con dos, ha sido objeto de dardos de diversos frentes. “La estructura propuesta (…) no tiene precedentes”, publicó el exministro Ocampo en su cuenta de Twitter, “y debe ser simplificada radicalmente; no cinco sino máximo dos viceministros; no 20 direcciones generales sino unas cinco; y ningún delegado en los departamentos”. El complejo organigrama institucional propuesto incluye viceministerios para la mujer, la juventud, la población LGBTIQ+, las poblaciones y territorios excluidos y un quinto para la superación de la pobreza. En ese sentido, la vicepresidenta ha sustentado la creación de estas dependencias en las 13 categorías establecidas por la Corte Constitucional como sujetos de protección especial.

Márquez explicó que el caso del Ministerio en Colombia, a diferencia de España, no se centrará únicamente en las mujeres: “Nos hemos pasado meses haciendo los estudios técnicos con función pública, con Hacienda para definir cómo debería estar la estructura y desde la Presidencia mirar las competencias en la reglamentación”. También indicó que se realizaron estudios para garantizar que no habrá duplicidades burocráticas ni gastos innecesarios. Algunos medios de derecha, sin embargo, han calculado que los 744 cargos que se crearán podrían suponer un peso burocrático debatible en un país que año a año incrementa el número de servidores públicos con los costes que ello acarrea.

Desde el Gobierno, por su parte, ha trascendido que el objetivo es instalar las direcciones territoriales del Ministerio de la Igualdad directamente en las zonas marginadas del país donde la población ha padecido con mayor fuerza la ausencia del Estado. Y fuentes desde sectores del oficialismo recuerdan que este no es un problema para resolver desde los escritorios o despachos de las ciudades, sino con trabajo sobre el terreno en las zonas más excluidas de un país altamente fragmentado geográfica y socialmente.

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La partida presupuestal inicial de 500.000 millones, citada por el Ministerio de Hacienda y replicada por varios medios, fue objeto, durante los últimos días, de diversas comparaciones en cuanto a su peso frente al de otros ministerios. Se ha enarbolado una vez tras otra que la cartera debutante recibiría más fondos, por ejemplo, que los Ministerios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Ciencia, o de Transporte. Pero fuentes del oficialismo han explicado que la asignación de esos recursos, contemplados en el presupuesto general de la Nación, son necesarios para hacer frente a una misión que contempla presencia en entidades territoriales.

El presidente Gustavo Petro afirmó hace unas semanas durante un consejo de seguridad sobre violencia de género celebrado en Medellín: “Sabemos que al inicio el Ministerio tendrá una curva de aprendizaje. Tenemos que trabajar duro, porque en 10 años nos preguntarán si se logró impactar a la sociedad o su acción fue marginal. Es mi invitación a empezar a pensar y actuar frente al tema”.

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Sobre la firma

Camilo Sánchez
Es periodista especializado en economía en la oficina de EL PAÍS en Bogotá.

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