El secuestro, la piedra con la que suelen tropezar los diálogos con el ELN

Con el cese al fuego de seis meses acordado entre el Gobierno de Gustavo Petro y la cúpula del ELN, la paz total tiene su primer gran hito, un avance sin precedentes en un proceso con la última guerrilla en armas del país. El cumplimiento será verificado por la ONU y la iglesia católica. Es apenas la segunda tregua bilateral con ese grupo en más de medio siglo de lucha armada, la primera por 180 días, pero ese logro se vio ensombrecido por las declaraciones del jefe negociador de los rebeldes, Pablo Beltrán, quien apuntó que las extorsiones y los secuestros no hacen parte de lo pactado. Una piedra con la que suele tropezar en algún momento cada intento de diálogo con los elenos.

“Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, en estos protocolos no entraron, se aspira a que más adelante sí”, dijo Beltrán el viernes en La Habana, luego de la clausura del tercer ciclo de negociaciones. Las finanzas del ELN, agregó en sus declaraciones a periodistas, incluyen los “impuestos” y las “retenciones”, como los rebeldes suelen referirse a los secuestros. “Si no son necesarias, no se harán”, matizó antes de declinar referirse al reclutamiento de menores de edad, otro tema espinoso.

Sus palabras no ponen en riesgo el cese que entrará en vigor el 3 de agosto, pero agitaron el debate. El ELN, que nació en 1964 bajo el influjo de la revolución cubana y la influencia de la teología de la liberación, tiene un largo historial de secuestros y ataques a infraestructuras petroleras. Por décadas ha obtenido importantes recursos de la extorsión a trasnacionales y el secuestro de civiles, incluidos extranjeros. A pesar de que se ha sentado a negociar con prácticamente todos los gobiernos de Colombia desde los años 80, es la primera vez que tiene como contraparte a un mandatario de izquierdas.

Criticado por sectores conservadores por sus supuestas concesiones, Petro quiere sellar un acuerdo con el ELN que allane el camino a la paz total con todos los actores armados. Incluso ha llegado a plantear la necesidad de cambiar el concepto de “cese al fuego” con esos grupos armados por el de un “cese bilateral de hostilidades”. Eso implicaría tener un acuerdo más amplio en el que, además de detener las acciones bélicas entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública, se suspendan los ataques contra la población civil, apunta un análisis de la Fundación Ideas para la Paz.

El documento firmado en La Habana con el ELN, por lo pronto, se enmarca en las acciones prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario, que incluyen tanto la “toma de rehenes” como el reclutamiento de menores. Eso ha provocado diferentes reacciones, lecturas e interpretaciones. “En ninguna parte de los acuerdos que se han suscrito ha quedado ni autorizado el secuestro ni dicho que la fuerza pública deja de cumplir con su misión y sus deberes constitucionales”, ha enfatizado el senador Iván Cepeda, uno de los negociadores del Gobierno. “Para nosotros como iglesia el secuestro es un asunto moralmente inaceptable”, dijo a La W monseñor Héctor Fabio Henao, el representante de la iglesia católica en la mesa de diálogos. Un mecanismo conformado por la ONU, el gobierno, los rebeldes y la propia iglesia verificará la tregua sobre el terreno. Ese tipo de controversia no es nueva en los múltiples acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional.

Es un asunto muy sensible. Con más de 50.000 víctimas documentadas entre 1990 y 2018, la principal responsable del secuestro en Colombia ha sido la extinta guerrilla de las FARC, con un 40% de los casos, de acuerdo con la Comisión de la Verdad surgida del acuerdo de paz. El ELN ha sido el responsable de 9.538 secuestros, el 19% de los ocurridos en el país en ese lapso. El sacerdote jesuita Francisco de Roux, que presidió la Comisión, llegó a calificarlo como “el crimen que más rompió y dividió a los colombianos”, y el tema ha atravesado los múltiples intentos de diálogos.

La agenda original de negociación con el ELN que el Gobierno Petro se propuso retomar se pactó en el periodo de Juan Manuel Santos, en marzo de 2016. Ya entonces la fase pública de las conversaciones se vio postergada por un tira y afloje en torno a la liberación de Odín Sánchez, un excongresista secuestrado por uno de los frentes de la guerrilla en Chocó. La mesa solo se instaló hasta comienzos de 2017 en una antigua hacienda tabacalera en los alrededores de Quito, Ecuador –y después tuvo un largo paréntesis durante el periodo de Iván Duque–. A pesar de que las partes habían acordado que el DIH sería el lenguaje común, el ELN argumentaba que el derecho de rebelión invocado por ellos les permitía secuestrar, aun con fines extorsivos, según relata en sus memorias Juan Camilo Restrepo, el jefe negociador del Gobierno Santos con el ELN.

Una de las mayores diferencias entre las FARC y el ELN es que las primeras, mucho más pragmáticas, “eran capaces en un momento dado de hacer declaraciones unilaterales, como la de renunciar a los secuestros”, escribe Restrepo en Cuatro crisis que marcaron a Colombia (Planeta, 2022). “El ELN, por el contrario, nunca hace ese tipo de declaraciones unilaterales y todo lo enmarca dentro de un absurdo bilateralismo. Por esa razón nunca ha sido capaz de renunciar públicamente a prácticas violatorias del DIH como el secuestro, cosa que sí hicieron las FARC en su momento. Sin duda, esa actitud hace especialmente complejo cualquier proceso de paz con el ELN”, valora desde su experiencia.

Las palabras de Beltrán han tocado una fibra sensible de la sociedad colombiana. “Es una falta de sentido de realidad”, que disipa la sensación de alivio, señala el sociólogo Gonzalo Sánchez, quien dirigió durante años el Centro Nacional de Memoria Histórica y es un respetado estudioso del conflicto armado. Sin embargo, advierte que no se le debe pedir a los acuerdos parciales con el ELN los resultados de un acuerdo final de paz; es apenas el arranque de un proceso. “Hay impaciencia social”, concede.

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