Del “golpe blando” a las guerras jurídicas: el Pacto Histórico acusa una persecución política desde los organismos de control

El Gobierno de Gustavo Petro atraviesa, una vez más, días de vértigo. La misma semana que comenzó con la ambigua denuncia presidencial de un “golpe blando” acabó con un incendio político por cuenta de una crisis palaciega que derivó en un caso de escuchas ilegales y la salida de la jefe de gabinete y el embajador en Venezuela, Laura Sarabia y Armando Benedetti, dos de los más cercanos colaboradores del primer presidente de izquierdas en la historia reciente de Colombia. En el medio, la bancada del Pacto Histórico, el movimiento que llevó a Petro al poder, decidió acudir al sistema interamericano de justicia ante el temor de una persecución política de los organismos de control.

La mención presidencial de un “golpe blando”, que en un primer momento parecía referirse a las altas cortes, se prestaba para múltiples interpretaciones y acabó por generar un aluvión de críticas. Ya la senadora Piedad Córdoba lo había usado en referencia a “un clima artificioso de malestar social insostenible”, sin demasiados detalles. “Cuando el mandatario utiliza de forma irresponsable un término tan peligroso, siembra el pánico y sabotea su propia gobernabilidad. Es momento de menos trinos y más mesura en la Casa de Nariño”, le fustigó un editorial de El Espectador. Petro después insinuó que se refería a decisiones de la Procuraduría y no de las altas cortes, pero el episodio quedó teñido de confusión.

En una América Latina que se fue poblando poco a poco de líderes progresistas, esas fuerzas le temen ahora a una justicia politizada. El encuentro del Grupo de Puebla que se celebró en Santa Marta a finales del año pasado ya discutía el concepto de lawfare, o guerras jurídicas, con la presencia de expresidentes como la brasileña Dilma Rousseff, el español José Luis Rodríguez Zapatero o Ernesto Samper.

Al encuentro también asistieron numerosos congresistas del Pacto Histórico como María José Pizarro, Clara López o David Racero, el presidente de la Cámara de Representantes. Varios de esos rostros volvieron a aparecer esta semana cuando la bancada de Gobierno anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares, como lo hizo Petro en su momento, pues consideran que la Procuraduría ha tomado decisiones para las que no tiene competencia, como destituir congresistas. El grupo parlamentario ha denunciado que al menos seis de sus legisladores se encuentran en riesgo de perder sus escaños por las acciones de la entidad dirigida por Margarita Cabello, la exministra de Justicia de Iván Duque de la que desconfían.

En ese ambiente enrarecido, las posturas tanto de la procuradora Cabello como del fiscal general, Francisco Barbosa, alimentan las suspicacias. Ambos fueron funcionarios de Duque y, en su momento, sus elecciones desataron una intensa discusión acerca del equilibrio de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la independencia de los órganos de control. Si en la pasada Administración se temía que fueran ‘funcionarios de bolsillo’, ahora, en los diez meses del nuevo Gobierno, se han mostrado como férreos opositores a las políticas de Petro. Hay un “claro hostigamiento” por parte de ambas entidades, ha señalado Racero, el presidente de la Cámara, que hace parte de los congresistas señalados junto a la representante Susana Boreal y los senadores María José Pizarro, Alexander López, Wilson Arias y Alex Flórez –suspendido por la Procuraduría la semana pasada por haber agredido a un policía en Cartagena–.

Dos senadores del Pacto Histórico ya fueron suspendidos en los últimos meses, César Pachón y Roy Barreras, una figura clave que presidía el Congreso, en sus casos por el Consejo de Estado por incurrir en doble militancia, lo que está prohibido por la ley electoral. Son escenarios distintos, y desde la bancada del Pacto Histórico son cuidadosos en advertir que los fallos de la justicia se acatan así no se compartan. “No voy a atrincherarme en el viejo argumento de que hay una persecución política. Mucho menos de parte de los jueces. No había jurisprudencia y había un vacío legal. Lo que es cierto es que quienes meten las demandas tenían la intención de sacarme del juego”, zanjó en su momento Roy Barreras.

Pero la lectura que hacen los congresistas es distinta cuando se trata de la procuradora Cabello. “La Procuraduría por ser un órgano netamente administrativo carece de funciones jurisdiccionales para separar de sus cargos a los funcionarios de elección popular”, apunta la carta que firmaron, en la que aseguran que sus actuaciones buscan “amedrentar y disminuir la bancada del primer gobierno alternativo de los últimos noventa años en Colombia”. De Cabello señalan que no ofrece garantías al derecho de defensa.

“Queremos alertar que se puede estar configurando una persecución política en contra de los congresistas del Pacto Histórico, tanto del Senado como de Cámara”, enfatiza María José Pizarro, quien también es negociadora del Gobierno en la mesa con la guerrilla del ELN. “La procuradora ha tenido expresiones en los medios de comunicación muy preocupantes, donde asume más una posición de líder política de la oposición que de procuradora general”, valora la senadora al recordar que justamente en el caso de Petro cuando era alcalde de Bogotá se estableció que la Procuraduría no es competente para inhabilitar servidores públicos que han sido elegidos por voto popular. “Los mandatos constitucionales de autoridades electas solamente pueden ser interrumpidos en función de sentencias de jueces penales”, recordaba esta semana un comunicado de la Organización de Estados Americanos. Colombia, sin embargo, no he terminado de ajustar su ordenamiento a lo ordenado por la Corte Interamericana. Una reforma que impulso la procuradora para ello, que le permite suspender funcionarios electos si el Consejo de Estado lo avala, ha sido objeto de un debate tan fuerte que dividió a la Corte Constitucional.

“Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la Fiscalía y la Procuraduría para resolver la política”, escribió el presidente Petro en sus muy activas redes sociales al apelar a los derechos políticos de los electores y hacer un llamado a la movilización popular. La senadora Pizarro subraya que “bajo ninguna circunstancia” plantean una diferencia con las altas cortes, el Consejo de Estado ni la Corte Suprema, que son sus jueces naturales.

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