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Colombia concluye su primer día de intervenciones en La Haya

El canciller, Álvaro Leyva, reitera que la costumbre internacional no permite a Nicaragua extender su plataforma continental sobre la zona económica exclusiva del país andino

Lucas Reynoso
El equipo de defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya
El equipo de defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya (Países Bajos).Álvaro Leyva

Colombia ha concluido este martes su primer día de intervenciones en el caso contra Nicaragua que se desarrolla en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Países Bajos). El canciller colombiano, Álvaro Leyva, ha afirmado tras la sesión que es “impresionante” lo que reclama el país centroamericano. “Colombia insiste en que no existen bajo el derecho internacional consuetudinario normas que le permitan a un Estado sobreponer sus pretensiones de una plataforma continental extendida sobre la zona económica exclusiva de otro Estado”, ha declarado el ministro.

El proceso ha llamado la atención en La Haya porque es la primera vez que la CIJ limita los temas que pueden tratarse en las audiencias. El tribunal busca enfocarse en dos temas estrictamente jurídicos. El primero refiere a si existe en el derecho internacional una costumbre con fuerza de norma que aplique a las plataformas continentales y que los Estados acepten como obligatoria. El segundo aborda cómo delimitar una plataforma que se solape con las 200 millas náuticas que le corresponden a otro país como parte de su zona económica exclusiva. De momento han quedado afuera otros temas, como un análisis probatorio sobre si la plataforma nicaragüense realmente tiene la extensión que dice el país centroamericano.

Ambos países han enfrentado otras dos disputas en los últimos años, con victorias y derrotas para cada uno. La CIJ reconoció en 2012 la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mientras que concedió a Nicaragua una mayor extensión de zonas marítimas que aquellas en las que ya ejercía soberanía. Una década después, en abril de este año, dictaminó que ambos países habían violado los derechos soberanos del otro tras la última sentencia. En especial Colombia, que debía “cesar inmediatamente” las actividades pesqueras en las zonas marítimas nicaragüenses implicadas.

Los alegatos de esta tercera demanda comenzaron el lunes, con los argumentos de Nicaragua. Continuarán este miércoles y jueves con las réplicas de cada Estado y concluirán el viernes. No se espera una decisión del tribunal hasta dentro de unos meses. Una sentencia puede cerrar el caso, mientras que una providencia puede llevar el proceso a evaluar las consideraciones más técnicas.

El canciller ha afirmado que no ha habido contactos para acercar posturas directamente con Nicaragua y ha insistido con que no existen precedentes que sustenten las peticiones del país centroamericano. “No vamos a ser los que nos vayamos a prestar a esto, tenemos que evitarlo a toda costa”, ha declarado.

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Las audiencias estrenan al nuevo equipo negociador colombiano. Leyva posesionó el pasado 22 de noviembre al nuevo agente, Eduardo Valencia-Ospina, un jurista que conoce bien la CIJ y que fue presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. “Colombia es el primer país, y ojalá el último, que tendrá que defenderse en un caso en el que la totalidad del área supuestamente relevante se ubica más cerca de su costa que la del solicitante”, ha comentado Valencia-Ospina en su exposición.

El equipo cuenta también con dos coagentes: Carolina Olarte, embajadora en Países Bajos, y Elizabeth Taylor, exembajadora en Kenia. El canciller ha recordado que Taylor es miembro del pueblo raizal del archipiélago, afectado por las disputas limítrofes con Nicaragua. Es la primera vez que un integrante de esta comunidad forma parte del equipo negociador.

Leyva ha comentado que la causa colombiana involucra a toda la región y al mundo por los precedentes que pueda establecer. Ha comentado que el equipo espera sumar el apoyo de “todo el Caribe”, preocupado por la explotación de recursos naturales que puede darse en la zona en litigio. Para el país andino, el caso es parte de la política de “paz total”.

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