El incesante asesinato de líderes sociales persigue al Gobierno de Petro

El asesinato de líderes sociales no se detiene en Colombia. Indepaz, la ONG que lleva el conteo de estas muertes, ha informado de que en lo que va de 2022, 171 defensores sociales han sido asesinados, la misma cifra de homicidios cometidos en todo el año anterior contra líderes ambientales, sindicales y de derechos humanos. El rostro de Nicodemus Luna Mosquera, un reconocido líder sindical que fue asesinado en Dibulla, La Guajira, marca ese doloroso hito. En esa zona, agrega la Defensoría del Pueblo en una alerta de riesgo, operan el Clan del Golfo, Los Pachenca y otras bandas locales. Luna había sido dirigente de la Unión Sindical Obrera USO, en Tibú; y ahora estaba afiliado a la Asociación Nacional de Pensionados Petroleros. Había sido víctima de distintos atentados.

La incapacidad de detener esos asesinatos fue una de las principales críticas del entonces senador Gustavo Petro contra el expresidente Iván Duque. Desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, en 2016, los grupos armados han asesinado a 1.298 líderes sociales, violencia que se acentuó durante el Ejecutivo de Duque. Petro tampoco ha logrado parar el baño de sangre en los tres primeros meses de su Gobierno.

Embarcado en una política de paz total, que busca negociar con todos los grupos armados, incluidos las bandas de crimen organizado, Petro y sus funcionarios han exigido a esas organizaciones que detengan los asesinatos a defensores y respeten a las comunidades. Varias han mostrado su disposición a acercarse a las negociaciones, pero hasta ahora no están cumpliendo y los homicidios continúan.

De acuerdo con Human Rights Watch, en los tres primeros meses del Gobierno Petro han sido asesinados 35 líderes sociales. La situación más grave sigue concentrada en los departamentos de Nariño, Chocó, Cauca y Valle. “Para frenar la matazón de líderes sociales en Colombia no basta con iniciar negociaciones de paz y de sometimiento con grupos armados. Es urgente establecer una política de seguridad que proteja a la población civil, ampliar la presencia estatal e implementar los mecanismos del acuerdo de paz con las FARC para proteger a líderes sociales y avanzar en estrategias de desmantelamiento integral de organizaciones delictivas”, dice a EL PAÍS, Juan Pappier, investigador senior de HRW para las Américas.

Octubre, el peor mes

Octubre fue el mes más mortífero de este año. Distintas hipótesis señalan que disidencias de las FARC como el Comando Coordinador de Occidente y la Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, ejercen presión a las comunidades, resguardos y cabildos indígenas en una lucha por el control social que tiene en medio los altos precios de la coca. Había ocurrido un pico de asesinatos en abril, bajó en septiembre, pero en octubre volvió a subir.

Aunque cada organización maneja cifras diferentes, todas coinciden en el aumento de los casos. “Lo que vemos es que las personas más afectadas son los miembros de las Juntas de Acción Comunal, las autoridades indígenas y afrodescendientes que protegen la tierra y el territorio, así como los defensores del medio ambiente. También hemos identificado que los actores no estatales siguen siendo los responsables de gran parte de los homicidios”, asegura la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Recién posesionado, Petro también dio una orden a través de Twitter, en la que anunciaba que los jefes militares se medirían por disminución de muertes y no solamente por bajas o capturas. “La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos. Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacre y muerte de líderes sociales”, dijo en su momento. Sin embargo, hasta ahora, no se conoce cómo eso ha impactado la protección de los defensores. El Ministerio de Defensa tampoco ha presentado aún su política de seguridad. Se espera que tenga el documento para diciembre.

Existe un Plan de Emergencia para la protección de defensores, líderes sociales y firmantes de paz, que fue impulsado por distintas organizaciones de derechos humanos y la Comisión de Paz del Senado, acompañadas por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Plan fue presentado el 5 de agosto y el presidente lo sumó a su plan de Gobierno.

Una de las 49 medidas de ese plan son los Puestos de Mando Unificado por la Vida que buscan ser espacios operativos interinstitucionales para dar respuestas concretas a las situaciones de riesgo de los líderes y excombatientes de los municipios con mayores índices de violencia. Otra es la conformación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que deber verificar que se cumpla la estrategia y recomendar cómo aplicarla, así como evaluar y sacar a las personas más amenazadas de los territorios.

La ONU dice que aún es prematuro hacer un balance en tres meses del impacto que han tenido los PMUVs en la disminución de la violencia. “Esta es una medida de un plan más amplio cuyo impacto se debe analizar en su conjunto. Las causas de la violencia en contra de las personas defensoras son múltiples y estructurales. Es difícil revertir dinámicas de violencia en los territorios, cambiar la forma de trabajo de las autoridades en el nivel local, generar la confianza necesaria con sociedad civil para identificar situaciones de riesgo y ampliar la capacidad y coordinación de las instituciones del Estado en las regiones”, aseguran en Naciones Unidas.

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