Pasar de la palabra a la acción: el mensaje de los antiguos negociadores del acuerdo de paz a Petro

El presidente Gustavo Petro ganó las elecciones con la promesa de implementar el Acuerdo de Paz firmado entre las extintas FARC y el Estado y de revertir las dilaciones y problemas ocasionados durante el gobierno de Iván Duque, un férreo opositor del proceso. Sin embargo, a juicio de dos las dos cabezas negociadoras del Acuerdo, el Ejecutivo actual tampoco ha dado pasos urgentes para implementarlo correctamente y advierten sobre cinco grandes puntos que traban el proceso de paz que desarmó a 12.700 guerrilleros.

En una carta pública, el exjefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle y el ex Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, manifiestan con preocupación que “las buenas intenciones” (de Petro) no se traducen aún en avances en la gestión del Acuerdo. “No desconocemos las buenas intenciones del Gobierno y estamos dispuestos a ayudar en lo que sea necesario. Hacemos simplemente una invitación a pasar lo antes posible de la palabra a la acción, para que el proceso de paz no siga perdiendo terreno en los territorios de Colombia”.

En primer lugar, les llama la atención que, si el Acuerdo es prioritario para el Gobierno, no se haya designado todavía a un responsable de su ejecución, incluyendo asegurar la articulación entre distintas instituciones. Aclaran que el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien ha sido encargado recientemente de ello, no tiene el tiempo suficiente. Eso porque debe ocuparse de las negociaciones de paz con el ELN, que de la Calle y Jaramillo celebran, de los acercamientos con grupos de crimen organizado y de la implementación del Acuerdo firmado en 2016. “Es humanamente imposible que el Comisionado, además de todas esas tareas, se encargue eficazmente de la implementación”, escriben.

También señalan preocupación porque no haya sido nombrado un “director en propiedad” de la Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización, que debe velar por los excombatientes. Desde la firma del Acuerdo han sido asesinados al menos 340 excombatientes. Petro fue un crítico acérrimo de Duque por la falta de protección de los hombres que dejaron las armas. Como presidente nombró a Gloria Cuartas como directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo. Esa entidad depende del Alto Comisionado para la Paz y nació después de la reestructuración que hizo Petro de la Presidencia, en la que se eliminaron algunas consejerías como la de Estabilización y Consolidación, encargada bajo Duque de la implementación.

La falta de una estrategia clara de seguridad es otra las alertas que envían los antiguos negociadores. Efectivamente, a cuatro meses de mandato, Petro no ha logrado frenar el baño de sangre heredado de Iván Duque: en lo que va de 2022 se han presentado 94 masacres con 354 víctimas, al menos 70.000 personas se han desplazado por amenazas de distintos grupos armados y el asesinato de líderes sociales, que el hoy presidente criticó con fiereza, no cesa. “La experiencia colombiana enseña que conversaciones de paz que no se acompañan de una estrategia eficaz de seguridad, fracasan”, manifiestan en su carta pública.

De la Calle y Jaramillo valoran la centralidad que el Gobierno da a la reforma rural, nuez del acuerdo de paz. Aplauden el “incremento significativo” de recursos para el Ministerio de Agricultura y las agencias del sector rural, que ayudaría a implementar el punto uno del Acuerdo. Pero señalan falencias en otras instancias que pueden dejar coja la implementación y ponen como ejemplo que el Ministerio de Salud no ha presentado el Plan de salud rural.

Destacan también el interés manifiesto del presidente por el Programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso iIlícito (PNIS) y piden que se establezca una “hoja de ruta para implementar de manera vigorosa el programa con enfoque territorial como propone el Acuerdo. Los cultivos de coca alcanzaron 204.000 hectáreas durante el último año del gobierno de Duque, lo que supone el mayor crecimiento anual desde que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) lleva registros. “Es bien conocida la relación directa que existe entre la presencia de cultivos de coca y de organizaciones criminales en los territorios, por una parte, y el asesinato de líderes sociales, por otra”, afirman.

Los negociadores del Acuerdo firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos advierten que en el Plan de Desarrollo propuesto por el Gobierno Petro se refleja un compromiso con la implementación incluso muy por debajo del de Duque. Mientras en el gobierno anterior había 48 indicadores para medir los avances, en el de Petro apenas encuentran 8. Eso deja sin objetivos claros varios de los asuntos centrales del acuerdo, como la reforma rural, la sustitución de cultivos o el cumplimiento a las víctimas. “Lo que los gobiernos no miden, no lo hacen”, advierten.

Finalmente, manifiestan que ahora más que nunca se debe proteger a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional creada durante el Acuerdo. En las últimas semanas la JEP ha presentado las posibles sanciones para los excomandantes guerrilleros, así como para agentes estatales que cometieron crímenes de lesa humanidad. En la carta, piden que “se cumplan las sanciones correspondientes” y que el Gobierno destine los recursos necesarios para que sean efectivas. Además, de cara a la propuesta de paz total, con la que Petro busca negociar con todos los grupos armados, advierten que la JEP no debe ser reformada y “mucho menos incluir en ella organizaciones criminales que nada tienen que ver con sus propósitos”.

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